El nuevo informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la situación de la pesca en nuestro país causa perplejidad no porque aporte datos nuevos sino porque deja la sensación de un eterno retorno, como en un laberinto circular, a hechos y cosas ya conocidos que ni el paso del tiempo, ni las autoridades responsables han modificado. Y en ello radica la gravedad.
El nuevo informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la situación de la pesca en nuestro país causa perplejidad no porque aporte datos nuevos sino porque deja la sensación de un eterno retorno, como en un laberinto circular, a hechos y cosas ya conocidos que ni el paso del tiempo, ni las autoridades responsables han modificado. Y en ello radica la gravedad.
Transcurría el año 2002 cuando tomaron estado público las conclusiones de la AGN sobre el período comprendido entre marzo de 1998 a julio de 2001 en materia de regulación de la actividad pesquera y conservación de las pesquerías, particularmente la merluza común y el calamar.
Aquel documento ponía de manifiesto la notoria insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ese momento para evitar la sobreexplotación de los recursos y permitir su adecuada recuperación. Aquel estado de cosas se definía como “alarmante”.
Como si el tiempo se hubiera detenido, 6 años después la AGN reitera que subsisten las deficiencias en cuanto a un adecuado control y fiscalización tanto a bordo como en puertos, que se mantienen las disparidades entre el tonelaje que se declara y el que realmente se captura, que continúan las dificultades para evaluar la magnitud de la pesca incidental, que no se ha dado solución a la lentitud en la tramitación de los sumarios y que no se ha instrumentado un registro de sanciones y reincidencias.
Tanto la AGN como la mayoría de los actores admiten que la administración de la pesca está más ordenada, pero que ese orden resulta insuficiente para asegurar un modelo pesquero sustentable, hecho claramente constatable.
Es cierto que con el informe de auditoría o sin él la crisis impactará igual, lo realmente grave es que pudo haberse evitado. El conocimiento de las falencias y la omisión en subsanarlas configuran una conducta negligente por la que tarde o temprano habrá que responder.
Por otra parte, las particularidades del último cambio de gobierno impiden habituales excusas. Nuevas autoridades pesqueras tendrían derecho a recibir la herencia con beneficio de inventario o gozar de un período de gracia para limitar su responsabilidad como herederos, derechos que no pueden alegar quienes fueron hace pocos días reconfirmados en sus cargos.
Desde el año 2003 los bienes y las deudas que constituyen esta herencia pesquera han sido puestos bajo su custodia y administración y ellos tienen la obligación de rendir cuentas de lo realizado durante esa etapa.
Se han escrito ya ríos de tinta denunciando cada una de las falencias señaladas en el informe. Son innumerables las personas que han declamado que estos hechos ocurrían. Son tema cotidiano de las charlas de café entre los integrantes del sector. Son argumento, a veces, entre empresarios y funcionarios cuando se piden mejoras en la actividad. Nadie en el sector puede seriamente decir que no sabía que nada de esto existía.
Pero el dictamen de seguimiento de la AGN no es un trascendido, una sospecha, un rumor intencionado o una denuncia interesada. Es el documento oficial que según nuestra Constitución Nacional da sustento a los legisladores nacionales para que ejerzan el control patrimonial, económico, financiero y operativo de las autoridades pesqueras de la Nación. La historia enseña que en algún momento se sale del laberinto circular y llega la hora de rendir cuentas.
Ver los informes de la AGN en NUESTROMAR:
21/04/08
PESCA & PUERTOS