(NM) Quitan beneficio a Veteranos de Guerra de la ciudad de Buenos Aires.
(NM) Quitan beneficio a Veteranos de Guerra de la ciudad de Buenos Aires.
(NM) Las guerras son acontecimientos humanos que dejan secuelas indeseadas en quienes participan de ellas. La mayoría de los países del mundo, reconoce a sus combatientes en las contiendas internacionales, mediante el pago de algún tipo de pensión honorífica, cuando las hostilidades ya han pasado.
La Nación Argentina, mediante su Constitución, reformada en 1994, dice en su Artículo 21: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.”
Es por este mandato y no por otra razón, que sus ciudadanos, vistan o no regularmente el uniforme de una Fuerza Armada o de Seguridad, deben acudir al llamado del servicio de las armas, cuando las circunstancias así lo requieren.
En 1982, cuando estalló el conflicto por nuestras Islas Malvinas, muchos ciudadanos fueron convocados a prestar servicios para colaborar en la defensa de nuestro patrimonio. Unos ya ejercían la profesión de las armas, otros estaban bajo bandera en virtud de la centenaria ley del Servicio Militar, otros simplemente fueron convocados a prestar servicios por sus aptitudes, su posición o por sus habilidades.
Desde que se reinstauró la democracia en 1983, el Estado reconoció de distintas maneras a quienes prestaron este servicio a la Patria, mediante beneficios de diversa índole, algunos monetarios y otros sociales, médicos, educativos, etc.
Sin embargo, la instrumentación de estos beneficios – otorgados con toda justicia a estos ciudadanos que ahora llamamos Veteranos de Guerra de Malvinas – estuvo impregnada desde sus mismos inicios de un perfil ideológico y discriminatorio, que resulta difícil de explicar.
En efecto, durante años y en distintas jurisdicciones, nacional o provincial, se excluyó a los militares retirados de estos beneficios, demostrando un espíritu cargado de prejuicios y con claras connotaciones discriminatorias, que sólo se explican por las presiones ejercidas por grupos que se consideran a sí mismos “dueños” del legado de esta guerra, y que han conseguido presionar a distintos poderes para lograr estas aberraciones jurídicas que todavía persisten.
Esta discriminación consiste en considerar a los profesionales de las armas (integrantes de las FFAA y de FFSS) como no habilitados para acceder a estos beneficios.
Pero el dislate llega aún más allá
Conscientes del error en que habían incurrido, casi la totalidad de las legislaturas del país, accedieron a otorgar los beneficios a todos los militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad, que se hubieran retirado “sin haber”. Curiosa forma de separar a quienes lucharon en una misma causa nacional y que comparten el título bien logrado de “Veterano de la Guerra de las Islas Malvinas” y que por le Ley han sido declarados Héroes Nacionales: el cobro de un magro retiro militar.
Olvidan estos grupos, y los poderes legislativos sobre los cuales presionan con inexplicable vehemencia, el artículo 21 de nuestra Constitución Nacional, además del anterior 16, que ratifica que “Todos los habitantes son iguales ante la ley”.
Conciente de estos argumentos y en un acto digno de reconocimiento, el Gobierno Nacional rectificó su postura y en 2005 extendió el beneficio de la Pensión Honorífica de Malvinas a TODOS los Veteranos de Guerra, independientemente de cual fuera su posición provisional o su estado militar o policial, con la sola excepción de quienes estuvieran incursos en delitos de lesa humanidad o con causas judiciales o sentencias derivadas de su actuación en esa guerra internacional.
Siguieron su ejemplo la mayoría de las jurisdicciones provinciales, a excepción de la primera provincia argentina, que mantiene su actitud discriminatoria a ultranza, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero en la Ciudad Autónoma, los legisladores dieron todavía un paso más adelante en la discriminación: Resolvieron no solamente continuar con esta actitud hacia los uniformados, sino que decidieron eliminarlos de una exención al pago del tributo inmobiliario (ABL) que ya llevaba 20 años de aplicación y cuya renovación obraba el próximo 31 de diciembre.
En efecto, en la Ley Fiscal votada el pasado 5 de diciembre en el punto 67 incorpora como artículo nuevo, a continuación del 241, y como 241 bis, la mencionada exclusión, salvando a quienes ya están eximidos del pago del tributo por la Ordenanza N° 37.874 y sus modificatorias.
La actitud de la Legislatura porteña no tiene explicación alguna. Tanto en quitar este beneficio a los Veteranos, como al no querer incluirlos en el pago de la Pensión Honorífica de la jurisdicción.
Esperemos que el flamante Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ejerza su poder de veto y rectifique esta decisión de la Legislatura y, que haciendo honor a su pedido de confianza a la familia militar antes de las elecciones que lo consagraron en el cargo, encare la solución del pago de la Pensión a los militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad que todavía se encuentran inexplicablemente excluidos de ese beneficio.
10/12/07
NUESTROMAR