La imprevisión y la falta de transparencia, entre otros puntos, continúan siendo males que influyen en la AGP.
La imprevisión y la falta de transparencia, entre otros puntos, continúan siendo males que influyen en la AGP.
Según lo indica la ley 25.094, la cuestión de la transferencia del dominio del patrimonio portuario de Buenos Aires del Estado Nacional a la Ciudad, es una cuestión subordinada a la previa implementación de una gestión independiente y con carácter representativo. De hecho, en el caso de otro puerto mayor de nuestro país tras la implementación de una administración independiente, la cuestión del dominio recibió tan poca atención que hasta su formalización estuvo próxima a caer en el olvido.
Infortunadamente la falta de consciencia acerca de nuestra lejana posición geográfica con respecto al resto del mundo, ha llevado a nuestra sociedad y a su dirigencia a subestimar y mirar con desdén sus vínculos físicos con el mismo. No sólo la poca atención a la evolución de nuestro comercio exterior y el destino del puerto de Buenos Aires son muestras de ello, sino también la falta de atención a la cuestión de los bloqueos de rutas y puentes internacionales son indicios de nuestra tendencia al autismo.
En este juego lamentablemente las minorías bien organizadas parece que, por la razón o por la fuerza, imponen su visión por encima de las mayorías, las que carentes de representación adecuada, a veces se muestran perezosas para comprometerse con la defensa de sus propios intereses.
Quienes son hábiles en explotar divisiones ajenas, durante mucho tiempo han hecho uso (y siguen haciéndolo) de la antinomia que antes de la ley de Actividades Portuarias se había planteado en torno a la Administración General de Puertos (AGP), apuntando inclusive a su personal como los causantes de todos los males portuarios de la Argentina.
La ley de Reforma del Estado, a principios de los ’90, dispuso su liquidación aunque nunca se implementó. La ley de Actividades Portuarias ordenó que se la despoje de todos los puertos pero retuvo el de Buenos Aires. El proceso de transformación portuaria implementado a través de las concesiones de las terminales de Puerto Nuevo la sacó del plano operativo y relegó al pasivo rol de “Landlord”. Sin embargo, aun en tales condiciones, el tiempo demuestra que problemas que creíamos superados vuelven a decir presente (imprevisión, falta de transparencia, entre otros).
El problema no es AGP y su personal, sino el arbitrario uso que desde el Poder Ejecutivo de turno se ha hecho de esa administración y la falta de representación de los intereses vinculados al puerto, incluida la propia Ciudad.
Por ser Buenos Aires un puerto mayor (como Bahía Blanca o Rosario) el traspaso del puerto de la Nación a la Ciudad no implica el traspaso de la administración y explotación de una jurisdicción a la otra, como el caso en que se transfirieron a las provincias los puertos de menor importancia.
Según la propia ley de Actividades Portuarias (Artículo 12), previamente se debe constituir una sociedad de derecho privado o un ente público no estatal, que tendrá a su cargo la administración del puerto y que se debe organizar asegurando la participación de los intereses particulares del puerto y de los gobiernos provinciales y comunales en cuyo territorio se encuentra emplazado el mismo.
La Ciudad lejos de insistir en reclamar que el Estado Nacional le transfiera el dominio del puerto, hace años que debería estar cuestionando el sistema de gestión portuaria (el de los sucesivos interventores de la AGP) por su carencia de la representatividad que la ley de Actividades Portuarias previó, y que viene perjudicando tanto sus intereses directos como a los de las empresas e instituciones que se encuentran radicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Procurar la instrumentación de una gestión portuaria con genuina representatividad posiblemente sea la clave para resolver el destino del Puerto de Buenos Aires. En tal sentido, se debe ser consciente que si la representatividad resulta ser solo de forma, es también posible que no se resuelva nada y que el remedio finalmente sea peor que la enfermedad.
Por Daniel Caso. Buenos Aires
22/08/07
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EL CRONISTA