Comenzamos por las sombras, que son más urgentes.
Comenzamos por las sombras, que son más urgentes.
En una jugada arriesgada, el gobierno argentino habilitó a la Justicia para que se expida sobre el corte del puente internacional Gral. San Martín, en Gualeguaychú, lo que deja ver que el derecho en la Argentina opera sólo cuando es habilitado por el poder.
La Justicia no hizo otra cosa que actualizar órdenes emitidas tiempo atrás y exigir la pronta liberación del puente.
Sobre esta decisión, el Gobierno notificó la resolución judicial a la espera de una reacción por parte de la Asamblea de Gualeguaychú.
Al proceder como lo hizo, abandonó la lógica política para judicializar el conflicto, quizá bajo el razonamiento que sostiene que el derecho es la continuación de la política por otros medios.
Esta interpretación, sin embargo, es arriesgada y dejó a la Asamblea sin otra opción que resistir.
Una estrategia más política podría haber intentado, primero, señalizar claramente, sin ambigüedades, el repudio al corte, la condena de la metodología, así como la voluntad de encarar la cuestión con toda determinación.
Segundo, el Gobierno podría haber bregado para que se secaran todas las fuentes públicas de apoyo logístico al corte, que han sido y todavía son importantes.
Tercero, se podría haber librado una batalla de opinión que aislara políticamente al sector más recalcitrante del asambleísmo. En este marco, hubieran cobrado más fuerza los actos de ciudadanos, incluso de Gualeguaychú, que están promoviendo acciones ante la Justicia o que se están movilizando en condena del corte.
Claro que podríamos pensar que a pesar de todo esto el corte hubiera seguido, pero creemos que no es en absoluto indistinto si éste es, o no, vencido políticamente.
Ahora, en cambio, si la notificación no da resultado y la Gendarmería interviene, pasaremos del derecho a la política y de ésta a la violencia en pocas horas, justo lo que el Gobierno quería evitar.
Pero más allá del corte del puente, hay noticias muy positivas.
Los puntos acordados en la reciente reunión de Cristina Kirchner con José Mujica son importantes y prometedores.
El dragado de canales en que la Argentina está en mora, y largamente solicitado por Uruguay, es un ejemplo. También, el monitoreo conjunto de Botnia/UPM, que deberá precisarse en sus lineamientos concretos en los próximos 45 días, un tiempo afortunadamente breve.
Pero, asimismo, un punto poco destacado: también deberán fijarse los criterios en 45 días de "un plan de control y prevención de la contaminación del río Uruguay en el tramo compartido" entre ambos países.
Sobre el monitoreo de Botnia, cabe esperar que nuestros representantes se abstengan de incurrir en la ridícula pretensión de "monitorear dentro de la plata". Acerca del control del río Uruguay, lo acordado tiene implicaciones verdaderamente extraordinarias.
Esperemos que no se quede en los papeles.
Federico Merke y Vicente Palermo
Para LA NACION
Los autores son investigadores del Conicet y miembros del Club Político Argentino
10/06/10
LA NACION