La jueza federal Eva Parcio se aprestaba al cierre de esta edición a firmar la resolución por la que procesaría a un grupo no menor a seis personas vinculadas al caso del derrame de petróleo en Caleta Córdova, ocurrido el 26 de diciembre último.
La jueza federal Eva Parcio se aprestaba al cierre de esta edición a firmar la resolución por la que procesaría a un grupo no menor a seis personas vinculadas al caso del derrame de petróleo en Caleta Córdova, ocurrido el 26 de diciembre último.
Según trascendió a través de fuentes allegadas al caso y a partir de deducciones por el material probatorio que había trascendido en etapas previas del sumario, el procesamiento abarcaría al capitán del buque "Humberto Illia", a dos oficiales, a dos bomberos y a un funcionario con rango de supervisor o superintendente de las operaciones de carga en la boya petrolera.
Los cargos se basarían en la violación a la ley de residuos peligrosos, 24.051, mientras que la figura imputada sería la de una acción dolosa. De ser así, significaría que se los acusa de que tuvieron conocimiento del derrame y no se actuó para dar pronto aviso a las autoridades.
En una resolución que acumuló alrededor de 100 fojas, los inminentes procesamientos sobre el capitán del barco y otros funcionarios que tuvieron intervención el día del incidente tendrían sustento en el amplio cuerpo probatorio acumulado en casi algo menos de tres meses de investigación.
En ese marco, los investigadores judiciales habrían podido establecer fehacientemente que el petróleo hallado en las bocas de lastre del "Illia" es el mismo que se encontró en las costas de Caleta Córdova. Asimismo pudo establecerse que la investigación abarcó los antecedentes del buque, constatándose que el sistema de lastre había sido reparado no mucho tiempo atrás. En este punto, entre el cúmulo de pruebas, se habría establecido además que las pruebas practicadas no fueron suficientes, de allí que la operación inmediata habría representado un riesgo previsible de una contingencia como la que finalmente ocurrió.
En base a algunos de estos elementos, más las pericias realizadas y los testimonios recabados, además de la reconstrucción del recorrido de la mancha mediante un software con apoyo satelital, se habría podido establecer que el derrame se produjo cuando el buque estaba aún frente a la monoboya de carga de petróleo, aunque las fuentes no pudieron revelar si el incidente se produjo en horas nocturnas o a la luz del día.
Según pudo recabarse, la imputación que pesaría sobre el capitán, dos oficiales y dos bomberos se basaría en la violación a la ley de Residuos Peligrosos, en su artículo 55. Esa norma distingue entre la contaminación de agua en forma accidental o por negligencia, agravando las penas en este último caso, ya que la ley prevé sanciones que van desde los 2 hasta los 10 años de prisión. Si bien no pudo determinarse en forma taxativa, la acusación apuntaría a una responsabilidad dolosa de los cinco primeros imputados, mientras que el restante, con cargo de superintendente del buque, sería acusado por encubrimiento. En todos los casos se trata de delitos excarcelables, por lo que el procesamiento ni incluye órdenes de detención ni prisión preventiva.
19/03/08
CRÓNICA