La ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y los integrantes del Comité de Intervención de Alpesca, Héctor Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda irán a juicio oral y público por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los barcos de Alpesca.
La ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, y los integrantes del Comité de Intervención de Alpesca, Héctor Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda irán a juicio oral y público por presunta “administración fraudulenta” en la preservación de los barcos de Alpesca.
La resolución fue notificada ayer el mediodía por el juez penal Marcelo Orlando, quien resolvió “no hacer lugar al sobreseimiento incoado por la defensa en relación a la acusación fiscal” y “dictar apertura del juicio oral con intervención de Tribunal Unipersonal”. “En cuanto a la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal, éste Imputa a Gabriela Marisa Dufour, Héctor Omar Albornoz, Santiago Novoa y Valentín Laborda, el delito de Administración Fraudulenta, en los términos previstos y reprimidos por los artículos 173 inc. 7° y 45 del Código Penal”.
Fabián Gabalachis, el defensor de los acusados, había dicho que sus patrocinados fueron “inoperantes” pero que “no hubo delito”, aunque la postura fue rechazada por el juez.
Los fiscales afirman que la destrucción de los barcos se podría haber evitado. “Estaban encargados de la preservación de los bienes de Alpesca, sabían que el hecho podía suceder, tenían los fondos asignados y aun así no hicieron nada”, sostuvo el funcionario Alex Williams en la audiencia preliminar efectuada la semana pasada. “Pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación”, indicaron desde Fiscalía.
Rechazaron el sobreseimiento
Los fiscales sostienen que el Comité de Administración estaba notificado que las embarcaciones de Alpesca estaban a merced de las inclemencias del tiempo desde un mes antes del temporal que ocurrió el 7 de abril de año pasado y provocó que los buques se soltaran del muelle y quedaran varados en la playa hasta la fecha.
“Los imputados estaban designados como cuidadores de los bienes y por su conducta se produjeron daños a la flota de Alpesca. Estaban en cabal conocimiento de los riesgos que corrían los buques y, pudiendo hacerlo, no tomaron conductas para evitar esta situación. Los buques terminaran tirados en la playa y a la fecha no se encuentran en condiciones de navegabilidad” afirmaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El juez Marcelo Orlando dispuso un cuarto intermedio y el lunes pasadas las 12 horas notificó la elevación del caso a juicio oral y públicos. “No hacer lugar al sobreseimiento incoado por la defensa en relación a la acusación fiscal” y “dictar apertura del juicio oral con intervención de Tribunal Unipersonal”, indica la resolución. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar fecha y el juez interviniente en el debate.
“Dolosamente”
Los fiscales acusan a los funcionarios de ser responsables, “en calidad de administradores de los bienes de la empresa, de no haber implementado, dolosamente, las medidas mínimas de seguridad correspondiente para evitar que los barcos soltaran sus amarras en el muelle Almirante Storni y sufrieran averías producto de golpes”.
En marzo de 2014 fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento: carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, el 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa, sostuvieron desde el Ministerio Público en su escrito para elevar el caso a juicio.
Pérdidas millonarias
“Un informe pericial señala que las pérdidas económicas ocasionadas por los daños de los cinco barcos asciende a más cinco millones de dólares, más 800 mil pesos que le costó a la Administración Portuaria preservar los barcos y reparar el muelle”, indicó el funcionario de Fiscalía, Alex Williams, durante la audiencia. Según el decreto de ocupación, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”. (Diario de Madryn)
26/08/15