Quien fuera canciller uruguayo manifestó: "Si llevábamos la decisión a la CARU, el proyecto no avanzaba".
Quien fuera canciller uruguayo manifestó: "Si llevábamos la decisión a la CARU, el proyecto no avanzaba".
Didier Opertti, quien fuera canciller en la etapa de negociación con Argentina para la instalación de Botnia (hoy UPM), sostuvo que se entendió que el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de ambos países no debía estar supeditado a una decisión de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
-¿Cómo recibió el fallo de la Corte Internacional de Justicia?
En realidad, mucho no me sorprendió. Cuando en su momento interpretamos el aspecto formal determinamos que la obra de Botnia no ponía las aguas en riesgo de contaminación. Por eso el Estado uruguayo no iba a consultar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de la cual no iba a surgir consenso.
Era notorio que si llevábamos la decisión a una comisión binacional donde no hubiera acuerdo entonces el proyecto no iba a avanzar.
-¿Se le informó a la CARU sobre el proyecto? La Corte de La Haya afirma que ese punto aún debe ser estudiado por ellos.
Sí, enviamos la información en 2003, 2004 y hasta en 2005. Estuvimos de acuerdo en eso pero no nos sometimos formalmente al dictamen de la CARU. Para nosotros las delegaciones de cada país reciben instrucciones de cada gobierno. La delegación está subordinada y no puede tomar decisiones por encima de los Estados que la integran.
-¿Uruguay desconoció la competencia de la CARU para decidir sobre la instalación de la planta de la ex Botnia?
No, en realidad Uruguay nunca desconoció a la CARU. Simplemente se entendió que los Estados podían actuar de forma paralela y hacer lo que la propia CARU no estaba en condiciones de resolver.
– El canciller Luis Almagro afirmó ayer en una conferencia de prensa que la CARU "es absolutamente imprescindible" a la hora de tomar estas decisiones y que su papel específico "no es reemplazable ni siquiera por la opinión de los ministros de Relaciones Exteriores". ¿Qué opina usted al respecto? -Eso sería para discutir en un futuro. Yo no lo comparto porque la CARU no es un organismo autónomo. Tampoco lo son los representantes de cada gobierno en ese organismo binacional.
-¿El incumplimiento de las normas procesales acerca del Tratado del Río Uruguay traerá alguna consecuencia en lo práctico para Uruguay?
Del fallo de la Corte no deriva ningún efecto, ni de nulidad o de invalidez. La Corte dice que Uruguay estaba plenamente habilitado para que la obra continuara, y por eso la obra se hizo. La Corte también dijo que Argentina no tenía derecho de veto sobre la obra proyectada por nuestro país. Uruguay violó el tratado en la parte de procedimiento pero no tiene ningún efecto concreto. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia tiene efecto innegable desde el punto de la influencia en el comportamiento de los países. No tiene ninguna consecuencia concreta.
– A la luz de lo que sucedió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia y con el paso de los años que le puede dar una perspectiva sobre la decisión de autorizar la instalación de la planta, ¿está conforme con lo hecho por el gobierno que integró? Totalmente, sí. Hubiera estado más satisfecho si el 2 de marzo de 2004 Uruguay hubiera solucionado el diferendo de manera amigable y si se hubiera reconocido que el 15 de mayo la CARU tomó acciones para reconocer el acuerdo que hicimos con el entonces canciller argentino Rafael Bielsa. Y también me sentiría ahora más satisfecho si la Corte hubiera dicho que en el mes de noviembre de 2004 se aprobó un planteamiento de Uruguay para controlar los posibles riesgos de la obra. También si se hubiera reconocido y aceptado en caso de reconocer que en su momento los ex presidentes Kirchner y Vázquez, en mayo de 2005, acordaron para superar el diferendo.
-¿Eso representaba un punto de inflexión en el conflicto?
Claro, porque en caso de reconocerse eso, se hubieran salvado las posibles omisiones de la CARU. Si yo en 2004 vuelvo el tema a lo bilateral, como sucedió con el acuerdo entre los ex presidentes, y Kirchner le dice al Congreso que no hay problema y está todo solucionado, me cuesta admitir que después se haya dicho que Uruguay violaba el tratado. Pero no se coincide con todos los fallos de la Corte. Por eso, mantengo la afirmación de que Uruguay actuó según la legítima interpretación del derecho aplicable. Cuando se plantearon los problemas, se negoció, se acordó y se labró un acta el 15 de mayo de 2004 y se continuó trabajando en el plan de monitoreo.
27/04/10
VISION MARITIMA – URUGUAY