Se oponen al sistema de cuotas individuales transferibles. La entidad cuestionó la aplicación del sistema de cuotas individuales transferibles previsto en la ley Federal de Pesca de la Nación. "Concentra los derechos de pesca entre siete u ocho grupos.
Se oponen al sistema de cuotas individuales transferibles. La entidad cuestionó la aplicación del sistema de cuotas individuales transferibles previsto en la ley Federal de Pesca de la Nación. "Concentra los derechos de pesca entre siete u ocho grupos.
El presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, Luis Ignoto, dio a conocer un comunicado en el que pidió que "se salve a las lanchas amarillas de la privatización del mar" que implica, a su criterio, la aplicación del sistema de cuotas individuales transferibles de pesca previsto en el artículo 27 de la Ley Federal de Pesca de la Nación -número 24.922-.
El texto firmado por el dirigente afirma que la mencionada ley "elimina la posibilidad de redistribuir el esfuerzo mal asignado por el Estado hacia los originarios de la pesca marplatense para que puedan contar con embarcaciones mayores e ir a buscar el recurso a donde hoy se encuentra, a 200 millas de Mar del Plata".
Por el contrario, siempre según la Sociedad de Pescadores, "pone en igualdad de oportunidades competitivas a las lanchas locales con sus pares cuestionados" al tiempo que "concentra los derechos de pesca entre siete u ocho grupos que podrían quedarse con toda la pesca argentina".
Ante esta situación, Ignoto pidió a la ciudadanía marplatense "que nos acompañe en este reclamo de justicia pesquera, que también implicará conservar para la ciudad la postal que la identifica".
Nueva transferencia
En su texto, Ignoto manifestó su preocupación por el avance del sistema de cuotificaciones, sobre el cual afirmó que "expone a la pesca nacional a una nueva transferencia de derechos públicos hacia receptores privados con dudosa solidez legal: desde los que hoy se dicen ser los nuevos pescadores artesanales hasta los que pretenden blanquear situaciones previas cuya resolución no queda explicitada -ley 24315/94-".
Según Ignoto esto se lograría "de la mano de una concatenación de resoluciones y/o disposiciones de autoridades pesqueras provinciales y/o nacionales que contrarían el espíritu que manifiestan sus considerandos con el articulado que resuelve en el mismo acto administrativo".
El dirigente afirma que "el sistema de cuotas transferibles es una herramienta económica usada para asegurar eficiencia económica en una pesquería, pero no asegura sustentabilidad biológica ni equidad social, pues en general crea un grupo de pescadores de élite, usualmente centralizados geográficamente, con quienes se puede negociar más fácilmente. Es una solución limpia y ordenada para problemas desprolijos".
Por otra parte explica que "las cuotas individuales transferibles -CIF- operan junto con otras medidas tales como zonas de vedas, vedas estacionales y mínimo tamaño de las capturas. No obstante -añade- las cifras han demostrado que no ha habido un decrecimiento de buques. Por el contrario se incrementó la flota en un fenómeno que benefició básicamente aquellos con experiencia y solvencia para conseguir créditos y no a los que ostentan el oficio de pescador".
"La conversión del derecho de pesca en un activo capital comerciable es sólo una variación al sistema de CTI y como él intenta centralizar al capital, la capacidad y la ubicación geográfica", añade más adelante Ignoto.
En este contexto, Ignoto afirmó que "los datos y el mecanismo implementado hacen suponer que los más beneficiados serán los poseedores de capital" y advirtió que "un sistema que propicia menor pesca, pero más grandes buques, si bien pretende apuntar a la sustentabilidad de las pesquerías, en los hechos ayuda a la acumulación del capital en pocas manos e implica el riesgo de una sobreexplotación para garantizar rentabilidad económica".
"La búsqueda de una industria pesquera eficiente ignora las raíces históricas del sector", afirma más adelante Ignoto, quien describe que "las comunidades pesqueras, los proveedores en puerto, los mercados y los administradores han acumulado un conocimiento no escrito que, al no ser tenido en cuenta, puede conducir al desmantelamiento de una actividad cuya caracterización histórica difiere de otras".
Acuerdo con la UE
Según Ignoto, estos problemas comenzaron con el acuerdo firmado por Argentina con la Unión Europea -UE-. "Representó una nueva etapa en el proceso de transferencia de capacidad de pesca hacia los caladeros argentinos, más que para reducir la sobrecapacidad mundial, transfiriendo los problemas de sobreexplotación de los recursos vivos marinos y de crisis socioeconómica a las comunidades pesqueras locales", advirtió el dirigente.
Como prueba de lo anterior menciona que "la UE ha invertido alrededor de 230 millones de dólares para exportar un centenar de buques hacia los caladeros argentinos en el período 1991-1997, cuadruplicando los desembarques de la flota congeladora en los puertos de este país".
"La mayoría abrumadora de estos buques subsidiados -continuó- concentró sus actividades en la especie merluza argentina, que ya estaba en estado de plena explotación a fines de la década del ’80, multiplicando el esfuerzo y contribuyendo en forma decisiva a la reducción de su biomasa hasta niveles críticos".
Asimismo denuncia que "el ingreso de buques con licencia original para otras especies fue utilizado en casi todos los casos como una llave de entrada al caladero, para después acceder al recurso realmente apetecido: la merluza argentina".
"Este conjunto de hechos contradice las múltiples expresiones conservacionistas y a favor de la sustentabilidad contenidas en el Reglamento 3944/90 y en el Acuerdo de Pesca", reflexionó Ignoto, quien consideró que "la expansión de la flota comunitaria en aguas argentinas se realizó menospreciando la información científica disponible, que según paneles de expertos revisores internacionales era y es de primera calidad".
En este marco, denunció que "en el proceso de aprobación y seguimiento de desempeño de los proyectos pesqueros conjuntos hubo toda clase de hechos reñidos con la ética y con la letra del Acuerdo de Pesca" y destacó "algunos francamente violatorios de las disposiciones, como por ejemplo buques inactivos cedentes y receptores de licencias, cupos mayores que los antecedentes de capturas y compras de licencias".
Tras considerar "notable" la "pasividad o la aprobación directa de la Comisión Mixta" ante esta situación, Ignoto consideró que "la autoridad argentina posibilitó, por acción o por omisión, que 16 de los 25 buques cedentes de licencias continúen pescando merluza argentina, algunos sin licencia y otros con licencias recompradas en quiebras, violando sus propias disposiciones legales".
"Junto a ello -añadió- fue estructurado un sistema de información pesquera altamente deficitario y confuso, como un marco adecuado al conjunto de irregularidades cometidas, tal como se desprende de la auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires".
Ignoto advirtió que "ninguna empresa ha devuelto el recurso que el Estado le asignó indebidamente y tampoco el Estado hizo nada por redistribuir este esfuerzo mal asignado, siendo las lanchas amarillas las más perjudicadas por esta situación".
"Por tradición, permanencia, eficiencia y derechos adquiridos corresponde que se nos brinde la misma oportunidad que se le dio a muchos y que es indispensable para no desaparecer y seguir en el negocio de la pesca", concluyó el dirigente.
01/06/09
LA CAPITAL