Los cortes del puente Rosario-Victoria son parte de las presiones “inadmisibles” de los exportadores de sábalo. La falta de cobro de las multas por infracciones es “una burla” a los ciudadanos. Habría maniobras en la Legislatura para disminuir la abertura de las mallas.
Los cortes del puente Rosario-Victoria son parte de las presiones “inadmisibles” de los exportadores de sábalo. La falta de cobro de las multas por infracciones es “una burla” a los ciudadanos. Habría maniobras en la Legislatura para disminuir la abertura de las mallas.
Santa Fe. En una nota de prensa la Fundación PROTEGER – Amigos de la Tierra, Argentina, manifestó hoy su profunda preocupación por el futuro de la Ley de Pesca Sustentable 12.212, la falta de aplicación de las sanciones que impone la misma y las crecientes presiones que sobre el gobierno provincial y los legisladores santafesinos vienen ejerciendo los intereses económicos ligados a los frigoríficos exportadores de sábalo.
“Es inadmisible que el Estado negocie sobre estas maniobras, típicas de las industrias sucias”, aseguró el director general de PROTEGER, Jorge Cappato.
“En la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SMADES) se acumulan sin cobrar centenares de multas a los grandes acopiadores, transportistas y frigoríficos exportadores de pescado de río, los que fueron definidos como ´infractores reiterados´ por la gestión anterior. Los operativos de control terminan quedando para la foto de los diarios, no hacen mella en la conducta de estos infractores. La situación actual es una verdadera burla para los contribuyentes y los ciudadanos de bien que contemplan impotentes como se ha maniatado a una ley, la 12.212, considerada modelo en el país”, destacó.
“Como si esto fuera poco el titular de la SMADES, el Secretario de Estado Marcelo Terenzio, ha dicho a la prensa que “hay que trabajar algunos ítems vinculados con las reformas de la ley santafesina de pesca y la medida de las mallas”. Si esto significa algo similar al intento en el Senado el año pasado, de bajar la abertura de las redes por debajo de los 16 cm o los 42 centímetros para el sábalo establecidos por la Ley 12.212, estamos asistiendo a la condena a muerte de la ley: por debajo de esa medida no hay sustentabilidad, se irá directamente al colapso del recurso pesquero”, explica la nota dirigida a los medios.
“El Estado provincial en esta materia ha actuado de la peor manera, aduciendo primero un vacío legal cuando ya estaba promulgada la Ley, dilatando luego durante un año la reglamentación, dejando después sin resolver el tema central de las multas sin cobro y planteando ahora una probable negociación para bajar el tamaño mínimo legal de abertura de las mallas”, dice la nota. “El Dr. Terenzio no ha contestado ninguna de las doce notas que le hemos enviando sobre estos temas; el Estado debe responder según obliga el artículo 41 de la Constitución Nacional en lo que refiere a la información ambiental”, se remarcó.
CORTES, PRESIONES Y DESESTABILIZACIÓN
En directa alusión a los recientes cortes del puente Rosario-Victoria la nota expresa que “en una y otra provincia (Santa Fe y Entre Ríos) los bloqueos responden a intereses de los grandes frigoríficos que han acabado prácticamente con los sábalos de medida pero que tienen que seguir cumpliendo con sus compromisos y una sed insaciable de mayores volúmenes de exportación. Ahora se exporta sábalo no sólo a Brasil, Bolivia, Colombia y Nigeria, se han abierto nuevos mercados en Chile, Perú, Angola, Rusia y Jordania. Sólo a Colombia se exportan 35.000 toneladas anuales sin valor agregado. Es un mal negocio, de corto plazo, que beneficia sólo a un puñado de exportadores a costa de arrasar la mayor pesquería continental del país asentada en esta región dejando una ola de pobres mal nutridos y desamparados. Tampoco se sabe si queda algún beneficio al Estado. El sábalo es el centro de la cuestión”, dice la nota.
“Es importante consignar que lo que se cita en la información periodística como “pescadores” que cortan los puentes, en la mayoría de los casos no son pescadores artesanales sino personas que extraen sábalos mediante mallas, venden sin una relación laboral formal a los grandes frigoríficos con destino a la exportación, y dependen de ellos para su subsistencia diaria. Llamativamente las presiones sobre el gobierno y los legisladores de estos trabajadores informales, o mejor dicho de quienes dicen representarlos y defenderlos, coinciden reiteradamente con los intereses de algunos frigoríficos o el conjunto de ellos. Que quede claro que es una desestabilización al Estado de Derecho, una agresión a toda la sociedad. No me imagino a Arcor ni a la General Motors presionando de esta manera; es inadmisible que el Estado negocie sobre estas maniobras, típicas de las industrias sucias”, subrayó Cappato.
“También es una irresponsabilidad arriesgar la estabilidad social con los miles de nuevos pobres que se generarían con un colapso de la pesca en el río Paraná; miles de desocupados y subocupados comen y sobreviven hoy gracias a la pesca de subsistencia, sin contar a los cientos de medianos y pequeños comerciantes de pescado ya prácticamente quebrados, y quienes apostaron a inversiones en turismo y pesca deportiva”, añadió.
“Hoy la ley de pesca, maniatada, camina al borde del abismo; sólo una rápida reacción y un esfuerzo coordinado de los actores sociales y legisladores concientes del enorme problema social y económico que significaría un colapso de la pesca, pueden salvarla evitando un retroceso irreparable”, advirtió finalmente Cappato.
Fuente: PROTEGER – Amigos de la Tierra, Argentina
05/02/07
FUNDACIÓN PROTEGER