La ley aprobada prevé también la caducidad de los permisos de pesca.
La ley aprobada prevé también la caducidad de los permisos de pesca.
El Senado de la Nación transformó en ley una iniciativa que endurece la posición argentina respecto a las empresas que operan en la Argentina y al mismo tiempo lo hacen desde Malvinas. Las sanciones contempladas ante el desconocimiento de esta prohibición van desde multas económicas -entre cinco a diez millones de pesos- hasta la ya mencionada caducidad automática de las cuotas o asignaciones.
Aunque el texto no lo menciona explícitamente por cuestiones diplomáticas, la norma pretende castigar esta práctica que desde la óptica de nuestro país genera una duplicidad de permisos.
Ocurre que la Argentina considera a las islas y zona de exclusión bajo su soberanía y, por lo tanto, busca fijar límites para no alentar intereses contrapuestos en un tema sensible como la pesca.
La iniciativa en concreto reforma el Régimen Federal de Pesca, introduciendo una serie de condicionamientos para acceder y sostener cuotas o asignaciones de captura.
Entre ellos, carecer de relación jurídica, económica o de beneficio con propietarios y armadores de buques que trabajen en aguas de jurisdicción nacional sin permiso, incluyendo en forma tácita a Malvinas.
Ni ellos, ni sus socios
Esta norma aprobada por unanimidad en la Cámara Alta del Congreso alcanza a los buques que operan en la zona en litigio de las islas Malvinas con permiso de los kelpers.
Las sanciones van desde apercibimientos hasta multas de 10 millones de pesos o el decomiso del buque en infracción. Además, los que operen "sin permiso" argentino en la zona en litigio no podrán pescar en aguas controladas por la Argentina y fuera de la disputa. Ni ellos ni sus socios: no habrá autorización para quienes tengan "relación jurídica, económica o de beneficio" con los buques en infracción.
La ley -que no menciona la palabra Malvinas- está destinada a frenar la depredación de las especies marinas y el "colapso" de la actividad, según explicó una de sus autoras, la chubutense Silvia Giusti. Sin embargo tiene un alto contenido sobre el conflicto del Atlántico Sur. La no mención de las islas en la ley es justamente parte del lenguaje diplomático.
Defensa de intereses
Eso que dejó claro ayer otro chubutense, Marcelo Guinle. Recordó que el proyecto nació en 2006 "después de ver la realidad de aquellos que realizan tareas de pesca con permiso del usurpador en la jurisdicción argentina". Añadió que la ley "está en línea con la defensa de intereses de la zona en disputa". El radical Alfredo Martínez avaló el proyecto en nombre de la oposición.
La ley se votó en el Senado en 2006 y al año siguiente tuvo algunas reformas (para adecuarla al lenguaje diplomático) en Diputados. En aquel momento el kirchnerista Jorge Argüello -actual embajador en la ONU, que era titular de la Comisión de Relaciones Exteriores- hizo consultas con la Cancillería.
Según Guinle, no se les otorgará permiso a aquellos que opten por el kelper. En cambio, para Argüello está abierta la posibilidad de que el interesado obtenga simultáneamente los dos permisos y así reconocerían que hay un litigio por la soberanía.
31/05/08
DIARIO DE MADRYN