Las negociaciones entre marinos de Puerto Deseado que se encuentran en conflicto desde hace 28 días y empresas del sector fracasaron ayer cuando los trabajadores rechazaran una oferta de aumento de 200 pesos, que consideraron una "burla". Y las empresas expresaron su "temor" de que se produzcan nuevos incidentes. En este contexto, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria.
Las negociaciones entre marinos de Puerto Deseado que se encuentran en conflicto desde hace 28 días y empresas del sector fracasaron ayer cuando los trabajadores rechazaran una oferta de aumento de 200 pesos, que consideraron una "burla". Y las empresas expresaron su "temor" de que se produzcan nuevos incidentes. En este contexto, el Ministerio de Trabajo decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria.
El gobernador santacruceño, Daniel Peralta, que ofició de intermediario en el conflicto, viajó ayer a Buenos Aires y se mantuvo a la expectativa tanto de la resolución de la asamblea de los trabajadores como de la posición de la cartera laboral, que finalmente anoche dictó la conciliación obligatoria en el conflicto.
Los pesqueros permanecieron hasta ayer en Río Gallegos a la espera de soluciones y decidieron regresar a Puerto Deseado. "Hasta acá llegamos porque esto es una burla. Los empresarios se ríen de nosotros", dijo el dirigente Daniel Medina. En Buenos Aires, directivos de las cámaras pesqueras habían desestimado la posibilidad de elevar más los salarios de los marineros, argumentando que se hallan "entre los mejores pagos del país".
También reclamaron la intervención oficial por los incidentes del 20 de julio, cuando los trabajadores quemaron oficinas de varias empresas de Puerto Deseado. Alfredo Pott, director de la cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores (CAPECA), dijo que "por los hechos vandálicos que ocurrieron, hace un mes que la ciudad está paralizada".
En un comunicado, la UIA manifestó su "preocupación por los hechos vandálicos de los que fueron objeto empresas ubicadas en el sur del país". Los calificó como una "clara transgresión a los procedimientos oficialmente en vigencia para la resolución de conflictos en forma pacífica".
02/08/07
CLARIN