En materia portuaria, la presidenta Dilma Rousseff largó a fines del año último la medida provisional 595, que introduce cambios en el marco normativo y operativo de los puertos brasileños.
En materia portuaria, la presidenta Dilma Rousseff largó a fines del año último la medida provisional 595, que introduce cambios en el marco normativo y operativo de los puertos brasileños.
La norma, que provocó numerosos paros desde el momento en que se publicó y que ya cuenta con 645 enmiendas, apunta a habilitar nuevos puertos sin la exigencia de contar con carga propia y vuelve a licitar aquellas terminales con contratos anteriores a la ley de puertos brasileña N° 8630, de 1993. La preocupación oficial radica en que el sistema portuario brasileño bajo la órbita pública tiene una capacidad operativa de 370 millones de toneladas y una demanda actual de 318 millones. Pero proyectan que en dos años, la demanda será de 373 millones.
“No podemos esperar la construcción de puertos públicos. Es mejor autorizar terminales privadas. Vamos a licitar 159 terminales. En la actualidad, sólo el puerto de Santos, opera con un déficit de capacidad de seis millones de toneladas”, argumentó Gleisi Hoffmann, jefa del gabinete de ministros de Brasil.
El Plan Nacional de Logística Portuaria (PNLP) alcanza a 159 terminales portuarias: 42 son áreas nuevas, 46 tienen contratos vencidos y 71 tienen vencimiento antes de 2017 (de las cuales 42 no tienen posibilidad de ser renovadas).
En 10 años, Brasil deberá invertir US$ 3200 millones en infraestructura de puertos públicos; US$ 1900 millones en dragados, y US$ 1300 millones en accesos terrestres.
Pero la cuestión sindical no será fácil. Existen en Brasil Órganos Gestores de Mano de Obra (OGMO), a través de los cuales se contrata al personal portuario. “Si no contratan [personal] a través del OGMO vamos a hacer una movilización que Brasil jamás vió”, destacó a la prensa Paulo Pereira, presidente de Fuerza Sindical.
16/04/13
LA NACION