El Gobierno nacional aseguró a su par español que se fijará un sistema para reparar los daños sufridos por las compañías ibéricas tras reclamo sindical.
El Gobierno nacional aseguró a su par español que se fijará un sistema para reparar los daños sufridos por las compañías ibéricas tras reclamo sindical.
La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que hay una buena situación de las empresas de España en la Argentina, con independencia de algún problema puntual como el de carácter laboral que sufren varias pesqueras del sur del país. Además, trascendió que la funcionaria europea recibió la promesa del Gobierno local de fijar un mecanismo que compense a las empresas afectadas por el conflicto sindical en Puerto Deseado, Santa Cruz.
Fernández de la Vega compareció en rueda de prensa en la Embajada de España en Buenos Aires tras entrevistarse en la Casa Rosada con el presidente argentino, Néstor Kirchner, en la recta final de su gira por seis países latinoamericanos.
La buena marcha de la economía argentina y la presencia de las empresas españolas fueron dos de los ejes de la reunión. Respecto a las empresas, dijo que el crecimiento sostenido del país permite más inversiones con garantías, y recalcó que tienen un diálogo "permanente y leal" con el Gobierno argentino para resolver los problemas que se planteen.
En ese contexto, agradeció a Kirchner su intervención "decisiva" para que Endesa y Gas Natural hayan podido actualizar sus tarifas. Sin embargo, se detuvo especialmente en el conflicto surgido hace varias semanas en ocho empresas pesqueras, entre ellas cinco con capital español: Arbumasa, Argenova, Pescargen, Pesquera Santa Cruz y Vieira.
El conflicto fue motivado por reivindicaciones laborales y de reducción de impuestos por parte de los trabajadores, que protagonizaron disturbios y actos "injustificables y vandálicos", dijo la vicepresidenta, y que ocasionaron numerosos daños a las instalaciones de esas empresas.
Recordó que estos actos fueron condenados por ambos gobiernos (fuentes españolas informaron de que Kirchner habló por teléfono con el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer lo ocurrido) y hay pendiente un acuerdo de conciliación promovido por el Ministerio de Trabajo argentino.
Pero con independencia de ello, se están llevando a cabo otras actuaciones en el ámbito judicial para depurar responsabilidades por esos actos, el Fiscal General del Estado argentino se ha personado en la causa y se ha impulsado un sistema de ayudas para reparar los daños.
"Hay un compromiso explícito del Gobierno en llegar al final de la investigación de los hechos y castigar a los responsables", aseguró Fernández de la Vega.
El conflicto
El Ministerio de Trabajo dictó el pasado 1º de agosto la conciliación obligatoria en el conflicto que se inició en el sur del país entre trabajadores y empresas del sector pesquero, varias de ellas de capitales españoles.
La decisión fue adoptada después de una reunión entre las autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación y Daniel Peralta, gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde se desarrolla el conflicto.
Tras la decisión gubernamental, los trabajadores en huelga desde el pasado 4 de julio y las empresas de la localidad de Puerto Deseado (ubicada a 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires) debieron volver a la mesa de negociaciones.
08/08/07
INFOBAE PROFESIONAL