Es necesario transparentar la actividad, hacerla previsible y premiar el apego a la ley para desactivar la pesca en negro.
Es necesario transparentar la actividad, hacerla previsible y premiar el apego a la ley para desactivar la pesca en negro.
La industria pesquera enfrenta hoy una situación crítica. La caída abrupta de los precios internacionales de la merluza, el calamar y el langostino es sólo el detonante de una crisis grave y estructural.
Pero el principal problema del sector es la sobrepesca. No existen hoy instrumentos eficientes para cuantificar la cantidad de captura habilitada para cada barco, lo cual redunda en prácticas nocivas, como la pesca de especies juveniles y la devolución al mar de ejemplares muertos.
Como lo ha señalado oportunamente la Fundación Vida Silvestre, en el mar argentino hay actualmente demasiados barcos para un recurso escaso y extenuado por la pesca voraz. Proteger el recurso natural y asegurar que se realice una pesca responsable es el principal desafío del Estado nacional.
La solución a este problema existe ya y está escrita en la ley federal de pesca, que se encuentra promulgada y reglamentada a la espera de su implementación. La Subsecretaría de Pesca de la Nación ha anunciado su voluntad de avanzar en la esperada cuotificación, otorgando las debidas cuotas individuales de captura conforme a lo estipulado por el derecho, medida que representaría el inicio del cambio para la industria pesquera.
En el esquema de cuotificación, utilizado por las principales potencias pesqueras del mundo, el Estado otorga una cantidad determinada de toneladas a cada empresa, siguiendo criterios legales como trayectoria en el mercado, cantidad de personal empleado, planta en tierra, captura histórica y pago de impuestos.
De este modo, la cuotificación otorga seguridad jurídica a las empresas y la posibilidad de planear su actividad a mediano plazo, ya que se sabe con qué volúmenes de captura contará el negocio. Esto redunda de manera inmediata en el cuidado de la biomasa, y alienta la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas.
A la par, hoy en día la pesca en la Argentina da lugar a una insostenible y contradictoria convivencia entre una gran parte de la industria que opera con su economía en blanco y otra cuya ventaja competitiva es la informalidad, porque al pescar sin permisos toma gente sin relación laboral y vende su mercadería "en negro". En efecto, los regímenes de promoción de la pesca en la Patagonia han provocado que las empresas allí radicadas operen en la economía formal, con ventas de exportación registradas, mano de obra en tierra y embarcada empleada en blanco y con una compleja realidad sindical.
Ocurre lo contrario en un segmento de la actividad en Mar del Plata, segundo polo pesquero del país, donde es evidente la existencia del empleo informal como motor de la industria y los insuficientes controles de captura.
La cuotificación cuenta con un principio de solución para paliar la informalidad de la industria, con la existencia de una "cuota social", que permitirá reconvertir de manera paulatina a empresas que deberán cambiar de modalidad de trabajo, y una "cuota artesanal", destinada a pequeños emprendimientos.
La clave entonces es transparentar la actividad, hacerla previsible, premiar el apego a la ley y desactivar una situación en la cual la pesca en negro sea la variable principal del negocio de muchas empresas.
Por eso, es necesario que la Subsecretaría de Pesca de la Nación concrete e implemente con urgencia su voluntad de reglamentar la cuotificación de la pesca. Debe hacerlo a pesar de eventuales presiones, con la responsabilidad que traen consigo los grandes cambios, para beneficio de toda la sociedad.
10/08/09
LA NACION