Guinle requirió se informe sobre la denuncia realizada por el SOMU en marzo de este año
Guinle requirió se informe sobre la denuncia realizada por el SOMU en marzo de este año En línea con el pedido de derogación o modificación de la Resolución 514/09 -que acotó los alcances de la ley que prohíbe la pesca ilegal en aguas de las Islas Malvinas-, el senador Marcelo Guinle requirió a la Cancillería Argentina y al Consejo Federal Pesquero (CFP) informes sobre eventuales incumplimientos a la Ley Federal de Pesca en dicha materia y acciones diplomáticas realizadas para evitar eventuales descargas en puertos de países miembros de la UNASUR de barcos que pesquen en forma ilegal en las Islas.
El pedido del senador chubutense a ambos organismos apunta a conocer el grado de control y cumplimiento efectivo de lo previsto por el artículo 27 bis de la Ley 24.922, en lo referido al requisito para la obtención de permisos en el país, de no tener ningún tipo de relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios o armadores, de buques pesqueros que operen dentro de las aguas argentinas sin el correspondiente permiso de pesca emitido por nuestro país.
En la requisitoria a Cancillería, Guinle indaga sobre la denuncia efectuada en marzo por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sobre incumplimientos en dicha materia, en especial de barcos que con “paso inocente” descargan en el puerto de la vecina República del Uruguay; al tiempo que requiere información sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de lo resuelto en la Reunión de la UNASUR del 26 de noviembre de 2010, impidiendo que “los buques que lleven bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en cualquier puerto del continente”.
El término “paso inocente” refiere a embarcaciones que circulan por aguas territoriales sin perjudicar la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño, respetando el derecho internacional y de las leyes y reglamentos sancionados por el Estado ribereño. “Evidentemente, de acuerdo a lo denunciado por el SOMU, esto no se estaría cumpliendo en lo absoluto”, remarcó Guinle.
Al Consejo Federal
En tanto, al CFP, el legislador le solicita que informe sobre lo actuado en relación a la pesca ilegal en aguas circundantes a las Islas Malvinas, indagando asimismo sobre los grupos empresarios señalados por la denuncia oportunamente efectuada por el SOMU, y eventuales castigos aplicados, identificando, del mismo modo, a las empresas involucradas.
“La cuestión de la pesca ilegal y la eventual participación de grupos económicos con intereses ‘a ambos lados de la mesa’ no sólo reviste una estratégica importancia sino extrema urgencia, pues dado el interés público que presenta el recurso pesquero, el Estado tiene una responsabilidad indelegable en materia de fiscalización y control de la actividad”, señaló Guinle en la fundamentación del reclamo, que se suma al efectuado en conjunto con el diputado Juan Mario Pais a fin de hacer plenamente operativas las restricciones incorporadas en 2008 a la Ley Federal de Pesca.
05/11/11
DIARIO DE MADRYN