A través de un fallo, la Justicia Federal local ordenó al Estado Nacional la presentación de un plan de protección y conservación del recurso pesquero que sea "integral y sustentable", pero como la decisión fue apelada, la Corte tendrá que resolverlo.
A través de un fallo, la Justicia Federal local ordenó al Estado Nacional la presentación de un plan de protección y conservación del recurso pesquero que sea "integral y sustentable", pero como la decisión fue apelada, la Corte tendrá que resolverlo.
La Justicia Federal de Mar del Plata dispuso que el Estado Nacional, a través de su Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, presente "un plan sustentable e integral de conservación y protección del recurso pesquero que contemple metas y plazos para el cumplimiento de los objetivos fijados en esta materia".
Asimismo, estableció que el contralor de su cumplimiento sea fiscalizado por la Auditoría General de la Nación, organismo que presentó un informe sobre "irregularidades" cometidas en área pesquera. Entre éstas, en 2008, el organismo denunció "falencias en el control y falta de transparencia de parte de la Secretaría de Pesca de la Nación sobre buques que pescan merluza hubbsi- y calamar illex" y añadió que "se encuentran al límite de su explotación".
Esta decisión, que fue en respuesta a una acción de amparo interpuesta por la Cámara Pesquera Marplatense, estuvo a cargo del juez federal Alfredo López. Luego, fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, también con los votos del juez Alejandro Tazza y del conjuez Alberto Morteo, además del juez Jorge Ferro que expuso algunas disidencias. Pero al ser apelado el fallo, pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dé resolución final al tema, por lo que tal solución quedó postergada.
Según surge del fallo de la Cámara Federal, la decisión del juez López de que el Estado presente ante su juzgado el mentado plan, se complementa con una serie de otras disposiciones, tales como: "Para este cometido tendrá que convocarse la intervención del Consejo Federal Pesquero y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), con la finalidad, además, de concientizar sobre la necesidad de proteger los recursos marítimos".
Disponen controles estrictos
También plantea que "para la tarea de concientizar podrá contar con la colaboración, si así lo estima conveniente, la ONG Vida Silvestre y Cedepesca". Y que todo ello se realice "de conformidad con una normativa clara, coherente, precisa y ejerciendo los controles estrictos por parte de la correspondiente autoridad de aplicación, sean los inspectores, Prefectura Naval y hasta la Armada Argentina".
Por otra parte, establece que "se presenten las mejores opciones, tanto en materia de eficacia como de seguridad para las personas en cuanto a las artes de pesca selectivas".
Al analizar el tema, el juez Tazza expresó que "lo resuelto por el juez López, que ordena al Estado Nacional la presentación de un plan sustentable e integral de conservación y protección del recurso pesquero, se alinea con el temperamento de los complejos normativos (es decir hace referencia a las resoluciones que plantean el cuidado de estos recursos)".
Y sobre las pretensiones de la Cámara Pesquera en consonancia con lo decidido por el juez de primera instancia, agregó que "la entidad en cuestión demuestra su interés por la preservación de la especie merluza hubbsi, sobre cuya explotación podría dar lugar al colapso del caladero y, a consecuencia de ello, generar una crítica situación económica y social en el sector que explota tal recurso".
Para llegar a este fallo, el juez López convocó oportunamente a una serie de representantes de entidades y referentes de este rubro, además de autoridades gu-bernamentales, a fin de establecer un panorama multisectorial. Tal actitud fue objeto de críticas de la parte demandada. Pero ratificada por la Cámara Federal.
Sobre este llamamiento a los actores de este sector, quedó expreso que en la primera audiencia de mayo de 2008 faltaron los representantes de la Secretaría de Pesca y el intendente. Pero estuvo presente el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.
Este último funcionario, en un informe que se agregó a la causa, alude a "la sobre explotación de los recursos marítimos, al impacto ambiental que esto produce y a los riesgos de extinción de las especies". También, hace referencia "a los informes de permisos de pesca, sobre sus controles y a las verificaciones sobre el desajuste entre la normativa y el desempeño de los controles, con la reinscripción fraudulenta de buques y otras irregularidades".
Asimismo, a modo de ejemplo de la dimensión del descontrol que se observa en este sector, el informe de la Auditoría señala que "hay diferencias notorias entre las partes que se elaboran en los barcos y los que se comprobaban en descargues".
Y dice más adelante que "si hay diferencia entre lo que se pesca y lo que se registra, en realidad los cupos que se dicen, en realidad, no están cumplidos y hay sobrepesca, llegando en algunos casos a ser las diferencias del 300 por ciento".
Otro punto analizado que, al menos, revela "negligencia" en el manejo del tema, es el referido a los sumarios y multas. "En el caso de las multa -acota- entre 2002 y 2006 alcanzaban los 110 millones, de los que sólo se cobraron 6 millones, lo que revela la ineficiencia de este sistema de compensación".
20/05/10
LA CAPITAL