La Corte Suprema de Panamá determinó el jueves por la noche que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, uno de los mayores conglomerados de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá era inconstitucional, un fallo que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial.
La decisión judicial se produjo tras una auditoría realizada por la contralora de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.
El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, ha hecho de bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá una de sus prioridades en el hemisferio. Panamá fue el primer país que visitó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras asumir como jefe de la diplomacia de Washington.
A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, Rubio indicó que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional.
“Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido (…) China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar”, llegó a decir el magnate republicano durante su toma de posesión hace un año.
Washington y Pekín son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que pese a la importancia e impacto de la anulación de los contratos, los puertos del país seguirán operando sin interrupciones.
Indicó además que APM Terminals Panamá, filial de la empresa danesa de logística Maersk, se mostró dispuesta a asumir temporalmente la operación de las terminales y aseguró que no habrá despidos.
La subsidiaria de CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), dijo que aún no ha sido notificada sobre la decisión, pero insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.
En un comunicado, indicó que el fallo “carece de base legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”.
La compañía apuntó que se reserva todos los derechos para emprender acciones legales en Panamá o en otros lugares, pero no ofreció más detalles.
El gobierno de Hong Kong rechazó rotundamente el fallo y señaló en un comunicado que se opone frontalmente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o irrazonables para perjudicar seriamente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Además, apuntó que el ejecutivo panameño debería respetar el espíritu de los contratos y proporcionar un entorno empresarial justo.
“Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí”, señaló la nota.
(LA NACION) #NUESTROMAR
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