No se dan tregua: el primer ministro británico, David Cameron, reclamó ayer de manera “urgente” a la Unión Europea (UE) que enviara observadores a Gibraltar para investigar los rigurosos controles policiales impuestos por el gobierno de España en la frontera con la colonia mediterránea.
No se dan tregua: el primer ministro británico, David Cameron, reclamó ayer de manera “urgente” a la Unión Europea (UE) que enviara observadores a Gibraltar para investigar los rigurosos controles policiales impuestos por el gobierno de España en la frontera con la colonia mediterránea.
Cameron habló por teléfono con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, ante quien denunció a España de promover operativos “ilegítimos, discriminatorios y con motivaciones políticas”, según comunicó Downing Street.
De esa manera, agravó la crisis diplomática que se inició hace dos semanas cuando el gobierno de Gibraltar arrojó al mar bloques de cemento que impiden operar en las costas del Peñón a una flota de pesqueros artesanales españoles.
En aparente represalia, el gobierno de Mariano Rajoy incrementó los controles de los vehículos que entran y salen del territorio británico, lo que llegó a ocasionar colas de hasta siete horas en la frontera bajo el inclemente sol de agosto.
“España tiene absoluta legitimidad y derecho de actuar como lo está haciendo. No puede ser que la frontera de Gibraltar sea la frontera del contrabando de tabaco gracias a la deslealtad de las autoridades gibraltareñas”, dijo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al rechazar la queja de Cameron.
Londres, en cambio, cree que hay motivos para que la UE sancione a España por aplicar medidas que limitan la libertad de movimiento dentro de un espacio comunitario. Un vocero de Cameron afirmó que su gobierno está recabando pruebas para demostrar la “ilegalidad” de los operativos. Según su visión, la evidencia está en que los controles no son permanentes, sino que se incrementan o se atenúan en distintos momentos del día.
“La naturaleza esporádica de las medidas demuestra su ilegitimidad”, señaló la fuente oficial.
Por lo menos hasta anoche Barroso no se comprometió a actuar con la urgencia exigida por Cameron. Su primer paso será hablar con Rajoy para escuchar las dos posiciones.
Esta crisis genera una enorme incomodidad en la Comisión, obligada a mediar entre dos de los mayores socios comunitarios por una disputa de soberanía con más de 300 años de historia. Barroso se limitó a decir que espera una solución bilateral que “vaya en línea con su pertenencia común a la UE”.
Horas antes de que Cameron levantara el teléfono para hablar a Bruselas, España había elevado su enésima protesta diplomática formal a Londres desde que se reactivó el conflicto. Esta vez, por la construcción de un espigón en la cala este del Peñón de Gibraltar, en una zona donde se prevé el desarrollo de un complejo inmobiliario de lujo en terrenos ganados al mar.
El gobierno de Rajoy considera que es una acción perjudicial para el medio ambiente y que, además, se hace sobre aguas cuya jurisdicción reclama como propia.
Ultimátum de pescadores
Gibraltar es una pequeña península de 6,8 kilómetros cuadrados y 29.000 habitantes. Tiene el estatus de territorio de ultramar del Reino Unido y elige su propio gobierno, aunque Londres retiene el manejo de sus relaciones exteriores y de su defensa (como ocurre con las islas Malvinas).
La frontera lo separa de la ciudad andaluza de La Línea de la Concepción. Los controles impuestos por Madrid perjudican en gran medida a los cerca de 7000 españoles que trabajan del lado británico -mucho más próspero- y cruzan todos los días la frontera.
“Sabemos que los controles afectan y mucho a la gente, pero son necesarios ante la irresponsabilidad de algún dirigente”, dijo ayer Fernández Díaz, en alusión al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
Lo acusó de actuar con “irresponsabilidad y soberbia” por la jugada de arrojar bloques de cemento al mar para evitar que faenen en las costas gibraltareñas los buques pesqueros españoles.
Picardo acusó además a Rajoy de agigantar la crisis para “tapar los escándalos de corrupción” que se investigan en el gobernante Partido Popular. En una reciente entrevista con LA NACION, incluso comparó la actitud del presidente español con la decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri de desembarcar en las Malvinas en 1982.
Mientras la UE analiza cómo será su mediación, se anticipan nuevos episodios tensos. Ayer los pescadores de la Bahía de Algeciras, afectados por las medidas de Picardo, advirtieron que si Gibraltar no remueve los bloques de hormigón que les impiden faenar se organizarán para retirarlos ellos mismos. Hasta lanzaron un ultimátum: esperarán sólo hasta mañana a primera hora.
Por Martín Rodríguez Yebra
17/08/13
LA NACION