El nivel de actividad en la industria pesquera de esa provincia sigue con altibajos que configuran un escenario de recurrente conflictividad. El Estado comprará materia prima para que una planta mantenga la mano de obra. El STIA reclama un fondo anticrisis.
El nivel de actividad en la industria pesquera de esa provincia sigue con altibajos que configuran un escenario de recurrente conflictividad. El Estado comprará materia prima para que una planta mantenga la mano de obra. El STIA reclama un fondo anticrisis.
La localidad de Puerto Deseado sigue siendo el termómetro de la pesca santacruceña, la cual ha estado signada por la caída de la actividad de las plantas y un recurrente escenario de conflictividad. Por estas horas, una de las empresas está con un piquete en su ingreso por acumulación de deudas salariales, y otra recibirá una especie de salvataje estatal por medio del cual la Provincia comprará materia prima para procesar, y los productos serán vendidos por el Municipio deseadense, y esos recursos se abonarán los sueldos y cancelarán los salarios caídos, en lo que representa una inusual forma de salir de un conflicto.
El titular del Sindicato de la Alimentación, Víctor Aguilar, reconoció que el sector se encuentra inmerso en una situación grave y compleja, al tiempo que reiteró sus quejas por la inacción del gobierno de Santa Cruz a quien le atribuyó responsabilidades por la falta de diseño de una política pesquera provincial.
“Estamos en conflicto con la empresa Vieira que ha trabajado bien, ha exportado sus productos, y ya llevan dos quincenas sin abonar los sueldos de los trabajadores. En este momento llevamos adelante una medida de fuerza en las afueras de la planta, estamos en pleno invierno en la Patagonia con temperaturas muy bajas y tenemos que estar en la calle reclamando por el salario de la gente”, sintetizó Aguilar al describir los acontecimientos más recientes de pesqueras con problemas en Puerto Deseado.
En tanto, dijo que desde la compañía “se argumenta que no tienen plata y están esperando una transferencia de España para poder pagar, pero ya se han acumulado dos quincenas, lo que llevó a la gente a iniciar medidas de fuerza reclamando que se le paguen los salarios por el trabajo realizado”, precisó.
“Cada vez que surgen estos problemas tenemos que volver a insistir que todas estas cuestiones ocurren porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz tiene una marcada desatención sobre lo que acontece en la pesca. Santa Cruz no tiene una política pesquera, faltan reglas claras, porque hay empresas que han pescado bien, exportan bien, pero después no tienen para hacer frente a los salarios y terminan pidiéndole al Estado que cumpla con obligaciones que le son propias a los empresarios”, cuestionó el delegado del STIA al cuestionar el accionar de la administración de Daniel Peralta.
“La gente sigue esperando cobrar, lo que en realidad a Vieira SA le representa 180 mil pesos, lo cual no es un monto significativo dentro de la empresa. En realidad, lo que faltan de fondo son reglas claras en el sector pesquero”, opinó el dirigente sindical santacruceño.
Asimismo, bregó para que se legisle en esa provincia y se dé un marco normativo particular sobre la industria pesquera, ya que considera que de ese modo se evitarían en parte los conflictos, que de manera recurrente, han sido moneda corriente en el sector.
“No podemos entender por qué razón desde el gobierno provincial no se están tomando medidas de fondo. Planificando, haciendo más previsible lo que ocurre en la pesca. Siempre se llega atrás de los problemas. Pareciera que para el gobierno de Santa Cruz la pesca no es una prioridad, y nos seguimos dando la cabeza contra el piso porque no hay reacción oficial para anticiparse a los conflictos”, se lamentó.
Santa Elena: todos ponen
Por otro lado, Víctor Aguilar se refirió a la particular mecánica de asistencia estatal que está recibiendo la pesquera Santa Elena de Puerto Deseado. “Veníamos con un atraso en el pago de las quincenas. En realidad es una empresa que ha tenido una administración desastrosa y por eso ha estado siempre en problemas. Al dueño se le fue de las manos, no pudo manejar la situación. Hace productos diferenciales, y no depende ni del fresco ni del langostino, pero por su propia ineficiencia llevó a la empresa a ese estado”, cuestionó en inequívoca alusión a Alfredo Pott.
En tal sentido, dijo que “el gremio ha tenido que salir a poner la cara para que la Provincia le dé una ayuda y poder sobrellevar la situación. Hay cien familias que dependen de esa fuente laboral, y eso fue lo que nos llevó a involucrarnos en establecer un convenio con la Provincia y el Municipio, para poder poner esa planta en marcha”, explicó. “Lo que hicimos fue buscar una opción y se firmó un convenio: el Estado provincial pone la planta para comprar materia prima, surimi, al igual que los fondos para pagar las quincenas. Y, de este modo se va a ir destrabando la situación desesperante en que se encontraban esos trabajadores”, añadió Aguilar.
“Siempre volvemos al mismo punto. Se llega a esta circunstancia por la falta de acción y de control de parte del gobierno, y al final tiene que salir a apagar los incendios que se dan en Puerto Deseado en cuanto a la actividad pesquera”, insistió.
Fondo anticrisis
“Desde hace ocho años venimos pidiéndole al gobierno que ponga en vigencia un fondo de crisis que debería surgir de aportes de las mismas empresas. De esa manera el Estado no debería poner plata cuando las pesqueras se demoran con el pago de las quincenas. Esto no se ha hecho, y de estar en vigencia seguramente estos conflictos que tenemos serían evitables y solucionables más rápido”, interpretó el referente santacruceño del STIA.
Aguilar señaló a REVISTA PUERTO que ese fondo anticrisis debería estar compuesto por alrededor de siete millones de pesos, al que se podría recurrirse cuando alguna empresa está con dificultad financiera de abonar salarios en tiempo y forma, y serviría como colchón para amortiguar conflictos que siempre al final del camino es el erario público el que sale a hacer frente.
“Hemos perdido casi quinientos puestos de empleo en la pesca en Santa Cruz. Eso representa alrededor de un treinta por ciento de la mano de obra ocupada que había”, precisó al dar cuenta de qué manera se ha ido expulsando trabajadores de las diferentes empresas.
Por Nelson Saldivia
18/08/11
REVISTA PUERTO