Los ministros de Pesca de la UE negociarán el próximo viernes una normativa propuesta por Bruselas, que obligará a los pescadores a cambiar sus redes y que España rechaza, porque considera que el sector necesita más tiempo antes de asumir su alto coste económico.
Los ministros de Pesca de la UE negociarán el próximo viernes una normativa propuesta por Bruselas, que obligará a los pescadores a cambiar sus redes y que España rechaza, porque considera que el sector necesita más tiempo antes de asumir su alto coste económico.
El Consejo de Agricultura y Pesca comunitario tratará de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de la Comisión Europea (CE) con modificaciones para aumentar la amplitud de las mallas pesqueras e incrementar las tallas mínimas del pescado.
El objetivo de la propuesta es reducir los "descartes", es decir las capturas no deseadas de peces que caen en las redes y después son arrojados al mar.
Sin embargo, el proyecto presentado por Bruselas y que han criticado muchos países supondrá que el pescador tenga que dejar de utilizar sus redes actuales y cambiarlas por otras, con el consiguiente gasto.
España defenderá que la CE "flexibilice" su propuesta porque considera que sale cara al sector, que necesita un período de transición antes de acometer esos gastos y unas condiciones más flexibles "o de lo contrario pasaría a la ilegalidad", según informaron hoy fuentes diplomáticas.
La parte de la propuesta que afecta a España se refiere tanto a los requisitos en caladeros como los ibéricos (mar Cantábrico, costas de Galicia y Golfo de Cádiz), como los que afectan a los de altura (aguas no españolas del Golfo de Vizcaya y Gran Sol).
En cuanto a las redes, España tiene problemas para aceptar las exigencias en las artes de arrastre y en las de enmalle fijo (como las volantas), ya que se habla de modificaciones de 50 ó 60 milímetros en algunos casos.
Asimismo, el Gobierno español critica algunas de las propuestas relacionadas con los requisitos de tallas mínimas para desembarcos, como por ejemplo la que Bruselas pretende imponer en la anchoa o boquerón del Golfo de Cádiz, que subiría de los 10 centímetros actuales a los 12 centímetros.
El proyecto también incluye exigencias sobre los porcentajes de otras especies adicionales que puede capturar un pescador dedicado a un recurso específico, como por ejemplo la merluza.
La propuesta está muy abierta, porque muchos países están en contra, al igual que el sector pesquero y no está claro que el Consejo de la UE llegue a un acuerdo el próximo viernes.
Para España sería necesario un plazo de varios años antes de que se hicieran realidad los cambios, ya que en estos momentos de crisis los pescadores deben adaptarse a otras normativas de la UE como el "carné por puntos" ó el diario electrónico, según las fuentes diplomáticas.
Suecia, que ejerce la presidencia de turno de la UE, pretende llegar a un acuerdo en el Consejo, si bien hoy ha admitido que será "difícil", según fuentes diplomáticas suecas, quienes han señalado que otro problema es la falta de "margen de maniobra" de la Comisión.
En este sentido, la presidencia ha dicho que en estos momentos la CE está en funciones, por lo que Bruselas no tiene poder para proponer modificaciones grandes con el objetivo de lograr un compromiso.
Sin embargo, otras fuentes comunitarias han señalado que Suecia tiene interés en lograr una decisión y está utilizando para "presionar" a los países el argumento de que a partir de diciembre el Parlamento Europeo tendrá poder de decisión en pesca, con lo que la aprobación de la normativa se atrasaría.
Otros estados como Francia han señalado que para ellos es una prioridad conseguir esa demora.
19/11/09
FINANZAS