El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, reveló que cuenta con "el compromiso del gobierno argentino en su máximo nivel ejecutivo" para la compensación a los empresarios pesqueros con instalaciones en el Puerto Deseado por los daños causados durante las protestas gremiales de la semana pasada.
El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, reveló que cuenta con "el compromiso del gobierno argentino en su máximo nivel ejecutivo" para la compensación a los empresarios pesqueros con instalaciones en el Puerto Deseado por los daños causados durante las protestas gremiales de la semana pasada.
En declaraciones reproducidas por la agencia EFE, Pérez Touriño explicó que se ha acordado el establecimiento de vínculos para esa compensación de daños y agregó que, en este contexto, "hay disponibilidad" por parte de las autoridades argentinas.
Con esa compensación -para algunos empresarios debería ser de 80 millones de euros-, se intentará resarcir a las empresas que sufrieron los destrozos provocados por trabajadores del sector pesquero, entre las que se cuentan las españolas Arbumasa, Argenova (del grupo Pescanova), Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; más las argentinas Santa Elena y Carsa, y Pezpasa, de capital japonés y suizo.
La negociación en Santa Cruz por el conflicto pesquero sigue sin resolución tras casi un mes de huelga y, mientras las empresas volvieron a reclamar el restablecimiento del orden, el gobierno provincial endureció su posición sobre las compañías.
"Todo está en un compás de espera. Nos preocupa lo que ocurrió y pedimos que se restablezca el orden y la seguridad", dijo ayer a EFE el presidente de la Cámara Argentina de Armadores de Pesqueros Congeladores, Alfredo Pott.
El gobernador santacruceño, Daniel Peralta, está mediando entre las partes y mantuvo reuniones con las pesqueras y los delegados sindicales en Río Gallegos, sin que se lograran avances hasta ahora.
"Lo único que han hecho los empresarios del sector en el último tiempo fue ganar plata y ahora se acuerdan, cuando hay problemas, de responsabilizar a los trabajadores", dijo Peralta en su última aparición pública.
En las negociaciones también participa la Cámara Argentina Langostinera Patagónica.
El caso preocupó a las máximas autoridades españolas. En una nota publicada ayer por LA NACION, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó que la Moncloa había pedido a la administración de Néstor Kirchner "seguridad y tranquilidad" para las empresas pesqueras.
Las gestiones continuarán la semana próxima.
28/07/07
LA NACION