La CAPIP confirmó que varias empresas resolvieron achicar la plantilla de personal y se están enviando los telegramas. Dicen que la huelga “pone en serio riesgo la continuidad de la actividad de la pesca”.
La CAPIP confirmó que varias empresas resolvieron achicar la plantilla de personal y se están enviando los telegramas. Dicen que la huelga “pone en serio riesgo la continuidad de la actividad de la pesca”.
Con el paso de los días la solución al conflicto en las pesqueras de Puerto Madryn no aparece en el horizonte cercano. Cada día la tensión va en aumento. El Sindicato de la Alimentación anticipó que no cederá hasta que las empresas firmen un acuerdo que implique un aumento salarial de novecientos pesos, y la CAPIP ratificó que no está en condiciones de hacer lugar a esa petición.
Las plantas pesqueras de Pereira, Pescapuerta, Iberconsa, Harengus, San Isidro y Congeladores Patagónicos siguen con bloqueos en sus puertas, y las dos primeras están siendo ocupadas por los trabajadores y delegados sindicales.
“La realidad de hoy es que si en el 2010 la situación era desfavorable para las empresas, hoy es terminal”, afirma la CAPIP y explica: “El combustible, los insumos, las cargas sociales y las tasas, han aumentado en forma progresiva hasta la fecha”. "Estos hechos hoy más que nunca ponen en serio riesgo la continuidad de la actividad de la pesca”.
“Ante el pedido de de aumento del STIA de este año, se ofreció abonar 600 pesos en tres tramos como lo han hecho la mayoría de los gremios y hemos recibido un no rotundo por parte del sindicato”, indicaron al mostrar la brecha que los separa entre el pedido gremial y la oferta empresaria.
Despidos de personal
“Después de más de 40 días de paros encubiertos con el bloqueo de los ingresos a las plantas, en donde un delegado sindical o varios deciden quienes ingresan y que actividad podemos ejercer dentro de nuestros establecimientos, no permitiéndonos exportar e imposibilitando generar divisas para poder cumplir con el pago de las deudas contraídas con proveedores y empleados”, puntualizaron.
Y en tal sentido, sostienen que el resultado de esta situación, “ante la pasividad de las autoridades competentes y con el fin poder salvaguardar lo que va quedando de la actividad tuvimos que tomar la penosa determinación de reducir personal”, confirmando que la mayoría de las pesqueras en conflicto ha comenzado a enviar telegramas de despidos.
“Cabe aclarar que de igual manera y contrario a los dichos del señor Luis Núñez, las dotaciones con la que cuentan las empresas de la cámara guardan la cantidad de personal necesarias y en algunos casos exceden a lo que exige la ley provincial de pesca. En cuanto a los permisos de pesca provinciales, y no existe legislación que exija cantidad de personal en tierra para el otorgamiento de los permisos nacionales”, argumentaron respecto de las exigencias que tiene la normativa de Chubut en cuanto de la cantidad de empleados que deben contar relacionados con las capacidades de bodega de las licencias provinciales de barcos langostineros.
REPRO por un año
Por otro lado, salieron al cruce de declaraciones vertidas por el titular del STIA. “La Cámara Argentina Patagónica de Industria Pesqueras quiere informar a la comunidad en general acerca de las circunstancias y la forma en que el estado nacional otorgó la ayuda (monetaria) llamada REPRO (Recuperación Productiva) el año 2010. Ante el impedimento de poder otorgar el aumento de sueldos solicitado por el STIA de 600 pesos, por una crisis profundizada desde el 2008 por la caída de los mercados internacionales, el permanente incremento de los insumos, el combustible, tasas de servicios, y un dólar bajo, el estado nacional otorgó los REPRO con el fin de paliar la situación y hasta tanto se pudieran tomar medidas de fondo que recompongan las economías de las empresas”, detallaron.
Dijeron también que esos seiscientos pesos “solo cubría una parte del aumento otorgado ya que este valor comprendía la categoría 1 y para las restantes categorías (2, 3, 4) se debió abonar un 9, 8, y 7 por ciento, respectivamente”. Y, ese beneficio “se diluyó luego al incorporarlo a los básicos en tres veces; la primera parte en el mes de enero del 2011, debiendo las empresas abonar cargas sociales por sobre estos valores (entre 45 y 47 por ciento). Al mes de mayo ya abonaban las empresas en su totalidad el aumento”, revelaron.
Esta medida que paliaría por un período de un año el incremento salarial, “fue recibida hasta tanto el Estado nacional y provincial tomara alguna determinación de fondo para tratar de solucionar la dura crisis de la actividad. Hasta el momento no ha habido respuesta al respecto ni medida alguna, tomada por el gobierno nacional ni por el provincial”, concluyeron.
Por Nelson Valdivia
07/07/11
REVISTA PUERTO

