Piquetes y vandalismo complican las perspectivas del comercio exterior

El Comité de Seguridad Marítima de la OMI investiga la actitud del SOMU y sus consecuencias.

El Comité de Seguridad Marítima de la OMI investiga la actitud del SOMU y sus consecuencias.

La Argentina es una permanente paradoja. De otra forma, resulta difícil explicar cómo el Gobierno tolera los ataques a la misma comunidad internacional a la que, después, se le pide ayuda en temas como el de la Fragata “LIBERTAD” o la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Este lunes, dos ex combatientes de Malvinas pertenecientes a “La Gaucho Rivero”, en compañía de unos 300 manifestantes de la agrupación “Quebracho” se presentaron en las oficinas de Shipping Services Argentina SA, de Alem 986, C.A.B.A. Allí avisaron que no le permitirán al crucero “AIDACARA” el ingreso a los puertos de Ushuaia y Puerto Madryn, y que, además, intentarán bloquear su acceso a Buenos Aires, previsto para mañana, si la compañía armadora no comunica formalmente que cancelará sus visitas a las Islas Malvinas.

“Mientras tanto, un reducido grupo cercano a las 40 personas se adelantó e irrumpió en el edificio y, en un acto vandálico, rompió instalaciones, vidrios, y cortó el tránsito de la avenida en la que se encuentran nuestras oficinas”, dijo a Transport & Cargo Santiago Díaz Mathe, director de Shipping Services Argentina SA.

Al parecer, las agrupaciones agresoras, asumieron las funciones gubernamentales para cambiar de facto la normativa vigente. Los buques de cruceros, foco de las amenazas, poseen todos los permisos emitidos por el Gobierno nacional, a través de la Secretaria de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para realizar los itinerarios previstos.

La agrupación Gaucho Rivero ya tiene antecedentes en la materia. El año pasado negaron el amarre a los buques “Star Princesa”y “Adonia” en Ushuaia. La razón de entonces fue que navegaban con banderas de Bermuda e Inglaterra, además de incluir a las Islas Malvinas en sus itinerarios.

Posible relación

Como si se tratara de un calco, el atropello producido en Shipping Services Argentina SA, se asemeja a las medidas de fuerza impulsadas por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SOMU) que encabeza el ultra kirchnerista Omar Suárez. Éstas apuntan a demorar hasta 12 horas el servicio de remolque a los buques de bandera extranjera y a la negación del servicio para barcos británicos o de armadores británicos.

Son tantas las similitudes que un experimentado dirigente sindical se atrevió a decir: “Suárez tiene la billetera y agrupaciones, como la Gaucho Rivero y Quebracho, el poder de choque”.

No es mala la intención de Suárez por recuperar la marina mercante y el pabellón nacional, siempre y cuando la actitud no afecte a los buques bajo bandera de conveniencia. De hecho, los buques registrados bajo estas banderas tienen una participación de más del 50% del total de las unidades que transportan las cargas y bienes del comercio exterior argentino. Bajo estos registros, existen cruceros, buques de contenedores, graneleros, tanqueros y gaseros, estos dos últimos son piezas fundamentales en el abastecimiento de la matriz energética de la Argentina.

Panamá es el primer registro de buques del mundo con 7.986 unidades y los demás países se encuentran en los primeros 10 lugares, representando el 70% de la flota mundial.

Hechos de piratería

No es casual entonces, que el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) haya abierto una investigación sobre la actitud del SOMU y sus consecuencias en la Argentina. Este comité, que también se encarga de investigar los hechos de piratería en el mar, está analizando los negativos efectos que produce en la cadena logística mundial, los retrasos que se producen en aguas argentinas.

El Centro de Navegación, recalcó que “alienta y apoya toda acción diplomática, que en el marco de la paz y el diálogo, restituya la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos a nuestro país. Sin embargo, no comparte la arbitrariedad de esta medida que atenta, directamente, con los propios intereses del Estado argentino y sus habitantes y solicita se dejen sin efecto estas acciones”.

Desde la entidad, pedirán una entrevista al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, para ponerlo al tanto de esta delicada situación.

Por Agustín Barletti

21/11/12

TRANSPORT & CARGO

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