El Ejecutivo bonaerense quiere conceder de manera directa a la empresa Tecplata la concesión para construir y operar una terminal en el puerto de La Plata durante 30 años.
El Ejecutivo bonaerense quiere conceder de manera directa a la empresa Tecplata la concesión para construir y operar una terminal en el puerto de La Plata durante 30 años.
Busca competir con la terminal de Dock Sud, saturada de contenedores. La decisión que eludía el llamado a licitación había sido objetada por el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, que explicó a La Política Online porqué finalmente respaldó el proceso….
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, firmaría en los próximos días un decreto mediante el cual se le daría a la empresa Tecplata S.A. la concesión para que instale en el puerto de La Plata, del lado de Berisso, una “Terminal Multipropósito” para aliviar la saturación de contenedores que tiene el puerto de Dock Sud.
Esta concesión, que se extendería por 30 años con la posibilidad de prolongarse por otros 30, tuvo dificultades en primera instancia, ya que el fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski, había presentado un dictamen en el que se objetaba que la concesión a Tecplata estaba siendo realizada de manera directa, sin la correspondiente licitación “nacional e internacional”.
El primer dictamen
El fiscal recibió a LPO en su despacho y brindó a este medio ese dictamen, en el que se detalla que el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y Tecplata S.A. (una sociedad conformada por la argentina Loginter S.A. y la filipina ICTS Inc.) firmaron el pasado 20 de agosto un “Convenio para el otorgamiento de la Concesión de uso en la cabecera Río Santiago Este”, en el que se estipula una inversión de U$S 207.434.190.
En el dictamen, el fiscal afirma que se obvió el “procedimiento de selección que asegure la concurrencia en el acceso al negocio público” y agrega que el mismísimo Reglamento del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata publicado en el Boletín Oficial el primero de abril de 2008 “establece claramente como regla la licitación pública, siendo éste el mecanismo de selección utilizado en nuestro país para asegurar los principios de publicidad y concurrencia”.
Por este dictamen empezó a circular en La Plata la idea de que el fiscal había frenado las obras y en los medios locales incluso se habló de malestar entre los industriales, empresarios y miembros del Consorcio. Pero estas versiones fueron desmentidas tanto por Francisco Gliemmo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) del Gran La Plata y uno de los directores del Consorcio, como por Diego Amigo, otro de los directores del Consorcio, representante de la Municipalidad de La Plata.
Ambos directores coincidieron al declarar a La Política Online que en ningún momento hubo malestar, sino que por el contrario consideraban necesaria la intervención del fiscal, ya que el Consorcio “al ser un ente público debe atravesar esos procedimientos legales”.
Gliemmo además afirmó que el Puerto de La Plata es el puerto fluvial más importante del país “porque es el primero que le da la entrada al gran mundo”, pero que sin embargo “no tiene estructura para que pueda funcionar como tal”. Es por esto que un contrato de tal envergadura, es muy “provechoso para la Provincia”.
Lo que también fue desmentido fue el concepto de “obstaculización” para la construcción de las terminales. Desde la Fiscalía aclararon que eran conscientes del beneficio que trae a la Provincia este contrato, pero que únicamente le pidieron al Gobierno que hiciera “las cosas bien desde el principio”.
El nuevo dictamen
El fiscal Szelagowski brindó a LPO el nuevo dictamen, en el que se afirma que tras un informe del Banco Mundial “en el cual se expone que el movimiento de contenedores va a producir una saturación en la capacidad de las terminales portuarias contiguas a la ciudad de Buenos Aires a partir del año 2008”, la Subsecretaría de Actividades Portuarias puso de manifiesto que las medidas que deben adoptarse para entender “el creciente volumen de carga proveniente del tráfico marítimo, no admiten dilación”.
Esto quiere decir que el problema de saturación de contenedores es de tal urgencia, que desde el Gobierno de Daniel Scioli requirieron una excepción para el otorgamiento directo de la concesión a Tecplata.
A esto no se opuso el fiscal, pero colocó el asunto “bajo responsabilidad de los funcionarios a cargo de la política portuaria” y puso como condición que “la vigencia del contrato de concesión que eventualmente se suscriba deberá sujetarse a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, mediante el dictado de un Decreto que avale las razones de necesidad y urgencia que la justifican”.
El fiscal esperaba que el decreto fuera firmado hoy por Scioli, pero fuentes del Ministerio de Producción bonaerense adelantaron a La Política Online que “los abogados están trabajando en la ingeniería legal” del decreto para no cometer ningún error, por lo que sería rubricado en los próximos días.
La Política Online
27/10/08
TOTAL NEWS AGENCY