Los trabajadores del sector pesquero reclaman al gobierno una definición sobre su situación laboral, a raíz de la suspensión de exportaciones hacia la Unión Europea de siete plantas procesadoras de pescado y una decena de buques. La medida puede afectar a más de 2.500 fuentes laborales.
Los trabajadores del sector pesquero reclaman al gobierno una definición sobre su situación laboral, a raíz de la suspensión de exportaciones hacia la Unión Europea de siete plantas procesadoras de pescado y una decena de buques. La medida puede afectar a más de 2.500 fuentes laborales.
La suspensión de exportaciones fue adoptada luego que una misión de técnicos de la Unión Europea, que visitó Uruguay en noviembre pasado, presentara un informe donde se indicaban incumplimientos de protocolos sanitarios.
Las autoridades uruguayas tuvieron que suspender la exportación de pescado hacia el mercado europeo hasta que se solucionaran las “fallas” (vinculadas sobre todo a procedimientos y aspectos edilicios).
Si bien algunas empresas podrán solucionarlas en 20 días, otras podrían hacerlo para marzo, y recién en ese momento volverían a quedar habilitadas las exportaciones.
Este viernes la Intergremial de la Pesca se reunió con el director de la Dirección Nacional de Recueros Acuáticos (Dinara), Daniel Montiel, para manifestarle su preocupación por los puestos laborales.
Si bien todavía no conocen la cantidad de afectados informaron que sólo en Fripur hay 2.500 y que la suspensión de exportaciones rige para siete plantas y 10 buques.
El secretario general del gremio, Jorge Vignolo, aseguró que hace tiempo reclaman al gobierno diversificación de la flota y mejoras en las condiciones de trabajo.
“El sindicato ha venido históricamente denunciando la necesidad de una diversificación de flota, diversificación de la captura, que una flota realmente obsoleta y de que un mercado tan exigente como es el de la comunidad europea ve cada uno de los detalles de cómo se comienza a procesar el pescado a partir de la captura hasta el momento en que se descarga y se lleva a la planta, y realmente son condiciones higiénicamente deplorables. Si se hace una inspección no sólo de la comunidad europea, que es un mercado exigente, sino de otros mercados, realmente dudaríamos de que sigan comprando materia prima en Uruguay”, señaló Vignolo.
Por su parte, el director de la Dianara reconoció a Índice 810 que en la suspensión europea hay “responsabilidades compartidas”. Montiel explicó que el sector no era inspeccionado desde hace 11 años y que estaban en proceso de ajustar los aspectos observados.
“Debemos reconocer, y nosotros ya lo habíamos hecho así, que estábamos tomando medidas de ajuste internos en la estructura del cuerpo sanitario de la Dinara para poder actualizar al personal con los protocolos que justamente la comunidad ahora, en esta circunstancia, nos visitó. Estamos tratando de crear mejores condiciones desde el punto de vista técnico, por llamarlo de algún modo. Llegaron antes de que estuviéramos bien preparados", reconoció Montiel.
A todo esto, la oposición pide explicaciones. La diputada nacionalista Beatriz Argimón solicitó que Montiel comparezca “a la brevedad” ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para explicar detalles de la suspensión.
“Si bien es cierto que la primera responsabilidad la tienen las empresas que se dedican a esto, los países tenemos, dentro de nuestras actividades responsables, dar las habilitaciones respectivas y cuidar que se cumpla con los requisitos que les permiten al país ingresar a los mercados”, indicó Argimón.
Fuente: www.espectador.com
28/02/08
VISION MARITIMA – URUGUAY