Es urgente terminar con todas las trabas burocráticas y encarar la obra, tan necesaria, con una firme voluntad política.
Es urgente terminar con todas las trabas burocráticas y encarar la obra, tan necesaria, con una firme voluntad política.
La contaminación del Riachuelo es un problema de larga data y todavía de distante solución.
Se ha cerrado ahora un tramo en un proceso más que moroso: se retiró el último buque en desuso que se hallaba en una de sus márgenes. Ya no quedan ahora más barcos que extraer de sus lóbregas aguas, ni llevar a otro amarradero para su disección final.
Junto con esa novedad, el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, hizo saber que el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo insumirá todavía seis años, lapso arduo de remontar para las expectativas de sus cinco millones de habitantes.
Según informó el funcionario citado, la etapa que seguirá durante un trimestre consistirá en concluir con la inspección de las fábricas que vuelcan sus efluentes en la cuenca, razón principal del deterioro.
El siguiente paso consistirá en asegurar que se detenga la descarga de material intoxicante en el río. Luego habrá que esperar cinco años más para que concluya la labor de saneamiento.
Alrededor de 500 son las fábricas instaladas en la cuenca, 92 de ellas se encontrarían en proceso de reconversión de la descarga de sus efluentes, según dijo el secretario de Ambiente. Esa afirmación choca con lo declarado hace algo más de un mes, en ocasión de una audiencia de la Corte, en la cual se sostuvo que sólo diez empresas habían comenzado realmente con la conversión señalada.
Es obvio, como expuso Mussi, que "de nada sirve limpiar el Riachuelo, si no se impide que se siga volcando material contaminante". Es una cuestión admisible, por otra parte, que haya empresas que no pueden financiar las obras por efectuar, pero de ninguna manera es posible aceptar, en cambio, que haya otras fábricas a las que no les importe hacerlo, como dijo el funcionario.
Unas y otros deben cumplir con las obras pertinentes, porque hay razones prioritarias de salud de la población que así lo exigen. En esas tratativas, los gobiernos comprometidos con el saneamiento (tanto el nacional como el bonaerense y el de la capital) son los que tienen que instrumentar los recursos para que puedan efectuarse las reformas indispensables.
Nos encontramos ante un gravísimo problema de degradación ambiental que pone en riesgo todas las formas de vida, un problema que es muy antiguo y sobre el que mucho se habló y se prometió pero muy poco se hizo. Por lo tanto, lo que tienen que concluir son las demoras burocráticas para encarar una obra tan necesaria, cuestión que no se solucionará sin una firme voluntad política que, tras años de dilaciones, todavía sigue sin verse.
17/05/11
LA NACION