Deberá presentarse antes del 1° de marzo.
Deberá presentarse antes del 1° de marzo.
l juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó a los estados nacional, bonaerense y porteño que en el término de cuatro meses presenten un proyecto de forestación y parquización de un sector de las márgenes del Riachuelo.
Fuentes judiciales informaron que Armella estableció como plazo el 1° de marzo próximo para que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y los municipios involucrados -Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora- presenten en forma coordinada un proyecto “integrador” para la forestación y parquización del llamado camino de sirga.
“El planeamiento estratégico no sólo debe considerar las cuestiones territoriales, sino que debe explorar la dinámica de los procesos a partir del acabado análisis de las áreas por parquizar y forestar, a través de criterios unificados de investigación”, expuso el magistrado en su resolución.
Armella aclaró que las acciones “deberán ser proyectadas con el grado de perdurabilidad que la situación socioambiental requiere, y cuyo objetivo no debe ser otro que el respeto por la calidad y dignidad humana de quienes la habitan, procurando la diversidad y perdurabilidad ecológica de la cuenca”.
“No parece ajustado a las exigencias de la Corte -puntualizó el juez- que las áreas donde deban realizarse las obras de parquizado y forestación sean cubiertas con una cortina de álamos sucesivos, que sólo impiden la adecuada visión del río y que atenta con la proyección de convertir la ribera del Riachuelo en un verdadero lugar de paseo, con alto valor paisajístico”, añadió el juez.
Además, pidió a la Acumar que asuma “el compromiso ineludible para que sean plantados tres árboles de la misma calidad o mejor, por cada árbol que sea extirpado de la cuenca”.
En tanto, una marcha hacia la Acumar fue protagonizada ayer por agrupaciones sociales, que solicitaron el levantamiento de una clausura impuesta a una cooperativa de trabajadores curtidores situada en las márgenes del Riachuelo.
La protesta fue convocada por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR) y la organización La Alameda, entre otras. Las ONG sociales piden que la Acumar levante la clausura impuesta a la Cooperativa de Trabajo Curtidores Unidos, una medida que consideraron “totalmente ilegal, arbitraria y anticonstitucional”.
15/11/11
LA NACION