El pasado 31-IV-2008 se celebró en Madrid, en el salón de plenos del Ministerio de Medio ambiente, la jornada “Los espacios marinos protegidos y su contribución a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad marina”, organizada por la Fundación Biodiversidad.
El pasado 31-IV-2008 se celebró en Madrid, en el salón de plenos del Ministerio de Medio ambiente, la jornada “Los espacios marinos protegidos y su contribución a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad marina”, organizada por la Fundación Biodiversidad.
En las sesiones intervinieron representantes de los Ministerios de medio ambiente (además de su titular, Cristina Narbona; Miguel Aymerich Huygues, subdirector general de vida silvestre y Antonio Serrano Rodríguez, secretario general de territorio y biodiversidad), de agricultura, pesca y alimentación (además de su titular, Elena Espinosa; José Manuel Sánchez Mora, subdirector general de Caladero nacional y Juan Carlos Martín Fragueiro, secretario general de pesa marítima) y de fomento (Fernando Palao Taboada, secretario general de transportes) así como de diversas entidades tanto privadas (Antonio García Allut, presidente de la Fundación Lonxanet para la pesca sostenible), públicas (Josep M. Gasol, científico del departamento de biología marina y oceanografía del Instituto de ciencias del Mar-CSIC; Enrique Tortosa Martorell, director general del Instituto español de Oceanografía-IEO y Enric Sala del Centro de estudios avanzados de Blanes/Girona-CSIC) como de organizaciones conservacionistas (Juan Carlos del Olmo, director ejecutivo de WWF/ADENA; Alejandro Sánchez, director ejecutivo de SEO-Birdlife; Mª José Caballero de la Vega, de Greenpeace; Jorge Saez de Ecologistas en acción y Xavier Pastor, director ejecutivo de OCEANA-Europa).
Las ponencias y debates moderados por Julia Vera Prieto y Maria Artola (directora de formación y directora ejecutiva, respectivamente, de la fundación organizadora) se desarrollaron teniendo en cuenta que el medio marino (regulador de la temperatura terrestre, sumidero de CO2…) susceptible de diferentes actividades (pescas industrial, artesanal y deportiva; turismo, transporte, fuente de energía, extracción de recursos naturales para alimentación/medicina, vertidos…) con los impactos ambientales correspondientes (aumento de contaminación –sea de hidrocarburos, basuras orgánicas, plásticos, etc-; reducción de hábitats con desaparición total o parcial de especies vegetales/animales; aparición de especies invasoras) requiere una utilización racional o no utilización, en su caso, de los recursos marinos para conseguir una gestión sostenible de los ecosistemas marinos.
Entre los asistentes estaba muy presente el acuerdo de 14-III-2008 del Consejo de Ministros de iniciar los trámites para que “El Cachucho” (montaña submarina situada a 36 millas al norte de Ribadesella-Asturies, que destaca por su extraordinaria biodiversidad con casi 600 especies registradas, dos de ellas nuevas para la ciencia) se convierta en la primera área marina protegida de España (iniciando así el cumplimiento de los compromisos que, en el marco del convenio OSPAR, tomaron países europeos para proteger, de modo especial, al menos el 10% de sus aguas marinas) .
Este acuerdo, realizado a propuesta de siete Ministerios (de medio ambiente, de exteriores y cooperación, de defensa, de fomento, de educación y ciencia, de industria así como de agricultura, pesca y alimentación) deberá culminar (siguiendo lo establecido en la reciente ley estatal 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad), tras la colaboración necesaria con las Comunidades Autónomas afectadas, con acuerdos (del Ministerio de medio ambiente) de declaración de área marina protegida así como la elaboración de los correspondientes planes de ordenación de recursos naturales y de gestión. Asimismo, el Consejo de Ministros propondrá, respecto al referido “El Cachucho”, a la Comisión de la Unión Europea su inclusión en la lista de lugares de interés comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 así como, a la Secretaria ejecutiva del Convenio OSPAR, su inclusión en la Red de áreas marinas protegidas.
Estas decisiones, (que pueden incluir la no concesión de nuevos/no renovación de permisos actuales de investigación de hidrocarburos, prohibición de actividades mineras/extractivas así como de maniobras militares que supongan realización de explosiones subacuáticas o utilización de sonares de baja frecuencia) que parecen ser el inicio de hasta diez declaraciones de reservas marinas posteriores (ejemplo: Palamós), fueron presentadas junto a la idea del impacto reducido en el sector pesquero pero beneficioso posteriormente para la recuperación del caladero y de los recursos pesqueros existentes en los alrededores.
Las sesiones fueron inauguradas por las titulares ministeriales presentes que destacaron la necesaria coordinación entre las ideas de aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y de protección de la biodiversidad marina (ésta no solo referida a determinadas especies, sino a ecosistemas marinos) resaltando el preciso respeto escrupuloso al medio marino (de los fondos marinos, de las tallas/aparejos/medidas no agresivas, de las reservas marinas, de los caladeros, cupos y especies de pesca autorizadas); la elaboración y aplicación de planes de gestión para cada costa (teniendo en cuenta que existen caladeros al límite del agotamiento).
Por ejemplo, el plan de gestión integral del mediterráneo, acordado en coordinación con las Comunidades Autónomas y el sector pesquero; el imprescindible apoyo científico del IEO y de otros institutos y universidades; la necesaria regulación y aplicación del control y vigilancia sobre todos los aspectos de las explotaciones pesqueras (vedas / épocas / artes/llegadas a puerto/control de reservas marinas), destacando el convenio de colaboración firmado con la Guardia Civil para, incluso, actuar por carretera.
Los diversos ponentes indicaron la necesidad de potenciar los recursos materiales, personales y presupuestarios de la actividad investigadora.
Así, se citaron varios proyectos vigentes de investigación marina para obtener información biogeográfica con datos de los ecosistemas marinos (por ejemplo, desarrollando nuevas tecnologías como la colocación de sensores acústicos en el fondo del mar; seguimiento por satélite de grandes predadores con datos de temperatura y salinidad, utilización de robots desde barcos para conocer ecosistemas hasta hace poco inaccesibles…) para evitar el tratamiento meramente utilitarista del mar (dado el descenso de biodiversidad producido, sobre todo, desde la década de los años 70) producto, entre otras causas, del desconocimiento de los ecosistemas (con métodos de pesca cuantitativa y cualitativamente arrasadores tanto de espacios como de especies –incluso de aves- marinas).
También, la conveniencia de gestionar, desde un punto de vista ecosistémico y de modo sostenible, la biodiversidad marina a partir de las mejores técnicas científicas con implicación de todos los agentes de la zona respectiva (pesquería local, organizaciones proteccionistas, científicos…) en los procedimientos de declaración de áreas protegidas.
Incluso se solicitó la participación paritaria de todos los interesados, junto a la Administración, en los órganos de gestión de las reservas marinas protegidas o incluso en un consejo nacional del mar –considerado preciso por parte de los representantes conservacionistas- dada la degradación avanzada de las zonas marinas protegibles y el inmenso impacto ambiental producido, por ejemplo, por la pesca de arrastre.
Asimismo, se destacó la existencia de un grupo adhoc de Naciones unidas para mejorar la gobernanza de espacios naturales en aguas fuera de la jurisdicción nacional; los problemas existentes para crear instrumentos de cooperación entre organizaciones regionales de pesca, Organización mundial internacional, autoridad internacional de fondos marinos; la necesaria preocupación por la salida profesional de los pescadores ante la normativa restrictiva comunitaria de pesca (debiendo motivarlos con formación, información así como corresponsabilidad en la sostenibilidad derivada de su conocimiento del medio); la necesidad de coordinar las actuaciones entre los órganos y las Administraciones públicas competentes.
Por Andres Ortolá
Jurista Medioambiental
09/04/08
VEINTEPIES