Lo que no autoriza la ordenanza vigente.
Lo que no autoriza la ordenanza vigente.
La aplicación de la Tasa de Inspección Veterinaria a los productos de origen marino que ingresan al Partido de General Pueyrredon desde el puerto local que deben afrontar los armadores pesqueros ha despertado un grave enfrentamiento entre el sector industrial con la administración comunal.
Lo que no ha podido lograr el gobernador Scioli, siempre esperanzado en unir el discurso de las flotas marplatenses tras un objetivo común de cara a las autoridades nacionales, lo ha conseguido el nuevo intendente, Gustavo Pulti: unir a todos los eslabones de la pesca local en una posición férrea de rechazo a sus intenciones de cobrarles el impuesto.
Ahora los armadores e industriales tienen otro argumento que echaría por tierra las intenciones del Ejecutivo de conseguir aumentar el presupuesto municipal a fuerza de recaudar unos 14 millones de pesos anuales en concepto de dicha Tasa. Los empresarios aseguran, no sin razón, que la comuna no presta ningún servicio como contraprestación al cobro de la tasa.
Desde que asumió, Pulti comenzó a liquidar el cobro de la tasa para todos aquellos que se declaren dueños de pescados y mariscos que pasan por el Puesto Único de Control, en el egreso del puerto, a razón de $ 0,036 pesos por kilo transportado.
Esto, de acuerdo a lo que argumentan los empresarios, estaría violando la ordenanza fiscal vigente, que establece en su Artículo 159 que la Tasa sólo deben abonarla aquellos que destinen la materia prima para ser consumida en el Partido de General Pueyrredon.
Esa ordenanza fue modificada el año pasado, a partir de las negociaciones que el sector pesquero entabló con la anterior gestión de Daniel Katz. En ese momento los empresarios también rechazaban la posibilidad de pagar la tasa, que hasta ese entonces incluía a todos los destinos posibles de la materia prima.
Katz lo hizo con la condición de crear un Fondo Fiduciario, el cual se alimentaría con fondos del sector pesquero, para realizar las obras públicas en el barrio. Más allá que se subdividió el área a mejorar y se calculó cuánto debía pagar cada frentista propietario de una planta pesquera, antes de irse el oficialismo retiró el proyecto del Concejo Deliberante. Y el puerto sigue luciendo su postal decadente de los últimos años.
Se descarta que con el envío del nuevo presupuesto para este año, también el oficialismo incluya la nueva ordenanza fiscal ya modificada, como pretende para incluir a todos los destinos. “Pero no puede querer cobrar algo para lo cual no está facultado por ordenanza”, revela un edil de la oposición.
Los industriales recusaron las boletas con el cobro de la tasa y la comuna rechazó ese recurso administrativo, con lo cual uno de los caminos para dirimir la incompatibilidad de criterios sería la justicia.
Cada vez que puede, el intendente apela a la necesidad que los empresarios de la pesca le “pongan el hombro” a la ciudad, “que los quiere como ‘contribuyentes ordinarios’ para generar una ciudad más justa y equitativa”. Pero suena más a un pedido de favor que a tener la certeza de la razón.
14/04/08
PESCA & PUERTOS