Ministerio de Transporte prorroga hasta 2024 las concesiones del Puerto Buenos Aires

Estos contratos finalizaban entre febrero y noviembre de 2019, y el Ministerio resolvió extender y unificar su conclusión en el 15 de mayo de 2020. El Ministerio de Transporte prorrogó hasta el 31 de mayo de 2024 los contratos de concesión de las terminales 1, 2, 3 y 4 del Puerto Nuevo Buenos Aires, a través de la resolución 346/2021 publicada en el Boletín Oficial.

Con una polémica resolución, la cartera de Transporte decidió extender hasta 2024 dos contratos en la terminal porteña que estaban frenadas por la Justicia. La disputa planteada entre las concesionarias del puerto de la ciudad de Buenos Aires y el ministerio de Transporte comandado por el massista Alexis Guerrera sigue subiendo de tono con acciones que van perfilando un sendero cada vez más sinuoso y conflictivo.

En 2018 se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión de Obra Pública para la construcción, conservación y explotación de la Terminal Portuaria de Puerto Nuevo Buenos Aires, y se facultó a Transporte a prorrogar los contratos de concesión otorgados en 1993.

Por otra parte, en 2019 se aprobó el pliego general de la licitación de la nueva concesión, pero al año siguiente y con el nuevo gobierno, se dispuso suspender la apertura de ofertas prevista para el 20 de marzo de 2020, e instruir a la Administración General de Puertos (AGP) para que efectúe un análisis y evaluación exhaustiva de la situación actual y futura del Puerto Buenos Aires.

También para que la AGP proceda a la elaboración de nuevas bases licitatorias que “contengan un sano equilibrio entre el negocio que se pretende concesionar y la conservación de las fuentes de trabajo sobre las cuales incide la Jurisdicción Portuaria Nacional”. En este marco, se volvió a prorrogar la vigencia de los contratos de concesión de las terminales 1, 2, 3 y 4 hasta el 31 de mayo de 2022.

La resolución actual destacó que “esta gestión de Gobierno tiene como objetivo prioritario un Plan Nacional del Transporte que incluye incrementar la competitividad en puertos para reducir costos logísticos y conectar a las regiones productivas del país, fortalecer el rol de autoridad nacional en materia portuaria, avanzar con inversiones en infraestructura portuaria, y colaborar en el proceso de reconfiguración del Puerto Buenos Aires”.

Por su parte, la AGP subrayó que hubo “una reciente y significativa ampliación de su objeto social producto del otorgamiento de la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y control hidrológico de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay – Paraná) comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior”.

En ese sentido, indicó que esto implicó “la necesidad de reorganizar los recursos humanos disponibles y la actividad general de la entidad para garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal y los intereses públicos estratégicos involucrados”.

En consecuencia, “en estos términos y en atención a la calidad de prestación de los concesionarios involucrados, la AGP propicia prorrogar los contratos de concesión de las terminales 1, 2, 3 y 4 de Puerto Nuevo Buenos Aires hasta el 31 de mayo de 2024 al efecto de posibilitar la terminación de la confección de la documentación licitatoria, la sustanciación del procedimiento administrativo selectivo de ofertas correspondiente, y la realización de las tareas propias de inventario y transición con quienes resulten adjudicatarios”.

Idas y vueltas…

Con fecha 28 de septiembre, el ministro de Transporte firmó la resolución 345 por la cual prorrogó por anticipado las concesiones de TRP y APM que vencen en mayo del próximo año hasta el 31 de mayo de 2024. Curiosamente y pese a ser un tema de transcendencia para el ámbito económico y político, Guerrera dispuso que esa resolución no se dé a conocer en el Boletín Oficial y que solo se comunique a las empresas.

Al día siguiente, el miércoles 29 de septiembre, e inmediatamente después de que se conociera el fallo del juez federal contencioso administrativo Enrique Alonso Regueira, Guerrera le puso el gancho a la resolución 346 que contiene tres medidas salientes: deroga la resolución 345 que había aprobado 24 horas antes, ratifica la prórroga adelantada hasta 2024 de las dos concesionarias y ordena —esta vez sí— que se haga pública en el Boletín Oficial antes de pasar al archivo.

Tal como había informado Letra P, la pelea legal por el negocio portuario capitalino está planteada entre las empresas privadas Bactssa (la concesionaria de la terminal 5 controlada por el holding asiático Hutchinson Ports); TRP (la operadora de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el holding estatal Dubai Ports World, asociado con el grupo local Román) y APM (la adjudicataria de la terminal 4 del grupo danés Maersk). En tanto, del lado oficial, los protagonistas centrales son el organismo portuario piloteado por el santacruceño José Beni, y el ministerio de Transporte.

A principios de mayo y dando por hecho que a mediados de ese mes iba a expirar el contrato de Bactssa, la AGP tomó la decisión de concederles a TRP y APM una nueva prórroga de sus concesiones hasta 2024. Fue a modo de compensación por el personal y los servicios de Bactssa que, supuestamente, iban a ser absorbidos por las dos concesionarias.

El panorama previsto por la AGP se trastocó por completo cuando a pocas horas de que venza su concesión, que no había sido prorrogada por las autoridades, la directiva de Bactssa obtuvo un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le permitió seguir en actividad por un plazo inicial de seis meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo vinculada con su pedido de extensión contractual para quedar en igualdad de condiciones con las otras dos concesionarias del puerto.

Tras los nuevos planteos y elementos de prueba que presentó en la causa el equipo letrado de Bactssa, la semana pasada el juez Alonso Regueira resolvió suspender las dos prórrogas contractuales que había otorgado la AGP y determinó que cualquier medida tendiente a extender las concesiones tiene que abarcar a las tres operadoras por igual y bajo las mismas condiciones.

Sin tener en cuenta ese fallo, Guerrera decidió replicar la doble prórroga a TRP y APM con el argumento de que aún necesita más tiempo para poder concluir con la documentación necesaria para llamar a una nueva licitación, seleccionar las ofertas, realizar los inventarios y adjudicar las terminales a las futuras operadoras.

La controvertida resolución 346 aún no fue publicada en el Boletín Oficial. Pero desde el jueves pasado, tanto TRP, como APM salieron a comunicarles a las navieras y empresas de comercio exterior que ya tenían sus concesiones extendidas y que iban a seguir prestando operando en el puerto hasta mediados de 2024.

La que puso el grito en el cielo fue Bactssa, la operadora de la terminal 5 que tiene a su favor el paraguas de una cautelar para continuar operando, en principio, hasta el 30 de marzo del próximo año.

Por medio de una nota a la comunidad portuaria, la empresa comunicó que ya ha solicitado al ministerio de Transporte una “aclaración urgente, plena y suficiente de esta oscura situación planteada”. Tras resaltar que la polémica resolución 346 aún no fue publicada y no se encuentra vigente, Bactssa destacó que las concesiones de sus competidoras concluyen el 31 de mayo de 2022.

“La presunta resolución ministerial aludida por TRP y APM resulta antijurídica e ilegítima porque estaría violando la medida cautelar dictada el 29 de septiembre pasado. Y en caso de ser publicada, la cartera de Transporte estaría desconociendo abiertamente la decisión judicial al intentar replicar el mismo esquema viciado, arbitrario e ilegítimo que fue reprochado por el juez”, advirtió el comunicado de Bactssa que va camino a redoblar su ofensiva judicial contra las medidas tomadas por Beni y Guerrera. (ANTONIO ROSSI – LETRA P / I-PROFESIONAL) #NUESTROMAR

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