Con la universalización de la zona económica de 200 millas, que Chile creó y llevó al éxito, los problemas internacionales de la pesca se han desplazado hacia la alta mar, donde existe libertad de pesca.
Con la universalización de la zona económica de 200 millas, que Chile creó y llevó al éxito, los problemas internacionales de la pesca se han desplazado hacia la alta mar, donde existe libertad de pesca.
Su ejercicio en ese espacio está reglamentado mediante las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), que existen en la mayoría de los mares y océanos.
Hay, sin embargo, un gran vacío en el Pacífico Sur, que ahora se procurará subsanar, en la culminación de una negociación de 4 años entre más de 20 países interesados, mediante la adopción de un "acuerdo" o "convención" en una reunión que tendrá lugar en Auckland entre el 8 y el 14 de noviembre.
En la alta mar aledaña a la jurisdicción chilena se ha acentuado progresivamente una pesca no sujeta a normas de conservación y control, con especial referencia a las especies que se presentan dentro y fuera de las 200 millas o transzonales, tales como el jurel.
Chile es el principal pesquero de ese recurso en el Pacífico Sur, e internamente representa casi la mitad de la pesca tradicional chilena. En consecuencia, nuestro país ha procurado por años regular la situación de la alta mar, y negoció con sus socios de la Comisión Permanente del Pacífico Sur el Acuerdo de Galápagos, que fue firmado en 2000, pero que no pudo entrar en vigor porque Perú condicionó su ratificación final a ser satisfecho en sus aspiraciones sobre límite marítimo.
En 2006, y en conjunto, Chile inició la negociación de un gran acuerdo para el grueso de los recursos pesqueros del Pacífico Sur, comprendidas sus dos cuencas, con participación de los países ribereños, los pesqueros y algunos de los mayores países del mundo.
Dicha negociación se acerca a su culminación, y en Auckland se verá un proyecto de acuerdo o convención que ofrece perspectivas de consenso para crear una organización moderna y eficaz, capaz de asegurar la conservación y utilización sustentable de los recursos.
En conjunto con su consideración, deberán adoptarse medidas interinas de conservación, especialmente para el jurel, puesto que pueden transcurrir años hasta que las Organizaciones Regionales de Pesca puedan entrar en vigor, mientras el estado del recurso se sigue deteriorando.
La única medida verdaderamente eficaz es la congelación individual de las capturas, la que Chile postula firmemente. Habrá consultas en el tiempo intermedio, y en el seno del equipo chileno -dentro de una posición común- hay énfasis diversos y distintos intereses.
Chile tiene mucho en juego, principalmente en relación con el jurel. La flota pesquera de agua distante ha crecido enorme y progresivamente, el recurso ha ido alejándose de las 200 millas y, sometido como está a un esfuerzo intensivo, no está en su mayor abundancia ni mejor situación biológica.
Ha disminuido, como consecuencia de lo anterior, el porcentaje de participación chileno. Urgen, pues, acuerdos que protejan el recurso y a la vez defiendan lo hecho en ejercicio de una pesca sustentable.
Del jurel dependen muchos empleos, directos e indirectos, y un porcentaje no menor de nuestras exportaciones pesqueras. Deberemos lograr en Auckland un acuerdo idóneo y satisfactorio, además de medidas interinas suficientes para la protección del recurso.
En relación a este asunto, está la justa exigencia chilena, contenida en el decreto supremo 123, que condiciona el uso de los puertos para pesqueros distantes a que ellos cooperen con las medidas adoptadas por el país ribereño. Luego de la reunión de Auckland, y si sus resultados no fuesen suficientes para la protección del recurso, podría extenderse la aplicación de esa disposición a las naves de apoyo que actualmente abastecen a los pesqueros.
El carácter de país marítimo y pesquero que tiene Chile exige el mayor esfuerzo y prioridad para culminar con éxito esta importante y difícil negociación.
13/10/2009
EL MERCURIO-ON LINE