La firma de Gabriel Romero, empresario arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas, se presentó a la compulsa para quedarse con el dragado; también participa en la contienda por el balizamiento, trabajo que realizó durante 26 años
El negocio es millonario y, como tal, quienes quieren obtenerlo dan pelea hasta el último aliento. Se trata del trabajo de dragado de la Hidrovía, con un presupuesto oficial de US$80.280.000 más IVA por 180 días prorrogables.
A la postergada licitación definitiva por el dragado y balizamiento de la Hidrovía (el contrato venció el 30 de abril de 2021), que será por 10 años como mínimo, se sumaron dos licitaciones cortas, hasta que se realicen los pliegos y se revisen las propuestas para el contrato definitivo.
El balizamiento, con un presupuesto de US$15 millones, también por 180 días prorrogables, todavía no fue adjudicado, aunque Emepa corre con ventaja por haber presentado la oferta económica más baja, de alrededor de US$13 millones. Lejos de “desensillar hasta que aclare”, la firma del empresario arrepentido ahora también va por el negocio de dragado. En los inicios de la actual gestión, fuentes oficiales descartaban por completo que Emepa pudiera participar en el futuro negocio de la Hidrovía. “Son capitales argentinos”, dicen a LA NACION desde el Gobierno, y agregan que la Justicia no se expidió sobre el tema de los sobornos.
Jan de Nul y Emepa conformaron el consorcio Hidrovía S.A., durante 26 años: el primero estaba a cargo del dragado y el segundo, del balizamiento. Pero, según fuentes de Jan de Nul, hubo un distanciamiento después de que Gabriel Romero, presidente de Emepa, confesara en 2018 en el marco de la causa de los cuadernos, el pago de US$600.000 en sobornos para la renovación por 10 años del contrato de Hidrovía S.A.
Ahora, para quedarse con la licitación corta de dragado hubo cuatro postulantes, entre ellos Emepa. Tres fueron descalificados por la Administración General de Puertos (AGP), a cargo de la Hidrovía, hasta que se ponga en marcha la licitación larga. Después de la apertura del primer sobre, con la propuesta técnica, solo quedó seleccionada la compañía belga Jan de Nul. El resto de las ofertas fueron denominadas “inadmisibles”.
En principio, Jan de Nul seguiría dragando la Hidrovía, pero antes de que se abra el único sobre con la propuesta económica, hubo protestas y algo más: un pago de US$800.000 por parte de Emepa, a modo de tasa administrativa, para que la AGP revise su propio dictamen.
En la contienda por posicionarse en la “pole position”, es decir, por ya estar dragando la Hidrovía cuando haya que definir quién se quedará con el trabajo en la nueva etapa larga, hubo cuatro propuestas:
En un documento llamado “Dictamen de precalificación”, del 11 de febrero de este año, la AGP dio múltiples razones por las cuales no calificaron tres de los cuatro postulantes.
El sobre dos todavía no se abrió porque en la AGP está en plazo para contestar cuestionamientos. Desde la UTE conformada por Rohde Nielsen y Emepa se pagaron US$800.000 de la llamada la “tasa legal” para impugnar el dictamen. Se trata del 1% del monto de la licitación.
Por otro lado, en respuesta a la decisión de la AGP, la UTE conformada por la belga Dredging International, la compañía china CCCC Shanghai Dredging CO y la argentina Servimagnus sacó una solicitada con las razones de su disconformidad con el resultado. Sin embargo, esta unión transitoria no pagó la tasa para que la AGP revise su cuestionamiento. ¿Por qué? Desde las empresas que conforman esta UTE afirman a este medio que “no corresponde el depósito de la garantía para impugnar en esta etapa” y agregaron: “El pliego es muy claro y dice que el depósito de garantía corresponde cuando se impugna un dictamen de preadjudicación. Eso se impugna con un depósito de garantía que es el 1% de la oferta. En cambio, en esta etapa, la AGP solo emitió el dictamen de precalificación, que es otro documento, una etapa anterior”.
Además, hubo otro roce con la AGP cuando no invalidó la propuesta de Jan de Nul en el primer sobre, que hacía referencia a la propuesta económica, que debía estar en el sobre 2. Consultadas fuentes de AGP, respondieron que no había motivo para descalificar por esta razón. Y agregaron que “las empresas que no pasaron el examen técnico saben que faltó documentación y que algunos certificados estaban mal, entre otras cosas”.
Mientras, y a la espera de saber quién se quedará con el dragado durante los meses que siguen, continúa la pelea en una suerte de todos contra todos. Para los contendientes es una batalla clave para luego, y por muchos años, ser protagonistas de uno de los negocios más importantes de la Argentina: el mantenimiento de la Hidrovía, la columna vertebral del comercio internacional del país. (PAULA URIEN – LA NACION) #NUESTROMAR
.