El doctor Virgilio Martínez de Sucre advirtió con iniciar una querella criminal contra funcionarios de Gobierno que realicen negociaciones extrajudiciales sin la intervención de ese organismo de control. Dijo que toda gestión que no se apegue a la legalidad puede ser lesiva a los intereses de la Provincia.
El doctor Virgilio Martínez de Sucre advirtió con iniciar una querella criminal contra funcionarios de Gobierno que realicen negociaciones extrajudiciales sin la intervención de ese organismo de control. Dijo que toda gestión que no se apegue a la legalidad puede ser lesiva a los intereses de la Provincia.
El Fiscal de Estado solicitó a la gobernadora Fabiana Ríos y al presidente de Puertos, licenciado Néstor Lagraña; que se evite todo tipo de negociación extrajudicial con empresarios o representantes legales de la empresa Andrade Gutierrez, sin la intervención de ese organismo; en torno el litigio por la obra Puerto Caleta La Misión, bajo riesgo que esas acciones puedan perjudicar el estado favorable para la Provincia en la causa judicial en trámite ante la Corte Suprema. Advirtió que podría iniciar querella criminal de comprobarse alguna acción en ese sentido.
El doctor Virgilio Martínez de Sucre, fiscal de Estado, remitió las notas 696/2104 y 697/2014; a la gobernadora Fabiana Ríos y al licenciado Néstor Lagraña, presidente de Puertos; respectivamente, para advertir sobre las posibles consecuencias para el Estado Fueguino por negociaciones extrajudiciales que puedan realizar algún funcionario de Gobierno ante representantes legales o directivos de la Constructora Andrade Gutierrez, que reclama una indemnización de casi 95 millones de pesos en el litigio por la obra Puerto Caleta La Misión, en Río Grande.
En la nota, el Fiscal de Estado señala que “existiendo hasta el momento una sentencia favorable a los intereses del Fisco, los funcionarios tanto de la administración central como de la Dirección Provincial de Puerto y de cualquier otra dependencia pública se encuentran absolutamente impedidos de presentarse y de actuar en nombre de la Provincia iniciando negociaciones, acuerdos o gestiones ante las empresas en cuestión, como así también ante los estudios que las patrocinan judicial y administrativamente que puedan comprometer la posición del Estado Provincial durante el proceso, sin la formal y debida intervención de la Fiscalía de Estado, que es el organismo encargado de ejercer la representación judicial de la Provincia y a quien cabe la defensa de su patrimonio en juicio (artículo 167 de la Constitución Provincial)”.
“De verificarse la existencia de acuerdos, reuniones, reconocimientos, transacciones o cualquier otra actividad de parte del Ejecutivo o de cualquiera de los funcionarios que dependan de la Gobernadora, comprometiendo la materia litigiosa sin la debida participación a este organismo por los canales formales previstos a tal fin, consideraré tal conducta, según el caso, como defraudatoria y/o lesiva de los intereses provinciales, promoviendo no sólo las querellas criminales contra eventuales responsables sino también las pertinentes acciones administrativas de rigor, mediante las que se garantice tanto el debido apego a la legalidad y la protección de los intereses de la Provincia”.
La causa
El 15 de septiembre de 2009 la empresa UTE Constructora Andrade Gutierrez y Ormas promovió demanda contra el Estado Fueguino, ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, para obtener la suma de 94 millones 999 mil 339 en concepto de indemnización, por la paralización de la obra Puerto Caleta La Misión.
Al correrse traslado de la acción, tras un estudio de las actuaciones se verificó la existencia de largos períodos de inactividad procesal de parte de la empresa, motivo por el cual, como planteo defensista se acusó la perención de instancia. Sustanciado el incidente, la caducidad fue decretada por el Superior Tribunal mediante resolutorio del 12 de diciembre de 2012.
Contra la sentencia del Superior Tribunal, la empresa dedujo recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue concedido el 8 de mayo de 2013 y el 3 de junio de ese año el expediente ingresó en la Secretaría Judicial 1 y desde el 13 de junio la causa ha transitado en numerosas ocasiones por las distintas vocalías de la Corte Federal, sin que a la fecha el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia definitiva. (El Sureño)
30/10/14