En las últimas semanas los fueguinos fueron permanentemente bombardeados, desde los medios de comunicación, con la cuestión de la planta de metanol. ¿Pero qué sabemos realmente al respecto?
En las últimas semanas los fueguinos fueron permanentemente bombardeados, desde los medios de comunicación, con la cuestión de la planta de metanol. ¿Pero qué sabemos realmente al respecto?
El metanol es un producto derivado del gas natural (metano, que tiene infinidad de aplicaciones, como ser para la fabricación de: resinas poliéster y melamina -que son a su vez, materia prima en la industria del plástico-; fertilizantes; herbicidas; solventes, entre muchas otras.
La actual gestión de gobierno (ARI) ha puesto en escena un proyecto de radicación de una planta de producción de metanol en Río Grande, por parte de empresarios de origen chino.
Como generalmente ocurre, cuando se anuncian grandes inversiones es difícil que puedan conocerse todos sus detalles. Pero como este proyecto tendría impacto presente y futuro sobre toda la comunidad, es importante estar lo mejor informado posible.
En tal sentido, este gobierno ha tratado este tema con mucha reserva pues desde abril -es decir hace mas de 7 meses- viene manteniendo encuentros con los empresarios interesados, en principio, en realizar inversiones en nuestra provincia.
Como sucede cuando nuestros gobernantes viajan al exterior, muchas veces son también acompañados por empresarios locales a los fines de procurar entablar o mejorar relaciones comerciales y fomentar inversiones. Tal pareciera ser lo que aconteció en abril cuando fuimos visitados por una comitiva china de carácter mixto, es decir compuesta por funcionarios y empresarios.
Surge evidente que de allí en más los encuentros prosiguieron, sin mayor publicidad, hasta que en el mes de julio el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, y el secretario de Hidrocarburos, Eduardo D? Andrea, viajaron a China invitados -con los gastos pagos- por los empresarios interesados en invertir. El costeo de esos viáticos por parte de los empresarios chinos dio mucho que hablar.
En ese viaje al lejano oriente nuestros funcionarios firmaron con empresarios chinos un "Acuerdo de Cooperación" de dudosa valía como instrumento legal pues ellos no estaban investidos para representar a la provincia -solo puede hacerlo la gobernadora en persona u otorgando poder, o subsanarlo con una ratificación posterior, lo que tampoco ocurrió-.
Ese acuerdo tenía, además, otras falencias, como el haber sido redactado en dos idiomas (castellano y chino mandarín) sin que existan las correspondientes traducciones. Con lo que aún hoy sigue siendo una incógnita saber con certeza que es lo que dice el mismo en sus partes redactadas en idioma chino mandarín. Lo que constituye, cuando menos, un acto de temeridad por parte de nuestros funcionarios que actuaron sin los debidos recaudos.
De allí en más poco se supo de cómo prosiguió el trámite, pues cuando se consultaba al ministro al respecto respondía que se había firmado bajo una cláusula de confidencialidad, que no le permitía revelar el contenido de lo firmado. Ello resulta muy curioso pues el mismo acuerdo prevé (en su cláusula 2.1.6) la aprobación legislativa.
Entonces, ¿cómo mantenerlo en secreto con quien lo debe aprobar? En este aspecto el Poder Ejecutivo también erró, más aún al requerir que los legisladores lo aprueben con premura.
Como se vino el apuro… el diablo metió la cola
El "Acuerdo de Cooperación" referido contenía, además, la intención de que los inversores, de origen chino, participaran del negocio de generación e interconexión eléctrica. Este aspecto del acuerdo fue vetado por la Nación, pues la interconexión estaba ya planificada por el gobierno federal y no era necesaria la participación de tales capitales privados en el mismo.
Sin embargo, pese al veto de la Nación en el rubro eléctrico, el Gobierno provincial y los empresarios chinos siguieron adelante con el proyecto de fabricar metanol en Tierra del Fuego. Con tal motivo, en octubre firmaron lo que denominaron "Memorando de Entendimiento".
El "Memorando de entendimiento" es un instrumento muy utilizado para delinear negociaciones porque su característica principal es que no genera obligaciones legalmente exigibles para las partes que lo firman.
Hasta aquí se puede entender que el Gobierno provincial y los empresarios chinos, hubieran expresado los lineamientos que guiarían un futuro contrato, si es que se lograban poner de acuerdo sobre todos los demás puntos, que conlleva este tipo de contratos (venta del gas natural provincial, por más de 25 años, para que los empresarios chinos fabriquen metanol).
Se podrá estar de acuerdo o no con los futuros lineamientos convenidos -incluso en que sea el Gobierno el que venda el gas en lugar los productores privados- pero hasta ese momento, no había instrumentos legalmente exigibles entre las partes y los errores que estos contenían eran perfectamente subsanables.
Y el diablo metió la cola nomás
Lamentablemente, a ese "Memorando de Entendimiento" el Gobierno y los chinos le anexaron un documento que denominaron "Puntos Centrales del Acuerdo de Gas con la Provincia de Tierra del Fuego".
Este último documento anexado al memorando lo desnaturaliza completamente, otorgándole ahora sí fuerza de contrato pues con dicho anexo se generan obligaciones legalmente exigibles y como vimos la exigibilidad, es ajena a la naturaleza inicial de ese "Memorando de Entendimiento". Lo que no debió pasar inadvertido al Ejecutivo.
¿Pero, en que consiste esta incoherencia, en términos sencillos?
En el compromiso de los empresarios chinos, allí plasmado, de pagar simultáneamente con la aprobación legislativa, por adelantado, los primeros tres años de venta del gas provincial, a razón de 1,5 millones de BTU por día. Se transforma así lo que hasta ese momento era un simple lineamiento a futuro en una oferta concreta y exigible, inadecuada desde todo punto de vista para una instrumentación tan "escueta" como la que analizamos.
Pero hay más, porque la segunda cuota está prevista para el mes de diciembre 08, lo que deja un inadecuado margen de acción a nuestros parlamentarios, para aprobar o rechazar un acuerdo de tal magnitud.
Aclaro que en esta instancia la cuestión que estamos viendo no es si el precio que los chinos pagarían por el gas es bueno o malo, sino que el acuerdo fue instrumentado de manera incorrecta y muy incompleta. Eso no es bueno ni tampoco legal, pues nos deja expuestos a innumerables problemas.
Hago hincapié en esta circunstancia, y dejo de lado por el momento la falta de licitación, pues entiendo que esta decisión de venta directa tiene que ver con una urgencia de fondos, mal administrada por esta gestión de gobierno.
Evidentemente, es la necesidad de este pago anticipado el que no le deja ver al Gobierno, con claridad, los errores de manejarse como lo está haciendo y ver conspiradores en el resto de los ciudadanos, que le señalan este error con espíritu constructivo.
Por eso digo que el diablo metió la cola… al incorporar ese documento llamado "Puntos Centrales del Acuerdo de Gas con la Provincia de Tierra del Fuego"; que a su vez, tiene otro tópico inaceptable, pues solapadamente en su punto noveno requiere de los legisladores, también la aprobación de aquel "Acuerdo de Cooperación" firmado en China (en castellano y chino mandarín, sin traducción), que ni siquiera la propia gobernadora ratificó. ¿Extraño no?
El rol de los legisladores
Con un apuro inadecuado el Ejecutivo en el mes de octubre rompió el secreto -hasta ese entonces infranqueable- y envió a la Legislatura éstos instrumentos para que los ratifique.
De la propia lectura de los instrumentos, especialmente del ilegítimo "Puntos Centrales del Acuerdo de Gas con la Provincia de Tierra del Fuego", surgía la premura, pues se estipulaba que contra la aprobación legislativa se haría de manera simultánea un primer pago de 100 millones de pesos, un segundo pago en diciembre de 2008, con lo cual el Poder Ejecutivo estaba contando con que la aprobación ocurriera antes de fin de año.
Esa inadecuada presión se podría haber evitado cambiando la palabra diciembre por un plazo de tiempo como ser: "a los 30 días de aprobación legislativa". De todas maneras, la formula propuesta solo solucionaba la cuestión del apuro mal evidenciado. Pero a su vez, debía cambiarse también la instrumentación y naturaleza del pago, como propondremos al final de esta columna.
Sin embargo, los legisladores actuando adecuadamente ante la falta de documentación explicativa (informes) y respaldatoria (dictámenes) de tan complejo y delicado acuerdo, llevaron a cabo reuniones de comisión con el Ejecutivo y requirieron respuesta a una batería de 50 preguntas. Este cuestionario sigue sin ser respondido y seguramente para poder hacerlo adecuadamente el Ejecutivo precise de colaboración especializada, hasta ahora no evidenciada.
De todas maneras, además de la función de contralor por parte de la Legislatura en cuanto a la correcta materialidad de los contratos -función que en este aspecto comparte con otros órganos de contralor provincial-, también tiene la responsabilidad del control político, es decir si ese cuerpo colegiado esta conforme con que el Gobierno participe de un negocio de gas de largo plazo, en competencia con los productores privados.
Esta última cuestión tiene mucha gravitación pues por lo general los negocios, como su propia esencia lo dice, pueden resultar buenos o malos, lo depende de distintas circunstancias. Con mayor razón en negocios que van a durar más de 25 años.
Por lo general, son los empresarios privados los que están en mejores condiciones de absorber este tipo de aleas negociales. Incluso la legislación prevé salidas para los particulares, en el caso que los negocios, que al principio parecían brillantes, luego se tornen ruinosos, a través, de procesos falenciales. Pero lamentablemente este tipo de previsiones legales no están disponibles para los Estados. Por lo que si el negocio que se emprende se vuelve ruinoso para la provincia, tendrán fatalmente que soportarlo cada uno de todos los ciudadanos fueguinos.
En tal sentido, no hay que conocer demasiado para saber que en el pasado contratos de este tipo, de compra/venta de petróleo o gas, con valores prefijados -que con el tiempo quedaban desactualizados- han generado siderales pérdidas a empresas de la envergadura de la YPF estatal. Culminándose como todos sabemos en la pérdida para el Estado por su privatización. Estos son aspectos que no se deben soslayar pues en el caso que nos ocupa se compromete el gas de varias generaciones de fueguinos.
Por eso la pregunta a responder es: ¿Estamos seguros de que el resultado de este contrato será tan bueno, como para que el Estado se meta en negocios que generalmente hacen los privados, comprometiendo en este caso, si el negocio sale mal, nuestras regalías de gas por 25 años?
Creo que a esta altura solo puede responderse la parte técnica de la pregunta. Tal como está estipulado el contrato hoy nadie puede asegurar que estemos frente a un buen negocio (sobretodo por la cláusula de actualización del precio del gas luego de los primeros tres años).
De todas formas ello es subsanable ya que si la cláusula de actualización se reformula y mejora los riesgos pueden ser muy acotados, pero así como hoy está previsto no hay ninguna garantía… es más, la perspectiva resulta muy preocupante.
En cambio la respuesta política (mérito, oportunidad y conveniencia) está en manos de nuestros legisladores.
El rol del fiscal de Estado
Ante una presentación de la CGT, el fiscal de Estado de la Provincia se pronunció de manera minuciosa y terminante como generalmente lo hace, aunque algunos se sorprendan de ello.
En primer lugar, resulta muy llamativo que su intervención haya tenido que ser requerida por una organización gremial, cuando le hubiera correspondido, por la complejidad de la materia, hacerlo al propio Poder Ejecutivo.
Tres puntos fundamentales tiene su adecuado dictamen: el primero, vinculado a la instrumentación del acuerdo en el "Memorando de Entendimiento" y su documentación anexa "Puntos Centrales del Acuerdo de Gas con la Provincia de Tierra del Fuego" entendiendo que el mismo genera obligaciones legales exigibles para el gobierno y por lo tanto sujetas plenamente a la legislación provincial, sin que exista la atipicidad que alega el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Eduardo Olivero.
El segundo entiende que el proceso de licitación pública es ineludible, al menos tal como está planteado, hasta ahora, el convenio por el Gobierno.
Y el tercero considera que la Legislatura está vedada de tratar la ratificación de los convenios por estar éstos en contradicción con la ley.
Mas allá de la vigorosa postura del fiscal de Estado, que no resulta vinculante para el Gobierno, es importante entender que las sugerencias que formula resultan muy atinadas. Incluso encierran una clave que hay que saber descifrar y consiste en que, si los contratos de rectifican, se instrumentan y direccionan bien, la pretendida venta del gas aún puede resultar ajustada a derecho.
Pero para ello el Ejecutivo debe efectuar los dictámenes técnicos y legales con la debida amplitud, forma y sustento; incluso de ser el caso, hasta fundamentar por qué se debería eludir la licitación. Pues en tal sentido, lo esgrimido hasta la fecha resulta inadecuado y escueto.
Es recomendable que el joven Olivero procure asesoramiento de profesionales avezados en estas cuestiones; tal necesidad es comprensible, lo extraño es que aún no lo haya hecho. Pero si no hay obstinación esperemos se dé cuenta de que siempre más vale tarde que nunca…
El precio de venta del gas a los empresarios chinos, su actualización
El último aspecto que abordaremos en este artículo, previo a las conclusiones, es el vinculado al precio de venta del gas. El Gobierno provincial todos los meses percibe el 12% de regalías como pago de los productores de gas en nuestra provincia. La producción total de gas es del orden de los 12 millones de m3 por día, y por ende las regalías a la provincia, consisten en el pago del equivalente a 1,5 millones de m3 por día.
A su vez, el Gobierno tiene la potestad de pedirle a los productores que en lugar de pagarle las regalías en dinero se las paguen es especie; es decir con la entrega material al Gobierno del 12% del gas que producen.
Ese 12% de gas que recibiría el gobierno por pago de regalías en especie, como vimos equivalente a 1,5 millones de m3 por día, es el que sería vendido por el Gobierno a los empresarios de origen chino para que fabriquen el metanol.
Actualmente, el Gobierno percibe por regalías una suma del orden de 1,2 dólares por cada millón de BTU, el precio de regalías sufre algunos descuentos vinculados a labores de acondicionamiento del gas y su compresión. Por esas regalías el Gobierno recibe actualmente unos 80 millones de pesos por año. Ese precio está muy retrasado con respecto al valor regional del gas.
En el proyecto en análisis el Gobierno propone venderle a los empresarios chinos el gas que reciba en especie por regalías a una suma de 1,8 dólares por cada millón de de BTU. Los empresarios chinos pagarían el equivalente a tres años de regalías por adelantado. Esa operatoria de venta del gas arrojaría un ingreso para el Gobierno del orden de los 120 millones de pesos por año.
De todas maneras, esos números deben ser asumidos con mucha cautela pues como se dijo el precio interno del gas en nuestro país (U$S1,2 por millón de BTU) está muy retrasado, pues vale cuando menos un cuarto de su valor regional (promediando el precio que nos cuesta importarlo de Bolivia y el valor al que lo exportábamos a Chile).
Esto significa que con un ajuste que reciba el precio del gas en nuestro país del orden del 50% el precio que pagarían los empresarios chinos, no sería distinto al que recibiríamos sin asumir el riesgo de esa venta.
Debe comprenderse, que aún frente a esa hipotética mejoría del precio del gas en nuestro país estaríamos todavía por debajo del 50% de valor del gas para la región. Ni que hablar si algún día nos acercáramos al valor regional, pues frente a tal hipótesis estaríamos subsidiando el precio del gas vendido a los empresarios de origen chino.
Si bien este es un escenario difícil de pronosticar, a la luz de los vaivenes cíclicos que en ese aspecto ha tenido nuestro mercado gasífero en las últimas décadas (recordemos que el negocio que el gobierno propone abarca casi tres décadas), no sería muy errado pronosticar que cada diez años y luego por ese mismo lapso de tiempo, su valor es cercano al de toda la región en general.
No viene al caso, por la extensión de este artículo, incorporar la importancia, por el peso, que tendrá en los próximos años el valor del Gas Natural Licuado (GNL) pues falta tiempo aún (pero no tanto como las tres décadas que tiene el contrato con los chinos) para que éste compita con el precio de nuestro gas regional; y será allí recién cuando se pueda hablar de un precio internacional del gas.
Sin embargo, debe tenerse presente que este último año el gobierno nacional necesitó recurrir al GNL inyectándolo a los gasoductos nacionales a través del puerto de Bahía Blanca, por medio de dos barcos, uno que trajo el gas licuado (barco metanero) y otro que descomprima el gas para sacarlo de su estado líquido y volverlo a su estado gaseoso (GN). Por ese fluido el Estado Nacional pagó más del doble de lo que le pagamos a los bolivianos. No puede, obviarse el impacto que ello tiene en nuestra matriz energética.
La cláusula de ajuste
Se prevé una cláusula de actualización del precio del gas una vez transcurridos los primeros tres años.
Estamos de acuerdo, que comparando el precio de venta a los chinos, con el valor que tiene el gas en la región, partimos de un precio bajo. La lógica nos lleva a pensar que esos valores tendrán que ajustarse porque además si eso no sucede es muy probable que cada vez haya menos gas en nuestro país, porque nadie ya explore y explote yacimientos y sí lo haga en otros países, donde otras sean las reglas de juego.
Entonces si el precio del gas nacional sube y no sube el supuesto valor internacional, por cuanto en el mundo éste ya es de por si actualmente muy elevado; como la cláusula prevista en el "Memorando de Entendimiento" habla solo del valor internacional es posible que el defasaje en el valor de venta aun se amplíe mas y también por esta vía culminemos subsidiando a los empresarios chinos.
Para evitar esto es necesario que la cláusula de ajuste sea perfectamente bien redactada. En primer lugar no puede dejar de tener en cuenta el valor del gas, tanto nacional como el regional. Y con ello quiero decir, todas, las subas que sus precios puedan experimentar, desde el mismo día que se acordó el precio de venta a los chinos (a razón de U$S 1,8 por millón de BTU), pues será esta la única forma de mantener la ventaja competitiva con que este negocio es analizado por el Gobierno hoy.
Esto, sin perjuicio de que el índice de ajuste se comience a aplicar dentro de tres años; pues, es indispensable que quede bien claro que su inicio, comienza a correr desde el mes de Octubre de 2008 cuando se firmo el "Memorando de Entendimiento", no puede haber ninguna suspicacia al respecto.
En lo que a mi juicio respecta, integraría ese índice de ajustes con una canasta de valores compuesta por (el precio del gas nacional, el regional de importación (desde Bolivia), el regional de exportación (hacia Chile, Uruguay y Brasil) y le asignaría una proporción también al precio del Gas Natural Licuado (GNL) pues en el corto plazo, tendrá un gravitancia de suma importancia en la formación del precio del gas; y no nos olvidemos de las tres décadas que el acuerdo involucra.
Qué debería hacer el Poder Ejecutivo
Si está convencido de la bonanza de la inversión debe seguir adelante rectificando y ajustando a derecho los acuerdos preliminares presentados. El inversor chino lo tiene que entender: es por el bien de todos que las cosas se hagan con corrección. A su vez, debería complementar todo lo que se alega, respecto las bondades de lo convenido, con los informes de los especialistas que sean necesarios.
Si aún así no encontrara la justificación para contratar de manera directa -lo que parece harto difícil- que sea aprobada por los órganos de contralor provincial; entonces debería acometer con una licitación.
Confío en que raudamente el Ejecutivo entenderá que el camino licitatorio es, además del más rápido y sencillo, compatible con un posible adelanto a cuenta que puedan realizar los empresarios chinos interesados, que sea determinante del piso de la licitación.
Pues si estos empresarios fueran vencidos en la puja licitatoria por una mejor oferta, quien resultara ganador, en tanto ese pago fue la base deberá reintegrales el dinero a los empresarios chinos perdidosos.
Hay cláusulas que pueden incorporarse a un acuerdo y luego trasladadas al pliego licitatorio respectivo que, dentro de la legalidad, pueden perfectamente compensar este interés demostrado por estos empresarios.
Para un proyecto de tal magnitud, nada mejor que hacerlo lo más transparente posible. La comunidad toda apoyará inversiones que permitan el desarrollo económico de nuestra provincia. Con apego a las instituciones, transparencia y participación se podrá llegar a un final por todos anhelado.
En cambio si persiste el maniqueo… o esa visión conspirativa… que no se quiere dejar ayudar, nada bueno seguramente podrá resultar.
17/11/08
TIEMPO FUEGUINO