La reforma brasileña genera serias dudas

Empresarios cuestionan los plazos de concesión y reagrupamiento de terminales, en el puerto de Santos. Los espacios serán licitados por hasta 12 años.


Empresarios cuestionan los plazos de concesión y reagrupamiento de terminales, en el puerto de Santos. Los espacios serán licitados por hasta 12 años.

La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, no pierde oportunidad para señalar que, con la nueva Ley de Puertos, los problemas logísticos que hoy padece el país, están rumbo a su solución. Sin embargo, esta postura, no es compartida por los usuarios.

“El año pasado, los puertos que recibieron la cosecha agrícola operaron en el límite. Con la nueva cosecha, aún más importante, los problemas se repetirán”, dijo Daniel Furlan, director de la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove).

Para el directivo, la culpa no es el gobierno actual. “Los puertos tuvieron décadas de estancamiento y falta de inversión. En los 80, se dio el primer impulso, y otro nuevo aliento se generó a partir de la legislación portuaria de 1993. Ahora, tenemos que esperar los efectos de la reciente normativa. El problema es que no fue aprobada por consenso, sino por la fuerza impuesta de una mayoría”, manifestó Furlan.

En el puerto de Santos, reina la impaciencia. Aunque el gobierno federal puso en marcha el paquete para los puertos en diciembre pasado, las inversiones que anunció como “inmediatas” tardarán en ver la luz. De esta manera, las nuevas terminales en el puerto más grande del país, sólo comenzarán a operar en 2016.

El gobierno federal decidió no dar por terminado el contrato de 23 terminales, retrasando la entrada de nuevas empresas hasta que las concesiones comiencen a vencer dentro de tres años. Incluso hay riesgo de que los concesionarios recurran a la justicia al término de sus contratos para mantenerse en el puerto, situación que desalienta a eventuales inversores.

A futuro, el gobierno considera un total de 25 áreas ocupadas. De ellas, 23 serán re licitadas y reagrupadas, para formar 10 terminales. El mayor cambio ocurrirá en dos áreas, Saboo y Ponta da Praia. Las cinco terminales hoy existentes se transformarán en una sola para contenedores y carga general. El problema es que aquí hay tres empresas locales en disputa con el gobierno. Rodrimar, con contrato vigente hasta 2016, y Ponta da Praia, hasta 2017. Por su parte, Libra posee contrato hasta 2015 pero ya informó que espera su renovación tras haber efectuado una inversión de u$s 350 millones.

Según Estructuración del Proyecto Brasileño (EBP), organismo responsable de los estudios de los puertos para el gobierno, diez empresas tienen mandatos que reconocen el derecho a más tiempo de utilización o compensación. Otro riesgo avizorado por la entidad es que las licitaciones previstas, son por corto tiempo, situación que podría retraer la oferta de inversores.

Poco tiempo

En Santos y Belén los espacios serán licitados por un período de entre  5 y 12 años.

“¿Quién va a recuperar la inversión en cinco años? Esto va a afectar aún más la industria”, manifestó Wilen Manteli, presidente de la Asociación Brasileña de Terminales Portuarias.

Según Helium Vasone Junior, presidente de Localfrio, empresa que cuenta con una terminal de contenedores refrigerados en Santos con un contrato hasta el 2017, “teníamos previsto invertir u$s 30 millones, en nuestra concesión, pero el actual panorama nos obliga a pisar el freno”.

Asimismo, los empresarios portuarios juzgaron como “ridícula” la tasa interna de retorno (TIR) para la adquisición de nuevos contratos de arrendamiento.

“Con una inflación de dos dígitos, ¿cómo se puede pensar en una tasa de retorno del 7,5%? Con ese requisito, no vamos a participar”, señaló un hombre de negocios que se preparaba para presentar ofertas.

Otros candidatos en la licitación, también aseguraron que el establecimiento de una tasa de este tipo, es de por sí un acto “coercitivo” de parte del gobierno. “Con este nuevo marco regulatorio, los costos y los riesgos del negocio son desconocidos. Establecer márgenes es una manera de ahuyentar a los inversionistas”. En las anteriores licitaciones, no se había establecido este tipo de condición Las ofertas se hacían en base al valor más alto de la adjudicación.

Los empresarios se están preparando para un segundo semestre del año en donde se destacarán las disputas legales.

07/08/13

TRANSPORT & CARGO

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