¿Qué se entiende por “seguridad jurídica?

El meneado tema de la “seguridad jurídica” a pesar de lo simple que parezca el concepto en todo el mundo, en Argentina es una verdadera entelequia, sobre todo para los funcionarios del gobierno.

El meneado tema de la “seguridad jurídica” a pesar de lo simple que parezca el concepto en todo el mundo, en Argentina es una verdadera entelequia, sobre todo para los funcionarios del gobierno.

El nuestro es un país donde -desde tiempo inmemorial- se dice que “los contratos se escriben únicamente para ser violados” y de allí la existencia de “letra chica” en todo tipo de compromiso.

Sin embargo, esa idea que aparenta consolidar la costumbre de incumplir,  hace mención -justamente- a la seguridad jurídica ya que, si uno se equivoca y no lee con detenimiento lo que se firma, posiblemente quede expuesto a serias pérdidas o abusos que deberá verse obligado a cumplir.

El tema de la “seguridad jurídica” entonces no es un punto que esté en cuestión entre particulares más o menos pícaros o mal intencionados.

No es un tema exclusivamente tarifario, como asume la miopía de la burocracia. Ni es “un concepto horrible” como señaló el Viceministro de Economía Axel Kicillof ante el Congreso Nacional.

Es un asunto de Estado.

Y, en esta materia, son realmente escasos los ejemplos de Estados cuyos funcionarios generen “inseguridad jurídica”, ignorando la Constitución Nacional y desconociendo en los hechos las propias leyes del país.

Porque todo Estado debe su existencia al hecho de hacer cumplir dentro de su territorio su voluntad y sus políticas, expresadas bajo la forma de legislación.

Esto explica por qué en casi todo el mundo más que “horrible” el concepto se considere “sagrado”.

En general, este concepto no guarda relación con los regímenes políticos ni con el grado de desarrollo, porque son igualmente celosos de su “seguridad jurídica” países comunistas como China, monarquías como Arabia Saudita o democracias latinoamericanas como son Chile y Uruguay.

Pero en los últimos tiempos, Argentina es un manual insuperable de inseguridad jurídica que nos remonta a épocas anteriores al año 1215, cuando el rey inglés conocido como Juan Sin Tierra aceptó que las leyes estaban por encima del soberano y suscribió la Carta Magna.

La mayor parte de los problemas que se han generado en el sector energético (y en toda la economía) están basados en la violación sistemática de las normas -incluida la propia Constitución reformada en 1994 nada más ni nada menos que a manos de quien debería defenderlas, es decir, el Estado, obviamente administrado por los funcionarios que componen el gobierno.

Pese a estar aparentemente muy regulado, el nuestro es un país sin reglas, especialmente cuando

éstas deben aplicarse a la autoridad.

Como tal, toda nuestra geografía conforma un ámbito impredecible, que no logra inspirar confianza ni en sus propios ciudadanos, que huyen hasta de la moneda nacional.

Si la confianza en el respeto a las reglas de juego es fundamental hasta para un micro-emprendimiento, es un factor mucho más importante especialmente en sectores que -como es la energía-desarrollan proyectos capital intensivos, con horizontes lejanos, a 20 o 30 años de distancia.

Esto se pudo comprobar en el resultado de los recientes viajes del Ministro de Planificación por China, Rusia y Brasil realizados para interesar a empresas de esas naciones en el proyecto de las represas del Río Santa Cruz, que -recordemos- ya fueron licitadas sin éxito en dos oportunidades y que aún no cuentan con un proyecto para interconectarlas con el resto del país.

También a la ausencia de este “horrible” atributo obedece  la dificultad que está encontrando YPF para conseguir socios y financiamiento genuino para su plan, pese a que estaría supuestamente respaldado en la producción de hidrocarburos, convencionales y los supuestamente extraordinarios  recursos  gasíferos de “Vaca Muerta”.

En todas las reuniones con petroleros internacionales (desde las empresas estatales chinas, rusas a la privada ExxonMobil) se ha hecho presente la preocupación de los potenciales inversores por un “marco normativo” que fije por ley condiciones de desarrollo y un ambiente seguro para el inversor, por ejemplo, con garantías fiscales, libre disponibilidad del producto y la posibilidad de repatriar el resultado de sus inversiones.

A la ausencia de “seguridad jurídica” se debe igualmente que la mayoría de las obras eléctricas en base a energías renovables no hayan comenzado, y que las pocas que sí lo hicieron estén paralizadas, ante

– la incertidumbre de cómo se materializará la política tarifaria establecida en sus contratos.

También la alta indisponibilidad debido a la falta de inversión en mantenimiento que afecta al resto del parque de generación de energía.

Los subsidios y las importaciones energéticas, que desangran nuestra economía y que crecen a razón de 50% anual, también son hijas directas de todo lo que no ha podido hacerse a causa de la inseguridad jurídica que ostentamos.

Este factor desvalorizante motiva que las calificadoras de riesgo estén poniendo en negativo con tendencia a empeorar  a casi todas las empresas que operan en el país, elevando hasta lo imposible la tasa de interés que deberán pagar por los préstamos que requieran.

Hace años que vivimos con reglas suspendidas, aplicando mecanismos provisorios y arrasándolo todo con constantes cambios  de criterios. 

11 años inmersos en la política de la discrecionalidad  y del “parche”.

Amparados por una “Ley de Emergencia Económica” que se renueva invariablemente a fin de cada año, y que mediante “poderes extraordinarios” permite al Gobierno alterar el Presupuesto Nacional, modificar la inversión pública y hasta considerar las sentencias judiciales contra el Estado como un deber de cumplimiento optativo.

Esto ejerce su efecto negativo sobre todas las actividades,  debilitando al Estado Nacional y generando el descrédito del gobierno.

Esta conducta interna, se proyecta casi sin variantes a nivel internacional, ya que desconocemos las  desagradables condenas en nuestra contra; y, como símbolo de nuestro proceder,  la Fragata Libertad quedó embargada a disposición de un juez africano que se rehúsa a liberarla hasta que el país no pague una sentencia en los tribunales estadounidenses.

Pese a los anuncios,  nunca se dictó una nueva Ley de Hidrocarburos que hubiera dotado de “seguridad jurídica” al sector, pero YPF pasó del dominio privado al público; curiosamente siendo estatizada por la misma administración que se deshacía en alabanzas sobre la gestión privada de los mismos operadores a los que, 60 días después, acusó de vaciamiento.

Las provincias recibieron por una Ley la potestad sobre los yacimientos ubicados en su territorio, pero un decreto virtualmente les arrebató el control sobre lo producido sólo 24 meses más tarde.

En 2007 se comenzó a promover la producción de biodiésel y, repentinamente no sólo se deja sin efecto esa normativa, sino que se grava a esa industria con nuevos impuestos (retenciones móviles) al tiempo que por “resolución” se rebajan los precios internos de sus productos.

Esta nueva muestra de inseguridad provocó el cierre de varias empresas y la suspensión  de proyectos por miles de millones de dólares. Y éramos el segundo productor mundial.

Hemos visto al Estado intervenir groseramente en el manejo empresario -no en base a las necesidades estratégicas del país- sino para cubrir gravísimas falencias políticas, de gestión y/o las urgencias electorales de un grupo en el poder.

Y esto agudiza la percepción de que el país está reglado por el capricho y la desorganización.

Las promesas y “garantías personales” -aunque provengan de un Ministro del gobierno o de la máxima autoridad no equivalen a la “seguridad jurídica” característica de un Estado. Ni tienen el mismo efecto.

Donde existe el respeto por las propias normas, no se necesitan ese tipo de “garantías”.

Todo funciona con cierto piloto automático y el comandante traza el curso hacia el destino elegido por los pasajeros (no por él) y sólo debe actuar en momentos específicos, cuando se requiere ajustar alguna variable para llegar al lugar elegido.

Lo que está en juego es si en el futuro vamos a actuar con la Ley en la mano, o si seguiremos decayendo por carecer de ella.

Por Carlos José Aga

18/10/12