(FNM) La paciencia de los bancos acreedores de Sete Brasil, para esperar un acuerdo con Petrobras que permitiera la aprobación de un nuevo plan, se agotó. Las instituciones decidieron no renovar la extensión del plazo de vencimiento de deudas por un total de USD3.800 millones.
(FNM) La paciencia de los bancos acreedores de Sete Brasil, para esperar un acuerdo con Petrobras que permitiera la aprobación de un nuevo plan, se agotó. Las instituciones decidieron no renovar la extensión del plazo de vencimiento de deudas por un total de USD3.800 millones.
Ahora, irán a buscar cobertura del Fondo de Garantía de la Construcción Naval (FGCN), administrado por la Caixa Econômica Federal. A fines de marzo, los bancos dieron plazo hasta fines de junio a Sete. Este plazo fue ampliado hasta el 14 de agosto. Se acabó.
Desde mayo, Petrobras se encuentra evaluando un nuevo plan para Sete que reduce de 28 a 19 la cantidad de buques de perforación a construir para la exploración del “presal”. Todos los socios, excepto la petrolera estatal que posee un 10% de la empresa, ya habían aprobado previamente ese plan.
Petrobras decidió rever algunas condiciones técnicas del contrato y aprobar todo dentro de un mismo paquete. Y si bien la petrolera concuerda con las 19 unidades de perforación y con mantener la tasa diaria de alquiler –cercana a los USD460.000 a precios actuales-, tiene dificultades en otros frentes.
Hace poco, el cuerpo técnico de Petrobras, del área de Exploración y Producción (E&P), sorprendió al exigir que los barcos de perforación que quedarían para Sete – 15 de los 19 a construir según el nuevo plan – fueran divididos entre tres operadores.
La exigencia fue comunicada recién a principios de agosto, cuando Sete buscaba un nuevo socio, que fuese del sector, que estuviera dispuesto a aportar alrededor de USD700 millones en el negocio y que operase sus barcos de perforación.
En la práctica, lo pretendido por Petrobras significa dividir el monto de la inversión en tres y crear una estructura sofisticada para permitir que esos nuevos socios operen, cada uno, cinco unidades. Todo ello, además de tener que encuadrarse en una larga lista de exigencias impuestas por la petrolera estatal.
Diario Valor supo que Sete estaba intentando flexibilizar el número a dos operadores, pero sin éxito hasta el momento. Además, la petrolera también decidió poner en discusión la multa por incumplimiento de porcentaje de contenido nacional en los barcos.
La cantidad y especificidad de los temas y la inflexibilidad de Petrobras, están demorando el avance de la reestructuración.
Sete Brasil entró en dificultades después que el BNDES dio marcha atrás en su decisión de financiar la construcción de los barcos y cuando la compañía ya había tomado préstamos por USD3.800 millones con seis bancos.
Sin la firma de Petrobras en el nuevo plan, no hay cómo concluir la reestructuración financiera ni buscar un nuevo socio. Por otra parte, Sete se aseguró en junio, nuevo financiamiento para los barcos por USD4.000 millones. De dicho monto, USD2.500 millones serían provistos por dos de los acreedores,
Banco do Brasil y Caixa. Según trascendió, habría disposición para conceder los créditos en caso de que el proyecto con la petrolera estatal se concretase.
En cuanto al Fondo de Garantía, dispone de cerca de R$ 5.000 millones para cubrir a los bancos acreedores de Sete, lo que equivale a cerca del 40% de la deuda. Después de esa ejecución, en términos prácticos las instituciones bancarias continuarán siendo acreedoras de Sete, junto con el FGCN.
Con cerca de USD100 millones en caja, la empresa tiene resto para seguir en busca de una solución hasta el primer trimestre de 2016. El modelo estructurado para ese proyecto no ofrece muchas alternativas de liquidación. Además del Fondo de Garantía, Sete no posee activos en operaciones que puedan ser liquidados para saldar alguna parte de las deudas. Y sin Petrobras, nada podrá concretarse.
El cierre de Sete le costaría al gobierno –según datos obtenidos por Valor- cerca de R$ 13.000 millones. Además del FGCN, el Banco do Brasil y la Caixa son acreedores de USD1.600 millones, unos R$ 5.500 millones al cambio actual. Además de eso, el efecto cascada de los despidos llevaría un gasto estimado de R$ 2.500 millones, estimándose una pérdida de 800.000 puestos de trabajo.
El costo total – a bancos y gobierno- puede alcanzar hasta R$ 40.000 millones, considerando las deudas de los astilleros contratados por Sete, algunos de los cuales fueron construidos o ampliados específicamente para ese proyecto. (Por Graziella Valenti; Valor Econômico en Portos e navios. Adaptado al español por NUESTROMAR)
21/08/15