El restablecimiento de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos se ha incluido en la agenda política y legislativa de estos días. La necesidad del mantenimiento de su vigencia ha recibido apoyos unánimes desde los Concejos Deliberantes de Deseado y San Antonio Oeste, precedidos por una declaración de la Legislatura de Chubut a la que se sumó un proyecto de resolución del diputando provincial Carlos Pascuariello a favor de la prórroga del régimen.
El restablecimiento de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos se ha incluido en la agenda política y legislativa de estos días. La necesidad del mantenimiento de su vigencia ha recibido apoyos unánimes desde los Concejos Deliberantes de Deseado y San Antonio Oeste, precedidos por una declaración de la Legislatura de Chubut a la que se sumó un proyecto de resolución del diputando provincial Carlos Pascuariello a favor de la prórroga del régimen.
Por su parte, los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación desde hace tiempo vienen bregando en el mismo sentido. Con matices pero con igual propósito se cuentan proyectos de la ex senadora Marta Raso y de los senadores Nicolás Fernández, Norberto Massoni, Miguel Pichetto y Luis Falcó y del diputado Daniel Gallo, entre otros.
Ahora bien cabe preguntarse cuales son las razones que justifican el restablecimiento de este sistema. Recordemos que el propósito indudable de la ley 23.018 fue crear un mecanismo que compensara de alguna manera las desventajas de lejanía y comunicación de la región patagónica con relación a otras regiones del país. El reembolso adicional no es por lo tanto ni debe ser entendido como una ventaja comercial sino como un instrumento indispensable para el desarrollo de una zona desventajosa y difícil en la que se hace necesaria la intervención del Estado para promover el desarrollo de su población, mejorar la infraestructura existente y apoyar a las actividades productivas, atemperando las dificultades que se originan por la dureza de su clima, las grandes distancias y la falta de integración real con el resto del país y con el mundo.
Parece innecesario sobreabundar en conceptos acerca de la justicia y de la conveniencia que dieron origen al régimen de los reembolsos adicionales a las exportaciones por puertos patagónicos. Lo que quizás no resulte tan obvio es que la mayoría de las razones subsisten en la actualidad y que por lo tanto su restablecimiento se convierte en una necesidad.
Teniendo en cuenta que gran parte de la actividad productiva de la Patagonia está orientada a la exportación se debe entender que de no aplicarse políticas diferenciadas sería ilusorio pretender que productos tan diversos como frutas y jugos de frutas, pescados, crustáceos y moluscos, lanas, pelos, crines, cueros, minerales, hidrocarburos y sus manufacturas puedan ser competitivos en los mercados internacionales con otros, muchos de los cuales reciben fuertes subvenciones por parte de sus países de origen.
Si por miopía egoísta, cálculos electoralistas, falta de comprensión o cualquier otro motivo, el sistema de reembolsos se derrumbase, también se estaría poniendo en riesgo la incipiente pero promisoria recuperación de las economías regionales patagónicas sostenidas en gran parte por el crecimiento del comercio exterior.
La sanción de una ley que restituya los reembolsos a los niveles previos a su decrecimiento se explica acabadamente si se considera que en la Patagonia se pagan salarios en promedio un veinte por ciento más altos por zona desfavorable, que los traslados del personal hacia sus lugares de trabajo son afrontados en general por las propias empresas, que éstas muchas veces deben hacerse cargo de la edificación de viviendas o del pago de los alquileres para la radicación de sus técnicos y profesionales, que la construcción de ciertas obras de infraestructura básica deben ser también solventadas por las empresas.
La estructura de mayores costos para la actividad industrial pesquera patagónica incluye la necesidad de bombeo del agua que se utiliza diariamente, el mantenimiento de toda la tripulación de seguridad a bordo, mientras que en otros puertos cuando los buques no operan quedan a cargo de un sereno, el tener que cubrir grandes distancias para llevar los buques para reparaciones a los astilleros, el traslado en camiones desde Buenos Aires de enormes volúmenes de insumos que requiere la producción, el pago de mayores precios por el impacto del costo de los fletes, los altos precios de pasajes para los viajes internos además de las dificultades que se originan por la falta de vuelos.
Para resolver y atender satisfactoriamente estos factores que distorsionan el desarrollo armónico de nuestro país y sus regiones, el constituyente reformador de 1994 sancionó la que se ha llamado “la nueva cláusula del progreso” (Artículo 75 inc.19 de la Constitución Nacional) disponiendo que el Senado de la Nación tiene la atribución, como cámara de origen, para promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Es precisamente en el cumplimiento de esta pauta de rango constitucional en la que se debería fundar la reinstalación de los reembolsos por puertos patagónicos para subsanar de alguna manera las asimetrías y desigualdades que históricamente existieron entre la Patagonia y las regiones centrales de nuestro país. Reconocer que hay desigualdades y actuar para resolverlas es la manera de conectar la igualdad jurídica con la igualdad real.
05/02/07
PESCA & PUERTOS