La Cumbre del MERCOSUR terminó con una grata y justa decisión: los países miembro o asociados no permitirán que en sus puertos amarren barcos con bandera de las islas usurpadas por el Reino Unido. Resta que la Argentina resuelva su situación con empresas que operan en ambos territorios.
La Cumbre del MERCOSUR terminó con una grata y justa decisión: los países miembro o asociados no permitirán que en sus puertos amarren barcos con bandera de las islas usurpadas por el Reino Unido. Resta que la Argentina resuelva su situación con empresas que operan en ambos territorios.La lógica del bloque opera bajo los parámetros del “uno para todos y todos para uno”. Así resulta lógico que el propósito de cualquier agrupamiento de naciones geográficamente hermanas sea preservar y ponderar las reivindicaciones de cada nación miembro como si de una propia se tratase. La idea es, entre otras cosas, defenderse colectivamente del poderío y eventual desmedro de históricos territorios con afán colonizador.
En esta línea, el legítimo reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas sumó hace días un importante capítulo de respaldo por parte de los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Durante la última cumbre celebrada a mediados de diciembre en Montevideo, los presidentes sudamericanos ratificaron su compromiso de no permitir en sus puertos el ingreso de barcos con banderas de Malvinas, ni tampoco de buques que sean sorprendidos con esa insignia y que luego, para ajustarse a los tratados, las cambien.
La primera expresión de acompañamiento, como debía de ser, llegó desde Uruguay, un país que en reiteradas oportunidades fue apuntado por el dedo de organizaciones gremiales argentinas por habilitar sobre sus costas el amarre de embarcaciones con permisos de pesca cedidos desde el archipiélago, contrariando lo dispuesto en noviembre de 2010 por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). En aquella oportunidad, el Estado que administra José “Pepe” Mujica también se comprometió a prohibir el ingreso de estos buques ilegales a sus costas.
Sin embargo, la ratificación uruguaya durante la Cumbre del MERCOSUR respondió a que tres días antes de que se celebrase el cónclave, el pesquero español “Villa Nores”, cuya base de operaciones está en el puerto de Montevideo, zarpó de la capital charrúa a los caladeros del Atlántico Sur y cuando salió a las aguas de uso común del Río de la Plata fue interceptado por un guardacostas de la Armada argentina. La embarcación, según se informó, portaba una bandera de las Islas y navegaba por estas costas, lógicamente, sin autorización. El buque regresó, luego de algunas consultas, a jurisdicción uruguaya escoltado por un avión de patrulla marítima.
Brasil, como Estado miembro, y Chile, como país asociado, siguieron los pasos del Uruguay; ambas naciones confirmaron que no reconocerán sobre sus puertos a las embarcaciones que flameen insignias de las Islas que están bajo dominio británico. Ni por el Atlántico, ni por el Pacífico estos buques podrán amarrar. Bolivia, Paraguay y Venezuela, en proceso de adhesión, también ratificaron el compromiso con la Argentina para con el archipiélago usurpado.
Una frase expresada por el canciller uruguayo, Luis Almagro, encargado de informar a Inglaterra sobre la decisión adoptada, sintetiza las declaraciones de cada uno de los presidentes y diplomáticos del MERCOSUR: “Reconocer la bandera de las Malvinas sería reconocer la jurisdicción y la soberanía británica sobre el archipiélago”.
Omar Suárez, en calidad de Secretario General del SOMU y en representación de la Sección América Latina y Caribe dentro del Comité de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), no disimuló su satisfacción por las declaraciones públicas de los mandatarios que integran el MERCOSUR. Para este dirigente, que supo ser uno de los primeros en denunciar la complicidad de países hermanos con los buques que operan con permisos de las Islas, la ratificación del bloque, devenida en compromiso con la Argentina, constituye un “orgullo y éxito sudamericano sobre la negativa del Reino Unido de negociar la soberanía de nuestras Malvinas”.
“Esta ratificación es un éxito para todos. Para los trabajadores argentinos, que hicimos un gran trabajo junto a la Cancillería y a la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Y también para los países que integran el MERCOSUR y que demostraron una clara unidad de acción”, definió Suárez, en diálogo con REVISTA PUERTO.
El referente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos fue quien, en febrero de 2011 en la reunión anual del ITF celebrada en Londres, presentó un informe en el que denunciaba, entre otras cosas, los servicios portuarios que Uruguay brindaba a los buques que operan en la Zona Económica Exclusiva de las Islas Malvinas. Durante este encuentro, miembros de la ITF avalaron la exposición de Suárez y lo autorizaron a concretar campañas de solidaridad con el propósito de combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Fue a partir de entonces, que Suárez entabló conversaciones con el canciller argentino Héctor Timmerman.
Para el Secretario General del SOMU no resultará imprescindible incrementar los controles argentinos para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países que conforman el MERCOSUR. A su entender, las ratificaciones de Brasil, Chile y Uruguay “alcanzan” como para que los buques con permisos de pesca extendidos por las Islas no toquen los puertos sudamericanos. “Les va a ser muy engorroso porque los acuerdos se van a respetar”, subrayó.
Haz lo que yo digo…
Pero más allá de esta positiva decisión de bloque, aplaudida y agradecida por el Gobierno, hay una contradicción nacional que deberá ser saldada: la Argentina omite sancionar a empresas de capitales extranjeros radicadas en el país, cuyas casas matrices operan también en Malvinas.
En 2008 fue sancionada la Ley 23.686 que modificó la Ley Federal de Pesca, incorporando el artículo 27 bis, a través del cual se establecieron los nuevos criterios para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los titulares de permisos de pesca.
Allí se establece que el propietario de un permiso de pesca nacional debe acreditar que “carece de relación jurídica, económica o de beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 19.550, con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca”.
Esta ley apuntó a que las empresas, con permiso de pesca nacional y con permiso otorgado por el gobierno británico para realizar operaciones de pesca en la plataforma de las islas ilegítimamente usurpadas, deban optar por operar en uno u otro espacio. La incorporación del artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales, tuvo como fin controlar la triangulación de empresas, limitando así las posibilidades de burlar la ley.
Sin embargo el dictado de la resolución de la ex SAGPyA 514/2009, que reglamentó dicha ley, incorporó el concepto de “relación directa” que da lugar a interpretaciones ambiguas.
Este hecho fue denunciado en noviembre pasado, por el senador chubutense Marcelo Guinle, quien presentó un proyecto legislativo por el que se solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que modifique o derogue la resolución 514/09, porque a su entender “alteró el espíritu y la letra de la norma, vulnerando los principios de soberanía de la República Argentina” al limitar una restricción expresa y abarcativa, incorporando el concepto de “relación directa”, lo que aseguró “abre la puerta a triangulaciones de grupos empresarios”.
Una veintena de buques españoles operan en aguas usurpadas por el gobierno británico y algunas de las firmas propietarias de estos barcos, también operan desde hace años en la Argentina. La ambigüedad de la legislación, tal como denunció el senador Guinle, ha dado lugar a que estas empresas no solo gocen de los beneficios de operar en nuestras aguas, con su correspondiente permiso de pesca y cuota, sino que también ostenten licencias de pesca otorgadas por el gobierno ilegal de las Islas Malvinas.
Para Suárez, del SOMU, es imperativa la necesidad de sentarse a dialogar con estas firmas: “O se cumple con las sanciones que prevén las normas o se negocia una salida rápidamente”.
La existencia de empresas pesqueras radicadas en nuestro país, que operan también en aguas del archipiélago, constituye un bochorno de carácter internacional que deberá ser resuelto a la brevedad. La actuación en bloque de los países miembros del MERCOSUR en pos de la defensa de la soberanía argentina sobre las islas, no se condice con los actos permisivos que ejerce el Estado nacional puertas adentro.
Son de esperarse en los próximos días acciones tendientes a revertir esta situación. La Ley 26.386 no solo estableció las condiciones para el otorgamiento de permisos de pesca en base a declaraciones juradas, sino también las sanciones correspondientes para quienes no se ajusten a la normativa. En su artículo 2 se establece que “en el caso de comprobarse que un titular de un permiso de pesca que cuente con cuotas de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente ley viole algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 27 bis, el permiso y las cuotas y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente”.
Seguramente la agenda del Subsecretario de Pesca, a partir del regreso a sus funciones el 5 de enero, estará marcada por este tema, ya que son varias e importantes las empresas con casa matriz en España que deberán ajustarse a la correcta interpretación de la legislación vigente.
Bandera del Reino Unido
La decisión de Uruguay y de los países miembro del MERCOSUR de no permitir el ingreso a sus puertos de barcos que enarbolen la bandera de las islas, seguramente deberá ser ampliada a aquellos que utilicen la del Reino Unido; caso contrario se verá desvirtuada la iniciativa de apoyo al reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas.
La presunta bandera de Malvinas es de color azul marino pero existe otra bandera naval mercante británica, de fondo rojo, con el clásico Union Jack en una esquina y el escudo de armas de las Islas, como dependencia, en el costado. “Este pabellón de conveniencia lo llevan en la actualidad por lo menos tres decenas de buques. Entre ellos, unos veinte pesqueros -todos menos uno, españoles- que operan en las 200 millas náuticas de islas, trabajando bajo licencia de las autoridades locales. La mayoría pertenece a empresas registradas en las islas, pero de capital español. Esos buques hoy se abastecen y reparan en el puerto de Montevideo, generando allí -para los orientales- actividad económica por un orden de los 300 millones de dólares anuales”, declaró en un interesante artículo del diario La Nación, el ex embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas, Emilio Cárdenas.
Los kelpers y el gobierno británico son conscientes del perjuicio económico que la prohibición de ingreso de buques españoles que operen en las islas puede provocar a los vecinos uruguayos y especulan con la posibilidad de ingresar a sus puertos con la bandera británica. “Los funcionarios del gobierno uruguayo y el sector privado, a su vez creen que los barcos con certificados expedidos por las Malvinas sólo tiene que enarbolar la bandera del Reino Unido, como una alternativa a la bandera de las Malvinas para seguir operando en Montevideo”, publicó el periódico isleño Penguin News el 30 de diciembre.
De esta manera los habitantes ilegales de las islas especulan con que “el presidente uruguayo José Mujica será capaz de cumplir con su decisión de prohibir a los buques que enarbolen la bandera de Malvinas, pero al mismo tiempo no afectar a otros buques, principalmente buques de pesca de las empresas españolas, que generan varios millones de dólares por servicios e impuestos en Montevideo”, y hacen dueño de la declaración al ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Almagro.
Esta alternativa podría descartarse si el gobierno uruguayo exige la presentación de certificados para la utilización de la bandera de conveniencia. Ante la imposibilidad de utilizar la bandera británica, por imposición de Uruguay o porque la navegación de los buques de Malvinas con la bandera roja, no se condice con la línea política inglesa, deberán estos barcos buscar puertos más alejados para abastecerse. Los asesores del gobierno usurpador de las islas, recomiendan por el momento utilizar los puertos de Namibia, lo que sin dudas les generará graves perjuicios económicos.
Por Andrea Pérez y Karina Fernández
02/01/12
REVISTA PUERTO