La Ley Complementaria Nº 136 del 25 de agosto de este año, promulgada por el presidente Lula de Brasil, viene a reponer nuevamente el tema de las Fuerzas Armadas en misiones internas.
La Ley Complementaria Nº 136 del 25 de agosto de este año, promulgada por el presidente Lula de Brasil, viene a reponer nuevamente el tema de las Fuerzas Armadas en misiones internas.
La Ley Complementaria Nº 136 del 25 de agosto de este año, promulgada por el presidente Lula de Brasil, viene a reponer nuevamente el tema de las Fuerzas Armadas en misiones internas, las que se consagran en el artículo 16 A, que define que éstas tendrán como misiones subsidiarias acciones preventivas y represivas que ocurran en la frontera terrestre, marítima y aguas interiores, en presencia de delitos transfronterizos y ambientales, actuando en forma aislada o conjunta con otras instituciones del Poder Ejecutivo, pudiendo, por tanto, realizar patrullajes, revisión de personas, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, y la detención y prisión ante la existencia de delitos flagrantes.
Esta tendencia de otorgar a las fuerzas armadas misiones secundarias o subsidiarias de carácter interno, de forma permanente, en tareas de uso de la fuerza, se está incrementando rápidamente en la región, y viene a transparentar un conjunto de falencias en materias de seguridad interior, pero que además deja abierta una serie de interrogantes acerca de su conveniencia.
El paisaje regional ya tiene varias experiencias de militares en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado en barriadas populares, en el control de los perímetros externos de los recintos carcelarios, por mencionar algunas de las actividades relacionadas con misiones de fuerza, a las cuales se les pueden sumar otras de carácter no militar, pero también permanentes que tienen que ver con alfabetización, repartición de alimentos, transporte de personas, etc.
Este accionar cada vez de más amplio espectro viene a hacer patente una enorme falencia del Estado en la generación, perfeccionamiento y consolidación de una fuerza de seguridad pública que sea responsable de las demandas internas. Las insuficiencias de recursos humanos, técnicos y materiales se complementan con la desprolijidad de su organización y mecanismos de control, que hace que muchas organizaciones policiales de nuestra región no estén capacitadas para responder a las urgentes demandas de seguridad que son tensionadas por la existencia de un crimen organizado nacional y trasnacional de gran envergadura, que se benefician de los enormes espacios vacíos fronterizos y urbanos, con la ausencia del Estado y sus políticas de desarrollo.
En muchos países, efectivamente, las Policías no son garantes de esta seguridad ciudadana, pero también es efectivo que han sido instituciones desplazadas del interés principal del Estado, y eso se refleja en sus carencias, falta de modernización y convicción de sus tareas institucionales.
Frente a este estado de cosas, los gobiernos han optado por recurrir a las otras instituciones que tienen el monopolio de la fuerza, y que sin duda están mejor equipadas, con mayores incentivos y mejor prestación político-social.
Pero este facilismo político en la resolución del requerimiento de seguridad por parte de los gobiernos, tiene sus aristas peligrosas. Las fuerzas armadas, hasta ahora, no cuentan con los equipamientos militares para enfrentar este tipo de amenazas; no cuentan con una doctrina acabada y legitimada para el uso de la fuerza ante población civil (es bueno tener en cuenta que un delincuente no es un combatiente, que se ajuste a las reglas de la guerra) y tampoco tenemos una jurisprudencia que delimite, permita y sancione acciones en las que interviene una fuerza militar, en territorio nacional y ante población civil.
La experiencia brasileña del despliegue de fuerzas militares en las favelas no debe ser vista desde el prisma de un éxito temporal, puesto que eso genera aún más dudas en la larga duración. Hoy deben tomarse medidas urgentes para reforzar las instituciones especializadas en la lucha contra el crimen, y seguir acotando las misiones de fuerza de los institutos castrenses a su rol fundacional.
Por Carlos Gutiérrez Palacios (Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares).
09/09/10
ATENEA