Un estudio revela que las medidas tomadas para apoyar a la acuicultura durante el período que finalizó en el año 2013 no estuvieron bien diseñadas e implementadas a nivel de la UE y de los Estados miembros, y que los fondos se entregaron sin tener en cuenta cuestiones ambientales y de salud pública apropiadas.
Un estudio revela que las medidas tomadas para apoyar a la acuicultura durante el período que finalizó en el año 2013 no estuvieron bien diseñadas e implementadas a nivel de la UE y de los Estados miembros, y que los fondos se entregaron sin tener en cuenta cuestiones ambientales y de salud pública apropiadas.
Esta es la conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en un informe titulado Eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Pesca a la acuicultura, en el que señala que este instrumento de financiación de la Política Pesquera Común (PPC) no se utilizó de manera rentable ni contribuyó a proporcionar un apoyo eficaz para el desarrollo sostenible de la acuicultura.
“Hemos constatado que no se han logrado los principales objetivos de crecimiento del sector de la acuicultura, y que este ha permanecido estancado muchos años. Sin duda, la crisis financiera y económica ha contribuido de modo significativo a este estancamiento, pero el marco general de apoyo al sector no estuvo bien concebido y las medidas efectivamente adoptadas fueron deficientes”, declaró Kevin Cardiff, miembro del TCE responsable del informe.
Y agregó: “Los proyectos que auditamos en los Estados miembro fueron a menudo mal seleccionados y, con algunas excepciones, no arrojaron los resultados previstos ni fueron rentables, y contribuyeron poco al crecimiento y el empleo. Esperamos que nuestras observaciones y recomendaciones sirvan de enseñanza para la aplicación de las nuevas medidas del FEMP para la acuicultura a partir de este año. En ese contexto, queremos hacer constar que la Comisión ya ha indicado que va a actuar con respecto a varias de las recomendaciones”.
El informe también revela que cada año la UE produce alrededor de 1,3 millones de toneladas de pescado procedente de la acuicultura, y el sector tiene una facturación de EUR 4.000 millones.
Según los auditores, a nivel de la UE, la PPC y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) no proporcionan un marco adecuado para el desarrollo del sector y los comités de seguimiento del FEP no jugaron un papel importante en el seguimiento de la acuicultura. Además, la información de gestión es deficiente, y los resultados de los proyectos de investigación con financiación pública de relevancia no fueron explotados plenamente.
Asimismo, en su opinión, en los Estados miembros, los planes estratégicos nacionales y los programas operativos no proporcionaron una base suficientemente clara para el apoyo de la acuicultura, y no hubo una estrategia coherente para el sector.
Sin embargo, el informe reconoce que la Comisión trató de fomentar el desarrollo de la acuicultura, y hace una serie de recomendaciones para la Comisión, al aplica las medidas de apoyo a la acuicultura en el marco del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca:
-Considerar, al aprobar los programas operativos de los Estados miembros, si los objetivos para el desarrollo sostenible de la acuicultura son realistas y apropiados, y si la ayuda se centra en las medidas que puedan hacer frente a esos objetivos;
-Establecer directrices para la consideración de los factores ambientales relevantes al determinar la financiación pública;
-Asegurar, en su caso, que los programas operativos de los Estados miembros solo se aprueben si se elaboran estrategias nacionales adecuadas para el desarrollo del sector de la acuicultura;
-Alentar a los Estados miembros a aplicar la ordenación del espacio marítimo pertinente y a simplificar los procedimientos de concesión de licencias y administrativos, para apoyar el desarrollo del sector de la acuicultura;
-Mejorar la comparabilidad de los datos estadísticos sobre la acuicultura compilados a partir de sus diferentes fuentes, con el fin de de que sean más exactos y completos.
Además, los auditores de la UE creen que los Estados miembros deben elaborar y aplicar estrategias nacionales coherentes para el desarrollo del sector de la acuicultura y garantizar que los fondos públicos se prioricen para los proyectos que mejor contribuyan al desarrollo sostenible de la acuicultura y proporcionen mayor rentabilidad, entre otras medidas. (Fis.com)
18/09/14