Por contrato, las represas deben controlar y denunciar los daños ambientales.
Por contrato, las represas deben controlar y denunciar los daños ambientales.
Lejos del interminable conflicto entre Argentina y Uruguay por la pastera Botnia en Fray Bentos, y más aún de la falta de datos y planes integrales del gobierno argentino para detectar y reducir la contaminación en el río Uruguay, Brasil comenzó a planificar y desplegar una serie de medidas concretas para mantener la salud ambiental de ese mismo río en su cuenca alta.
Clarín recorrió 200 kilómetros del Alto Uruguay hasta el punto mismo de su nacimiento, en la confluencia de los ríos Pelotas y Canoas. Nada se parece aquí al paisaje abierto que el manso río ofrece a la altura de Entre Ríos: con apenas cien metros de ancho, el Uruguay corre rápido por un cañón de árboles abigarrados hasta el borde mismo del agua.
Tampoco se parece a la nuestra la gestión ambiental del río. Para empezar, Brasil tiene un poderoso ministerio de Medio Ambiente, una Agencia Nacional del Agua que controla los ríos federales como el Uruguay -límite entre los estados (provincias) de Rio Grande do Sul y Santa Catarina- y un cuerpo de policía ambiental en cada uno de estos estados.
En 2007, además, el gobierno de Lula Da Silva hizo un diagnóstico ambiental de todas las cuencas hidrográficas del país. Según sus resultados, los tres grandes factores contaminantes en el río Uruguay son los excrementos de la desordenada cría de cerdos en la zona, los desechos cloacales que decenas de ciudades vuelcan en el río o sus afluentes, y la inundación de miles de hectáreas por la reciente construcción de las represas de Itá y Machadinho.
Elinton Chiaradía, gerente de Tractebel Energía, la empresa que opera esas usinas, va al grano: "hace años, Brasil decidió que basaría su matriz energética en las usinas hidroeléctricas, porque su impacto ambiental es menor que el de otras tecnologías. Pero lo tiene. Nosotros tenemos la obligación de reforestar las costas, sembrar más peces de los que había y controlar que nadie se instale a la vera del río. En la empinada franja costera hay poca agricultura; el principal problema es la cría de cerdos y pollos, porque los pequeños productores tiran sus desechos al río."
Sérgio Luiz de Souza, analista de Medio Ambiente de Tractebel, es el responsable del Plan Ambiental de la empresa, que incluye un programa informático en el que se pueden superponer varios mapas de la zona con los usos actuales de los suelos y de las aguas. Así se pueden identificar las áreas críticas y trabajar sobre los diferentes problemas. "Yo quiero que este plan sea el modelo para toda la cuenca, hasta el Río de la Plata", dice. "Si en todos lados crece el cuidado, se haría más fácil nuestro trabajo de control y mantenimiento".
La vigilancia y eventual denuncia de irregularidades (presencia de residuos en el agua o la costa, deforestación, nuevas construcciones no habilitadas, cría de cerdos sin tratamiento para sus residuos) implica un costo que el consorcio hidroeléctrico debe afrontar por contrato.
¿Cómo realiza este trabajo? Fácil. Primero divide en zonas el área a controlar. Julia, una amable gaúcha, recorre diariamente estas zonas del río sobre una lancha, cargada con un GPS y una cámara fotográfica: cuando descubre algún problema ubica el sitio exacto, toma una foto, completa un formulario y notifica a la Policía Ambiental local. "Ellos tienen poco personal, pero nosotros les mandamos todo listo para que actúen", explica Julia.
Junto al río Uruguay, 4.000 establecimientos crían 1,6 millón de cerdos y venden su carne a Sadía, el gigante de los fiambres que opera en la zona. Colorado por el sol, macizo como un gladiador, Mauro Sampieron es uno de esos productores. "Ahora no me va bien", suspira. Pero engulle un trago de cerveza y se recompone: unos inversores japoneses le ofrecieron financiarle una planta de procesamiento para los residuos de sus cerdos si él les cede los derechos de los créditos de carbono que esa mejora ambiental generará. El sistema de créditos de carbono se creó para alentar la caída de gases del efecto invernadero, permitiendo a los países más contaminantes mejorar el promedio mundial si pagan mejoras en otras latitudes.
Hay más medidas. Un consorcio intermunicipal, el gobierno de Santa Catarina y unos 30 productores de cerdos firmaron un acuerdo piloto: los criadores se comprometieron a adecuar sus prácticas productivas en un plazo de tres años, las agroindustrias prometieron no comprar animales a los productores "sucios", y los municipios garantizaron obras de infraestructura.
Quien incumpla las normas recibirá una multa diaria de 5.000 reales. Brasil: a veces tan cerca, otras tan lejos.
Por Claudio Savoia
Fuente: SANTA CATARINA. ENVIADO ESPECIAL
09/03/09
CLARÍN