La problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo constituye uno de los conflictos socio-ambientales más complejos y significativos de la República Argentina.
La problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo constituye uno de los conflictos socio-ambientales más complejos y significativos de la República Argentina.
La grave crisis ambiental del Riachuelo no se reduce simplemente a la polución de su curso de agua, sino que las consecuencias de su contaminación impactan de manera directa en más de tres millones de personas que habitan en sus proximidades.
En un histórico fallo, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante la recomposición ambiental de la Cuenca mediante un programa de acciones de cumplimiento obligatorio, lo que ha significado un punto de inflexión en relación a la puesta en marcha de políticas y planes tendientes a revertir esta vergonzosa situación.
No obstante, el accionar de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), en representación de los gobiernos condenados, ha estado lejos de las expectativas depositadas en ella.
Las tareas emprendidas por ACUMAR se han caracterizado por una notoria falta de continuidad e ineficiencia en la gestión, por lo que a un año y medio del fallo de la Corte no ha logrado acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Asimismo, ha demostrado severas limitaciones en la construcción de los consensos necesarios para implementar políticas a nivel de cuenca hídrica. En este sentido, no ha logrado constituirse en un ente donde confluyan los esfuerzos de las diversas jurisdicciones involucradas, y ha paralizado los mecanismos de participación tendientes a involucrar a la ciudadanía en el Plan de Saneamiento que lleva adelante.
En esta oportunidad difundimos el informe realizado en el marco del Cuerpo Colegiado respecto de las acciones desarrolladas por la Autoridad de Cuenca a lo largo de 17 meses transcurridos desde el fallo de la Corte Suprema. Consideramos que el mismo será de gran utilidad a fin de evaluar la nueva planificación presentada, a la vez que actúa como un llamado de atención para no perder de vista la necesidad de que los proyectos propuestos se traduzcan en acciones concretas en pos de revertir el deterioro socio-ambiental de la cuenca.
Se deben evitar repetir errores del pasado en los que anuncios rimbombantes no se han sustentado en el tiempo y pasaron al olvido sin modificar en absoluto la crítica situación de la Cuenca Matanza Riachuelo.Matanza Riachuelo.
Antecedentes
Han transcurrido más de 3 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomara intervención en relación a uno de los conflictos socio-ambientales más complejos y significativos de Argentina, la problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).
El fallo dictado el 8 de julio de 2008 condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar un programa de acciones tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente (agua, aire y suelo) de la misma, y la prevención de daños futuros.
En representación de los estados condenados se encomendó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la ejecución de un conjunto de acciones, estableciéndose sus contenidos y determinándose plazos para acreditar su cumplimiento.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina) en ejercicio del rol que les asignara la Corte para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el cumplimiento de su sentencia.
Procurando colaborar a expandir y generar conciencia ciudadana respecto de la problemática de la CMR, han evaluado las acciones emprendidas por ACUMAR hasta diciembre de 2009, valorando los aspectos positivos, observando las cuestiones pendientes, y arribando a conclusiones respecto de cada uno de los componentes del programa establecido por el Máximo Tribunal.
Ello, sin perjuicio de señalar que el 1ro de febrero de 2010 la Autoridad de Cuenca ha presentado una actualización del Plan de Saneamiento que lleva adelante, la que deberá ser evaluada en el momento oportuno.
Conclusiones
Como resultado de esta evaluación puede concluirse que, encontrándose las obligaciones y los plazos previstos -en su mayoría- vencidos, no se han registrado avances significativos.
A tres años de su creación, ACUMAR no ha logrado responder a las expectativas depositadas en ella. Ha demostrado severas limitaciones en lo que se refiere a su rol en la coordinación interjurisdiccional, sin poder asumir el protagonismo necesario para la formulación de políticas a nivel de cuenca hídrica. Situación agravada por la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio en las autoridades y funcionarios del ente, lo que ha repercutido en una falta de continuidad en las tareas emprendidas.
La intensa actividad jurisdiccional desarrollada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte, ha significado un importante impulso para las acciones en la CMR, las que hallarán continuidad, priorizando aquellos aspectos estructurales que hacen a la recomposición del ambiente, contemplando las situaciones de emergencia existentes, e incluyendo el control de actividades, obras y medidas que deberán plasmarse en cronogramas específicos para su realización.
El Plan Integral de Recomposición Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo debe sustentarse en un amplio consenso y contar con el compromiso de todos los sectores.
Por lo que en consecuencia, se exhorta a las autoridades Nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales
16/02/10
CIUDAD 1