En los últimos días el clima político y económico se ha enrarecido en demasía. El grave y prolongado enfrentamiento entre el gobierno y el campo fue escalando y endureciéndose sin que nadie intente cambiar el rumbo hacia un horizonte de racionalidad.
En los últimos días el clima político y económico se ha enrarecido en demasía. El grave y prolongado enfrentamiento entre el gobierno y el campo fue escalando y endureciéndose sin que nadie intente cambiar el rumbo hacia un horizonte de racionalidad.
Con el apoyo al campo se mezclan reclamos de una gran parte de la sociedad que hasta el momento se expresaban en voz baja, al gobierno lo acompañan muchos que buscan reeditar antinomias del pasado. Entre todos contribuyen a que se evapore la posibilidad de conducir el conflicto de manera que el resultado no sea que todos pierden, como alguna vez las partes reconocieron en Puerto Madryn con la pesca o en Puerto Deseado el pasado año.
En el trasfondo de esta situación se puede suponer que hay una pelea ideológica, pero tal suposición no alcanza para justificar la frustración que siente la sociedad ante extravío de la racionalidad, la reedición de los enfrentamientos, la ausencia de diálogo, el retraso en la mejora del sistema institucional, factores que llanamente alejan la posibilidad de mejorar el bienestar democrático.
Consolidar la democracia con crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza es un proceso y no una serie de medidas tomadas en soledad e impuestas a la sociedad con soberbia y autoritarismo. Las autoridades todas deben reflexionar y cuanta más alta es la jerarquía o la representatividad que la soberanía del pueblo invistió a los gobernantes, mayor debe ser la responsabilidad puesta en orden a entender que la prepotencia puede terminar deslegitimando el objetivo que se busca.
Solo un gobierno de torpes puede desconocer la importancia que tiene demostrar a los ciudadanos y ciudadanas que trabajan para solucionar las cuestiones que preocupan o interesan a la gente, que son capaces de dar respuestas a estas cuestiones y que están dispuestos a someterse al efectivo control de la ciudadanía, para que ésta pueda evaluar el cumplimiento del mandato que recibieron.
En la práctica este desafío implica la construcción de canales válidos de participación que permitan un debate que puede muy bien ser firme y vigoroso, pero nunca teñido de descalificaciones, amenazas o violencia. Ese escenario no es por cierto una tarima erigida frente a funcionarios y gobernadores dispuestos al aplauso fácil como moneda de cambio para obtener los recursos que necesitan para sus provincias y que hoy se encuentran más concentrados que nunca en el gobierno de la Nación.
Como en todo conflicto, ambos contrincantes tienen argumentos a favor y en contra, pero un acuerdo razonable no puede alcanzarse sin diálogo. Y el actual gobierno, como el anterior, han hecho poco y nada por crear mecanismos de participación y consenso. Ese déficit debe ser reconocido con humildad y reparado.
Por otra parte, la lógica de los sectores que reclaman no puede ser el piquete ni los cortes de ruta. Esa lógica termina destruyendo la legitimidad del reclamo. Ni las asambleas de vecinos de Gualeguaychú ni los ahora denominados autoconvocados tienen la representatividad necesaria para dictar las políticas. A los dirigentes sociales les cabe reconocer su cuota de responsabilidad en estos desatinos y desmadres.
El ruido de las cacerolas volvió como en el 2001 a advertir sobre la necesidad de un cambio, que no se repita el autismo que caracterizó al gobierno de entonces, los argentinos merecemos otra cosa.
31/03/08
PESCA & PUERTOS