Una jueza federal de Washington falló en contra de tres grupos ambientalistas que entablaron una demanda contra un plan de administración para las operaciones de acuicultura oceánica en el golfo de México. Según este plan, que el Gobierno todavía no aprobó, las operaciones podrían producir hasta 64 millones de libras anuales de pescado.
Una jueza federal de Washington falló en contra de tres grupos ambientalistas que entablaron una demanda contra un plan de administración para las operaciones de acuicultura oceánica en el golfo de México. Según este plan, que el Gobierno todavía no aprobó, las operaciones podrían producir hasta 64 millones de libras anuales de pescado.
La jueza de distrito Gladys Kessler consideró que la Red de Restauración del Golfo, Food and Water Watch y Ocean Conservancy carecían de legitimación procesal. Y concluyó que la demanda no se podía fundamentar porque todavía no se implementó la normativa federal pertinente para el plan.
“Las granjas acuícolas oceánicas producen pescado de baja calidad para los consumidores debido a la superpoblación de animales y al uso de antibióticos, y además perjudican el medioambiente oceánico circundante”, afirmó la directora ejecutiva de Food & Water Watch, Wenonah Hauter.
“Ante la situación por la que atraviesa el Golfo, es importante que evitemos agregar otros factores que puedan poner en peligro la salud ambiental o socioeconómica de la región. No hay granjas acuícolas en las aguas federales de la costa de Estados Unidos por una buena razón, y la situación debería mantenerse tal cual está”, añadió Hauter.
A pesar de que el Consejo de Administración Pesquera del Golfo de México aprobó el plan en enero, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) no tomó ninguna medida aún. La explicación dada es que se trata de una operación excepcionalmente amplia y que el plan generó “preocupaciones importantes en materia de política nacional para determinar la manera de regular la acuicultura oceánica”.
La implementación del plan del Golfo permitirá que se lleven a cabo en la próxima década entre cinco y veinte operaciones de acuicultura oceánica, informa Courthouse News.
“No era prudente tomar acciones respecto [del plan], dada la ausencia de una política nacional integral”, dijo el NMFS al consejo local.
El plan fue aprobado automáticamente porque el NMFS se negó a tomar una decisión en el término de 30 días. No obstante, la medida no entrará en vigor antes de que la agencia apruebe la implementación de las regulaciones y organice las audiencias adicionales.
Los tres grupos conservacionistas denunciaron que la acción del Gobierno viola la Ley de Administración y Conservación Pesquera Magnuson-Stevens y la Ley de Procedimientos Administrativos.
Sin embargo, la jueza Kessler aclaró que los grupos no podían demostrar que el plan los perjudicaría.
“La agencia no tomó una decisión final y no se permitió que se lleve a cabo la acuicultura. Por lo tanto, no hubo daño y la cuestión no es pasible de acción judicial”, destacó Kessler.
A pesar de que el tribunal admitió que los grupos podrían tener fundamentos para una demanda una vez que las regulaciones entren en vigor, determinó que la Constitución “no concede la facultad a los tribunales para fallar de antemano ante daños potenciales que no son ni reales ni inminentes”.
En mayo pasado, se presentó un proyecto de ley para establecer una moratoria nacional sobre la acuicultura oceánica. La Ley de Responsabilidad y Oportunidad para la Acuicultura y la Investigación brindará alivio para los frágiles ecosistemas marinos, incluyendo los que fueron afectados recientemente por el derrame de petróleo de BP en el Golfo, y podría prohibir la acuicultura hasta que se lleven a cabo más estudios sobre los efectos ambientales y económicos de la actividad.
Cabe destacar que el Congreso está estudiando un proyecto de ley conflictivo: la Ley Nacional de Acuicultura Oceánica Sustentable de 2009, que creará un programa de acuicultura oceánica federal.
Por Natalia Real
18/08/10
FIS.COM