El gobierno uruguayo analiza la construcción de una segunda terminal portuaria; cruces con la actual concesionaria.
El gobierno uruguayo analiza la construcción de una segunda terminal portuaria; cruces con la actual concesionaria.
Las aguas del puerto de Montevideo están agitadas. Lo que causa el revuelo no es una tromba marina, sino la posibilidad de que el gobierno de Tabaré Vázquez llame a licitación para construir una segunda terminal de contenedores.
La idea generó tal movimiento que hasta hizo que un diplomático pronunciara declaraciones públicas de un tenor poco frecuente en los representantes extranjeros. El embajador de Bélgica ante la Argentina, Paraguay y Uruguay, Koenraad Rouvroy, advirtió en Montevideo, a fines de febrero pasado, que su gobierno protegerá las inversiones de Katoen Natie (KN) en Uruguay, socia mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), concesionaria del puerto hasta 2033.
"Es la primera razón de mi visita al país. Mi gobierno me pidió que transmitiera la preocupación en cuanto al porvenir de este proyecto", dijo Rouvroy frente a una numerosa concurrencia que participaba de la inauguración de las nuevas oficinas de KN. Entre todos, sin embargo, se destacaba el presidente del puerto de Montevideo, Fernando Puntigliano, uno de los impulsores del proyecto.
El funcionario no sólo hizo público su apoyo a la construcción de una segunda terminal de contenedores, sino que dijo que hay nueve empresas interesadas en el proyecto. LA NACION intentó comunicarse sin éxito con Puntigliano y con el ministro de Transporte, Víctor Rossi. La administración de Tabaré Vázquez argumenta que la necesidad de la obra es inmediata, ya que el año pasado la operativa en el puerto local creció el 15 por ciento y lo mismo pasó en la región.
Esos argumentos son el eje central de la crítica de KN, que tiene el 80% del paquete accionario de TCP; el 20% restante está en manos del Estado.
Mientras KN encargó un estudio privado para medir la actividad portuaria en la región y proyectar la capacidad del puerto montevideano, Jaime Trobo, diputado por el Partido Nacional, convocó al ministro Rossi y a Puntigliano para que expliquen ante la Comisión de Transporte de dónde surgieron los números difundidos (que hablan de un inminente colapso) y cuál será la postura que asumirá el país.
"Uruguay no puede correr riesgos en cuanto al desarrollo de su capacidad portuaria, pero tampoco meterse en un litigio internacional. Es necesario analizar con prudencia, teniendo en cuenta el interés nacional del Estado y de las empresas privadas que invirtieron", dijo Trobo a LA NACION.
La advertencia del embajador belga fue clara: "Juntos podemos encontrar soluciones, pero teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos que existen entre nosotros", como el tratado bilateral de protección de inversiones.
KN anunció que demandará al Estado uruguayo si abre el juego a un segundo competidor. Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales, evaluó que "técnicamente" no es el momento para construir una segunda terminal. "El mercado que capta Montevideo es de tránsito y trasbordo. TCP trabaja en una ampliación que triplicará la actual capacidad. Otra terminal generará sobrecapacidad y nuestro retorno económico ya no será redituable, de modo que se incumpliría lo estipulado en el contrato", explicó a LA NACION.
Hasta ahora, el gobierno uruguayo no decidió qué hará con el tema. El cierre de la presentación en la que KN desestimó los números oficiales para avanzar con la segunda terminal refleja el ánimo de la empresa: "No importa qué tan rápido puedes correr si estás corriendo en la dirección equivocada". Por Florencia Carbone
11/03/08
LA NACIÓN