El antiquísimo contenido del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, que naufragó en costas portuguesas en 1804, fue rescatado por la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey Marine Explorations.
El antiquísimo contenido del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, que naufragó en costas portuguesas en 1804, fue rescatado por la empresa cazatesoros norteamericana Odyssey Marine Explorations.
Avaladas en 500 millones de dólares, las 595 mil monedas de oro y plata procedentes del Virreinato de Perú le serán devueltas a España, según lo determinó recientemente un juez de Tampa, Florida, que le dio la razón al otrora imperio conquistador aduciendo el principio jurídico de inmunidad soberana que cobija a las naves de guerra.
Sin importar que niños, mujeres y preciados objetos viajaban en la nave, España insiste en que no se trataba de un navío comercial. Y en cuanto a Perú, que con razón ha puesto el grito en el cielo para solicitar ser tenido en cuenta en la repartición del botín, nada pudieron las argucias de los abogados, inexpertos en el tema y lentos en su reacción. El tesoro entero, entonces, le será reintegrado al mismo que en un principio lo raptó. Y lo mismo podría ocurrir, si las autoridades no despiertan, con las 1.100 especies náufragas que se calcula habitan los mares colombianos, acechadas por las compañías cazatesoros que circulan el globo terráqueo y se dice tienen sus ojos muy bien puestos en el país.
El galeón San José, hundido por los ingleses hace tres siglos en inmediaciones de las Islas del Rosario y cuyo tesoro de esmeraldas, oro y plata alguna vez fue avaluado en el propio Congreso en 10 mil millones de dólares, ya antes fue objeto de una intensa disputa que la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de la multinacional Sea Search Armada, en 2007. Según el fallo, puesto que la empresa reveló las supuestas coordenadas del que ha sido catalogado como “el hundimiento más rico del hemisferio occidental”, tenía derecho a la mitad de la fortuna. La Dirección Marítima de la Armada no ha dado ningún permiso en ese sentido, luego por lo pronto no hay búsqueda del galeón San José de la que se sepa. Pero el peligro ronda.
Daniel de Narváez McAllister, historiador náutico colombiano, insiste en que Colombia “no ha hecho nada para proteger sus derechos”. Entre tanto, la jurisprudencia de los últimos tres casos fallados en Estados Unidos favorece a España, que siempre argumenta un interés puramente histórico, como si la historia, nuevamente, sólo se escribiera, produjera y cobrase sentido en ese otro lado del océano. No bastó con que se nos hiciera creer, y al resto del mundo por igual, que el descubrimiento de América era simplemente eso, un descubrimiento, toda vez que quienes habitaban en estas tierras, por no ser conocidos no existían. ¡Y todavía enseñamos la historia patria con la misma tara! Ahora se insiste, cuando nos acercamos a la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, en reclamar tesoros que siempre nos pertenecieron y nunca debieron ser cargados en esos barcos que hoy quieren recuperar.
Según cálculos aproximados de Rafael Aznar, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de España, en el mundo reposan entre 3.000 y 7.000 barcos españoles hundidos entre los siglos XVI y XIX. Lo que sea que escondan, bien puede ser parte de nuestro acervo cultural.
Bien hace, por tanto, el senador Jairo Clopatofsky, quien, tras las denuncias presentadas por El Espectador a lo largo de la semana, anunció que citará a debate de control político en la Comisión Segunda a los ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Cultura, Paula Moreno, para que le aclaren al país qué hará el Gobierno para impedir que los galeones, junto con sus riquezas, sean saqueados por empresas cazatesoros que disponen de datos y sofisticados equipos de navegación que les permitirían ubicarlos. En ese mismo sentido celebramos la decisión del juez 16 administrativo de Bogotá, Jaime Henry Ramírez Moreno, quien luego de la iniciativa de un grupo de expertos en Derecho Internacional que entablaron una acción popular, ratificó que los bienes culturales sumergidos en los océanos colombianos son un derecho colectivo, patrimonio de la nación.
10/06/09
EL ESPECTADOR