Tras recibir una citación judicial, pescadores artesanales que viven desde hace varios años en Playa Bengoa se movilizaron ayer a Puerto Madryn para asesorarse legalmente; ya que nuevamente hay un intento de desalojo.
Tras recibir una citación judicial, pescadores artesanales que viven desde hace varios años en Playa Bengoa se movilizaron ayer a Puerto Madryn para asesorarse legalmente; ya que nuevamente hay un intento de desalojo.
La historia se repite en las playas del Golfo San José; donde hace varios años los pobladores asentados sobre la costa enfrentaron intimaciones judiciales para quedarse en su lugar. En algunos casos, llegaron a ganarles juicios a los dueños de los campos. En otros, frenaron los embates de algunos sectores del Estado.
Esta vez, el conflicto comenzó el año pasado –cuando la Policía fue a constatar una denuncia sobre ocupación-, pero recién explotó la semana pasada, cuando la jueza de paz de Puerto Pirámide se trasladó hasta Bengoa para notificar a los pobladores sobre el expediente "El Caracol S.A., sobre desalojo" iniciado en el juzgado de ejecución del doctor Luis Mures en Puerto Madryn. La firma, sería propiedad de Daniel Redondo y Martín del Villar.
Con once días de plazo para iniciar su descargo, los pescadores ya tomaron contacto con un representante legal en Madryn. Y también estuvieron en Puerto Pirámide, donde se reunieron con la secretaría de Derechos Humanos de la CTA Madryn/Pirámide; para estudiar los pasos a seguir.
Conflictos históricos
Por la forma en que se desarrolló la actividad en los últimos años, playa Bengoa actualmente es el asentamiento de pescadores artesanales más grande de Península Valdés. Unas 50 personas viven en forma estable sobre la playa y en la temporada de marisco –cuando habilitan la recolección de vieyras- la población se triplica.
Constantemente, los pescadores que viven todo el año reciben asistencia de la comuna de Puerto Pirámide y el gobierno provincial: les envían leña, garrafas y agua potable; y también les dieron ayuda para mejorar su situación habitacional y algunas heladeras para conservar los pescados y mariscos.
Entre los habitantes, hay pobladores históricos como don Atilio Idiarte, quien a sus 81 años aún permanece en su casa de siempre en la costa: es un pescador que vivió la transición desde la cacería de lobos hasta la declaración de Patrimonio de la Humanidad y el ecoturismo. O don Héctor Ricci, quien tiene 75 años y hace varias décadas que habita la playa.
En los juicios por desalojo iniciados en otras playas, los pescadores ganaron la contienda; ya que –por ley- el límite de los campos termina a una distancia prudencial de las líneas de marea más altas: la playa es jurisdicción nacional y de uso público. También se tuvo en cuenta la permanencia histórica de los pobladores, que plantaron soberanía en un lugar que durante muchos años estuvo deshabitado. Y la actividad emblemática que desarrollan, distintiva de la región. Por parte de los dueños de los campos, siempre se alegó sobre las desventajas que les ocasiona el establecimiento poblacional en la playa aledaña a sus propiedades; aunque la convivencia pacífica siempre primó por sobre las controversias judiciales.
30/04/08
EL CHUBUT