El caso de los astilleros Tandanor se suma al inventario de las devastaciones económicas y sociales producidas por la aplicación de una política neoliberal que destruyó el aparato industrial y de servicios del Estado.
El caso de los astilleros Tandanor se suma al inventario de las devastaciones económicas y sociales producidas por la aplicación de una política neoliberal que destruyó el aparato industrial y de servicios del Estado.
El Gobierno nacional anuló la privatización de los astilleros Tandanor, efectuada en 1991, porque la empresa adjudicataria jamás pagó el canon anual a que estaba obligada, no puso en funcionamiento la planta, se declaró en quiebra y, lo que es peor, vendió terrenos adyacentes a los establecimientos ubicados en una zona privilegiada de la ciudad de Buenos Aires: el Retiro. La decisión fue adoptada mediante decreto que dejó sin efecto la cesión por parte del Estado del paquete accionario, operación que efectuó sugestivamente por un precio que alteraba los valores y condiciones fijados por los pliegos de licitación. Tal como aconteció con la red ferroviaria, destruida por los concesionarios, con los servicios de distribución de agua potable y con tantos otros negocios operados por el Estado, los empresarios privados consumaron gigantescos negociados ante la complacencia de las autoridades de entonces, en particular el presidente Carlos Menem y su superministro Domingo Cavallo.
Tandanor es, pues, un caso testigo de la aplicación irracional de los preceptos del Consenso de Washington, ese evangelio del neoliberalismo que proclamó "urbi et orbi" la incapacidad del Estado para administrar nada y la ciencia infusa de la actividad privada para administrarlo todo. Los resultados están a la vista: gigantescos actos de corrupción, destrucción de cuanto se puso en mano de los beneficiarios de las privatizaciones, desocupación y una gran pérdida de tiempo y de capacidad de concurrencia en los mercados internacionales. Otros países latinoamericanos que actuaron con mayor inteligencia y transparencia, como Chile y Brasil, se posicionaron mejor y hoy ostentan una creciente participación en los negocios a escala mundial.
El caso de los astilleros es también testigo por una razón opuesta: fueron sus trabajadores los que no los dejaron caer en la ruina total. Con encomiable espíritu de sacrificio e identificación con los destinos de esos astilleros por los que han pasado generaciones de obreros y empleados, lograron superar la incredulidad y el abandono de los triunfalistas tecnócratas neoliberales que ocupaban entonces el Palacio de Hacienda y demostraron que era posible operar sus instalaciones con rentabilidad. Hoy Tandanor produce con superávit. Salvaron algo más que sus fuentes de trabajo: salvaron el principio de que en una actividad industrial no importa tanto el régimen de propiedad como la voluntad de producir y crecer con esfuerzo y honestidad.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen vivos a los astilleros y esperan la puesta en vigencia de una auténtica política de Estado en materia de industria naval. Se menciona al respecto la posibilidad de construir un polo con los vecinos astilleros Domecq García, operados por la Armada, para constituir una empresa mixta, en la cual el Estado poseería el 51 por ciento del capital accionario (con la participación de la Marina) y Tandanor retendría el 49 restante.
De concretarse esta iniciativa, se convertiría en un valioso antecedente, susceptible de ser aplicado en otros ámbitos del quehacer industrial, sobre todo en aquellas empresas y servicios que pertenecieron al Estado y fueron destruidos por los empresarios que se adjudicaron sus privatizaciones.
Por estas y otras razones, el caso Tandanor es una irrefutable demostración de la irresponsabilidad y turbidez con que se desmontó la infraestructura industrial y de servicios del Estado. Porque mientras los trabajadores de los astilleros los recuperaron, los industriales, que se comprometieron a impulsar su desarrollo y jamás pagaron canon alguno, los declararon en quiebra y vendieron valiosos terrenos adyacentes a los talleres, están sometidos ahora a juicio por vaciamiento.
Hasta ahora, el fallecimiento ha salvado del castigo al ex ministro Erman González. Es posible que el inconcebible régimen de prescripción sancionado por el presidente Néstor Kirchner, que según algunos tratadistas es uno de los más eficaces sistemas de impunidad que se haya ideado nunca, exima también de la cárcel y de las reparaciones económicas a quienes estafaron al Estado y a sus trabajadores. Estamos saturados de casos testigos de impunidad.
15/04/07
LA VOZ