Un tratado histórico adoptado por la ONU, conocido como el Acuerdo sobre Biodiversidad de Áreas Marinas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), entrará formalmente en vigor el 1 de enero de 2026, tras alcanzarse las 60 ratificaciones necesarias. Este es el primer marco internacional vinculante que regula la conservación de la biodiversidad en aguas que no pertenecen a ningún país, es decir, la alta mar, que representa dos tercios de los océanos del planeta.
El tratado permitirá crear áreas marinas protegidas en altamar, con planes de gestión, regulaciones y evaluaciones de impacto ambiental. Además, introduce el principio de precaución para limitar actividades humanas con efectos dañinos, como la minería submarina, y establece mecanismos para compartir los beneficios derivados del uso de recursos genéticos marinos.
Entre sus principales disposiciones, obliga a que nuevas actividades potencialmente dañinas se sometan a evaluaciones ambientales bajo estándares internacionales. Asimismo, dispone la creación de una Conferencia de las Partes, un cuerpo científico-técnico y una secretaría encargada de coordinar su implementación.
Con la ratificación de Marruecos como país número 60, se cumplió el umbral que activa la entrada en vigor. A partir de esa fecha, los Estados parte deberán adecuar sus legislaciones nacionales y coordinar esfuerzos para que las disposiciones se hagan efectivas.
Chile y otros países latinoamericanos han tenido un rol activo en la promoción del tratado. En particular, Valparaíso ha manifestado interés en convertirse en sede de una de las instituciones que coordinen la aplicación de este acuerdo, lo que reforzaría su posición en el mapa global de la gobernanza oceánica.
El tratado llega en un momento crítico. Hoy, menos del uno por ciento de la alta mar está bajo algún tipo de protección efectiva. Las amenazas al océano, como la sobrepesca, el cambio climático, la acidificación y la contaminación plástica, requieren respuestas globales coordinadas. Este acuerdo es considerado un paso clave para alcanzar la meta de conservar el 30% de los océanos hacia 2030.
Sin embargo, no todo son beneficios inmediatos. La implementación de áreas marinas protegidas podría restringir zonas actualmente utilizadas para la pesca industrial, la exploración de minerales submarinos o proyectos de acuicultura, lo que impactaría en la economía azul. Las empresas podrían enfrentar nuevos costos y trámites más estrictos para obtener permisos.
Además, los países en desarrollo podrían tener dificultades para asumir los altos costos de monitoreo, vigilancia y cumplimiento que impone el tratado. Sin un apoyo técnico y financiero adecuado, corren el riesgo de quedar en desventaja frente a naciones con mayor capacidad tecnológica e institucional.
También existe el riesgo de tensiones geopolíticas. Si grandes potencias marítimas deciden no ratificar o no cumplir plenamente, podrían mantener prácticas menos reguladas que les den ventajas competitivas, debilitando los efectos del acuerdo. A ello se suma el peligro de burocratización excesiva, con instituciones que podrían ralentizar la toma de decisiones y desincentivar la inversión en sectores productivos vinculados al mar.
El desafío será lograr un equilibrio: avanzar en la protección de la biodiversidad marina sin poner en riesgo los medios de vida de comunidades costeras, la competitividad de las industrias marítimas ni la estabilidad económica de los países en desarrollo.
En definitiva, el tratado global de los océanos es un hito sin precedentes que abre una nueva era en la gobernanza marítima. Su éxito dependerá no solo de su entrada en vigor, sino de la capacidad de los Estados para implementarlo de manera efectiva, justa y equilibrada, garantizando tanto la salud de los océanos como el bienestar de quienes dependen de ellos.
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